Y eso, exactamente eso –que una cosa es el Gobierno y otra su presidente-, lleva a Moreno a lavarse las manos y señalar que “las figuras penales de injurias y calumnias contra el presidente del Gobierno” no son de su competencia. ¿Cuáles son algunas de las frases de Alcaraz, que motivaron la querella de los abogados aludidos? Pues las siguientes: 1.- “La ruptura del diálogo tras el atentado de la T4 es un paréntesis que tanto ETA como el Gobierno han ideado para retomar el proceso” 2.- “El diálogo con ETA supone legitimar los cientos de asesinatos y los miles de heridos provocados por la barbarie terrorista” Y 3.- “Zapatero es el embajador de ETA, el presidente hace tiempo que habla, siente y padece como los propios terroristas”.

Embajador de ETA
Alcaraz acusó a Zapatero, al presidente del Gobierno democrático, de legitimar a unos asesinos y de ser nada menos que el embajador de ETA. Le acusó, de hecho, de ser uno de ellos, de ser otro terrorista. Pero aquí no ha pasado nada. Vericuetos judiciales, sutiles diferencias bizantinas entre Gobierno y presidente del Gobierno, juegos dialécticos malabares, competencias compartidas, competencias por compartir, y el tiempo va transcurriendo y aumenta la impunidad del presunto calumniador. Insultar gravemente a Zapatero, confundiéndolo deliberadamente, con los terroristas etarras, sale barato, casi gratis.

La legislación vigente
Mientras, Enrique López –uno de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional- parece no haberse enterado de que la legislación vigente le impide acceder a tan alto Tribunal. El hasta ahora vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que es más del PP que Fraga Iribarne, no ha llegado a ejercer como juez los 15 años que dictamina el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Téngase en cuenta –como explicamos hoy en El Plural- que los años que López estuvo en el CGPJ no son computables porque ejerció en situación administrativa de servicios especiales. Basta con leer a tales efectos la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de junio de 1994 (RJ-1994/5050).

El abogado de la conspiración
En este reino de la impunidad para algunos, se ha conocido que el abogado José Luis Abascal, aun sancionado, y vinculado a la teoría de la conspiración sobre los autores del 11-M, actuó como defensor de dos acusados y trató de difundir en sus intervenciones la doctrina de los conspiradores. Esa pista lleva a Luis del Pino, uno de los cerebros de toda esta mascarada, y al mismísimo Pedro J. Ramírez. El director de El Mundo se ha instalado, por cierto, en otro mundo. Así parece. Ayer desde el púlpito de la COPE equiparó la España actual con la Alemania de Hitler.

Suma y sigue
En paralelo, la revista Época publica hoy un editorial justificando lo injustificable respecto a la familia real. Arremete contra El Plural y contra mí –sin citarnos explícitamente- y en menos de tres líneas incluye tres mentiras. Todo un record. Pero nada, no pasa nada. Impunidad, eso sí, para algunos. Pelillos a la mar y López al Constitucional. Suma y sigue.

Enric Sopena es director de El Plural