El escándalo de las residencias de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, durante la pandemia, no se limitan a los conocidos como protocolos de la vergüenza, que impidieron la derivación de mayores que vivían en estos centros, a hospitales.
Durante los primeros meses de Covid, 7.291 personas fallecieron debido al triaje, cuya investigación ha escalado posiciones en las últimas semanas con las declaraciones de Javier Martínez Peromingo -médico que lideraba el equipo de geriatras que elaboró los documentos- y Carlos Mur, ideólogo de los documentos; que se señalaron entre ellos y apuntaron a la cúpula de Sol.
Algunos internos murieron sin recibir atención médica, mientras que a otros pudieron sacarlos sus familiares ante la oleada de noticias y denuncias que hablaban de negligencia por parte de la región madrileña. Independientemente del caso, el Ejecutivo siguió cobrando la instancia a centenares de familiares.
Aunque no siguieran en el centro
ElPlural.com ha tenido acceso a mails internos en los que la Comunidad de Madrid defendía la gestión residencial de aquellos días, justificando que los tratamientos “se vieron suspendidos por fuerza mayor durante el periodo más duro de la pandemia”. “El único objetivo fue proteger su seguridad -de los internos- y evitar la propagación del virus, que ha tenido efectos devastadores”, emitía.
En cuanto a los pagos por la plaza de aquellas personas que ya no estaban en centros de mayores, mantuvieron en todo momento que eran “voluntarias”, tal y como ha podido certificar este periódico. “La razón por la que se mantiene la obligación de pago del precio público de la plaza adjudicada es porque la salida del residente al domicilio familiar no conlleva la pérdida de su plaza, salvo renuncia, por lo que su plaza queda reservada y ninguna otra persona de la lista de demanda existente, puede ocuparla”, emitían desde la Consejería de Asuntos Sociales.
Nada más lejos de la realidad, las persona que sacaron a sus padres, madres o abuelos de las residencias de la región no lo hicieron por gusto, sino ante la situación de “deterioro” que habían sufrido en estos espacios, tal y como denuncia el entorno de las víctimas.
"Salió de allí para estar a salvo"
Esther es una de las personas que sacó a su padre de una residencia pública y recibió este tipo de correos. “Volvió a casa demenciado, deshidratado y sin poder moverse. Fue maltratado y desatendido”, refleja en conversación con este periódico, un esquema que expone en reiteradas ocasiones a la Comunidad de Madrid vía mail. " Lo que pasaba es que no cumplían el contrato", indicaba al equipo de la presidente y refrenda a este periódico.
De hecho, así se lo hizo saber al Ejecutivo madrileño a través de la interacción con Edmundo Ahijón Castro, asesor técnico. "La fuerza mayor fue no seguir sufriendo desatención. Se vio obligado a salir de allí para estar a salvo, conozco a mucha gente que murió (...)", le emitió. En su caso, su padre tenía parkinson y debía seguir una serie de tratamientos de una forma que no le habrían desprotegido. "No se hizo, no por protegerolo. En su habitación, moviéndose, haciendo terapia, no hubiera corrido ningún riesgo ni se hubiera deteriorado de este modo".
Con todo, Esther no ha recibido el dinero de esos seis meses ni ha visto subsanado un ápice del "sufrimiento".
Cambio de sistema
Consciente de lo complicado que es obtener una plaza en propiedad, pero ante las trabas burocráticas y la idea convencida de que no va a volver a ingresar a su padre en una residencia, procede a un cambio de Plan Individualizado de Atención (PIA) para cambiar a programas que contemplasen atención en un centro de día y asistencia a domicilio. A pesar de todo, le siguen pasando facturas durante medio año con un auténtico caos administrativo de por medio.
De esta manera, queda demostrado que la región no solo reclamó dinero al entorno de personas fallecidas, sino también a otras que estaban recibiendo otro tipo de atención. La situación afectó a unas 200 personas, que recibieron la noticia vía carta de la Autonomía, aunque unas 150 llegaron en 2024, justo antes de que expirara el plazo de la región madrileña para exigir los cobros.
Hace unos días, las víctimas han recibido una buena noticia que, si bien compete a una persona, era recibida como una victoria colectiva. La Justicia Superior de Hacienda dio la razón a María, una de las afectadas que denunció lo ocurrido, por lo que finalmente no tendrá que abonar los casi 700 euros que le reclamaban.
Las plataformas también celebraban la decisión judicial, que sentaba precedente. Carmen López, portavoz de la plataforma Marea de Residencias, lo calificaba como un “logro colectivo” en palabras a este periódico, y ampliaba el abanico de las prácticas llevadas a cabo por el Gobierno de Ayuso: “Mucha gente pagó debido a las amenazas que recibieron de que podían embargarles”.
En su caso, se manifiestan y hablan con el máximo responsable de las residencias públicas de la Comunidad, dimitido en 2020, Óscar Álvarez, pero carecen de capacidad jurídica para revertir la situación. “Todo el mundo, especialmente quien se haya negado a pagar, habrá recibido la noticia de María como suya y una gran noticia”, apostilla.
