La Comunidad de Madrid es un resort para los más ricos. Desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso al poder, las rentas más altas se han beneficiado de la supresión de impuestos que solo afectan a este pequeño porcentaje de la población y la idea del Ejecutivo autonómico es seguir desarrollando esta estrategia política. Para ello, hace un año se aprobó la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid, un órgano colegiado que ahora se ha lanzado a firmar convenios con varios ayuntamientos de la autonomía, todos ellos gobernados por el Partido Popular (PP).
El organismo tiene un fin claro: otorgar beneficios a macroproyectos empresariales que decidan desarrollarse en Madrid. Por su puesto, los proyectos que disfrutarán de facilidades y agilidades serán aquellos que el propio equipo de Ayuso decida que son de “especial interés” para la región. Por el momento, se han suscrito tres convenios con ayuntamientos afines, los dos más recientes en las últimas dos semanas (Arganda del Rey y San Sebastián de los Reyes), que se suman al firmado en diciembre con el municipio más rico de la Comunidad, Pozuelo de Alarcón.
Sin necesidad de cumplir requisitos
Además, los proyectos que sean considerados de “especial interés” no tendrán que cumplir ningún requisito concreto para ser calificados como tal, pese a que, a priori según el decreto de la Comunidad, debería ser de obligado cumplimiento “al menos uno” de los tres establecidos (generar 50 o más puestos de trabajo, invertir más de diez millones en activos fijos no inmobiliarios o más de 24 millones en instalaciones energéticas). Pero Ayuso se guarda un as bajo la manga, contemplado en el decreto (artículo 8), para designar a dedo los proyectos que guste:
“No obstante, la Aceleradora podrá declarar como proyectos de especial interés para la Comunidad de Madrid, otros proyectos de inversión que no cumplan los requisitos anteriores, pero que, incidan en la mejora del modelo productivo madrileño o que contribuyan al reequilibrio de la economía madrileña”. Es decir, el Gobierno autonómico podrá atender a criterios subjetivos como la “cohesión territorial” para dar luz verde a un proyecto con la mera presentación de “un informe razonado” realizado por la propia Unidad Técnica de la Aceleradora y cuya aprobación depende también del órgano integrado por personalidades del PP.
Miedo ante un nuevo Eurovegas
Los antecedentes de la Comunidad de Madrid, regida por el PP desde 1995, aterran a los vecinos. Lo sucedido en Pozuelo de Alarcón pone en aviso a asociaciones y partidos políticos, que claman ante lo que puede venir. “La Comunidad de Madrid, bajo su criterio, puede determinar qué es de interés para la región y permitir que empresas y grandes inversores pongan en marcha proyectos en nuestra ciudad sin pasar los trámites administrativos habituales. Es una aceleradora de pelotazos”, denuncia Ángela Millán, portavoz de Más Madrid en San Sebastián de los Reyes, a ElPlural.com.
Informes de impacto medioambiental, licencias de actividad y otros trámites son los que pueden puentear las grandes empresas que reciban el apadrinamiento de la Aceleradora de Ayuso. Para Más Madrid este proceder tan solo busca “poner recursos públicos sin control de las administraciones al servicio de inversores para su enriquecimiento”, algo que a más de uno le ha recordado a tiempos pasados.
“Es algo que ya intentó hacer el PP en la Comunidad de Madrid con el famoso proyecto de Eurovegas, y que han puesto en marcha en Pozuelo de Alarcón, con el que se permitió la construcción de una urbanización en Montegancedo que hoy está recurrida en los tribunales porque supone la destrucción de un paraje de gran valor ecológico e histórico”, ha detallado Millán. Madrid no es la única región donde se desarrollan estas actuaciones.
La Andalucía de Juanma Moreno Bonilla tiene un órgano similar que ha posibilitado la rápida construcción de urbanizaciones de lujo y campos de golf que Más Madrid asegura “no se hubieran podido construir porque las leyes vigentes no permiten que los inversores campen a sus anchas sin control”. Ejemplo de ello son la construcción de tres urbanizaciones en Cádiz: El Següesal, en Barbate; Castellar Golf, en Castellar de la Frontera; y el Plan Parcial del Sector SA-1 Cabo de Plata, ahora rebautizado como Atlanterra Golf, en Tarifa. Los tres proyectos han sido denunciados por graves irregularidades legales.
Este es el proceder que asociaciones y partidos aseguran que se quiere seguir en Madrid: “Lo que el gobierno de la señora Ayuso nos intenta vender como una herramienta para agilizar y liberar de cargas administrativas a los grandes inversores, en realidad es un artefacto neoliberal para evitar que los grandes inversores y empresas cumplan con lo que la ley exige a las pequeñas empresas y autónomos, lo que supone favorecer a los grandes capitales en detrimento de la ciudadanía”.
