Almeida ordena el desalojo sin alternativa habitacional de 50 familias que residen en infraviviendas

El Ayuntamiento de Madrid, liderado por José Luis Martínez-Almeida, ha comunicado a 50 familias, que aúnan a más de 300 ciudadanos, que deben desalojar antes del próximo 10 de marzo el asentamiento de la calle Antonio Cabezón, ubicada en el distrito de Fuencarral – El Pardo, donde residen al no contar con una vivienda. El Consistorio dominado por el Partido Popular (PP) no ofrece alternativa habitacional a estas personas vulnerables, entre las que se encuentran algunos con problemas de salud, otras con discapacidad y múltiples niños y niñas.  

Todas las familias han recibido por sorpresa la misa carta de la Concejalía de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, sin ningún tipo de comunicación o mediación por parte del Ayuntamiento. “Tenemos mucho miedo porque si nos desalojan no sabemos a dónde vamos a ir con tantos niños”, relata una de las vecinas afectadas a este periódico. Un impacto, más allá de la pérdida del hogar, que afectaría también a la escolarización y la vida diaria de los menores, que llevan mucho tiempo empadronados y acudiendo a la escuela en la zona.

“Tenemos mucho miedo de que vengan el día 10, metan la pala, tiren las casas y nos dejen en la calle”, insiste la vecina. Las viviendas, la gran mayoría en la calle Antonio Cabezón y otras pocas de ubicadas en las ruinas de una fábrica, son muy precarias y apenas están pudiendo resistir las inclemencias climatológicas, más después del incendio que sufrieron hace poco más de un mes, pero es lo único que tienen estas decenas de familias. “No nos ofrecen un realojo, dónde ir ni nada”, lamentan.

“Con niños, personas con enfermedades y discapacidades, no nos podemos ir a la calle. Por lo menos que nos desalojen, pero que nos den alguna opción”, insisten. No obstante, hasta allí aseguran que no se ha desplazado nadie del Gobierno municipal ni de servicios sociales. “Ni la trabajadora social”, exponen. La única solución que recibieron tiempo atrás, según cuentan a este periódico, fue el desplazamiento a albergues o a pisos compartidos con otras familias, algo que no terminó de materializarse y que habría sido imposible en la práctica sin dividir a las familias, compuestas por muchos miembros.

“No hay para la gente que está en la calle, que no tienen ni techo, va a haber para nosotros. Eso no es lógico, es imposible”, trasladan su desconfianza. En contraposición, lo que reclaman es poder quedarse en sus viviendas o, de ser desalojados, poder tener una alternativa, aunque esta sea tener que construirse ellos mismos otras infraviviendas localizadas en otro lugar. “Que no nos dejen en la calle”, instan a la administración. No obstante, el Ayuntamiento no les atiende ni les da solución y hasta allí solo se han trasladado concejales de la oposición.

Daños colaterales anunciados vía notificación

“El Ayuntamiento de Madrid les ha comunicado que tienen que abandonar el asentamiento antes del 10 de marzo, pero no se les ha ofrecido ninguna alternativa habitacional”, denuncian desde el PSOE. Y lo ha hecho a través de un requerimiento en el que la justificación apunta a la negativa de la propiedad de los terrenos, en los que también se encuentra una fábrica, a realizar las actuaciones requeridas por el Consistorio para acondicionar el terreno y las infraestructuras. En consecuencia, el Ayuntamiento las realiza de forma subsidiaria, adjudicándoselas a una tercera empresa y llevándose por delante las infraviviendas.

“Requerir a la propiedad […] así como a los ocupantes y moradores de la mimas, para que procedan al desalojo del inmueble antes de las 10:00 horas del 10 de marzo de 2026, a fin de posibilitar la ejecución subsidiaria de las medidas de seguridad acordadas, toda vez que no es técnicamente posible ejecutar las actuaciones ordenadas mientras permanezcan personas y enseres en el interior de la finca, al resultar incompatible su presencia con la naturaleza, alcance y riesgo de estas”, recoge el escrito.  

La verdadera afectación, estando la propiedad desvinculada, recae sobre las familias vulnerables que no tienen otro sitio donde vivir. Por ese motivo, la concejala del Grupo Municipal Socialista, Meritxell Tizón, ha reclamado al equipo de Almeida “una actuación urgente, un realojo digno y la intervención inmediata de servicios sociales para evitar que estas familias se queden en la calle”. Para ello, los del puño y la rosa llevarán una iniciativa al pleno del distrito el próximo 11 de febrero.

Proposición del PSOE

La proposición registrada por los socialistas, que será debatida en pleno el próximo miércoles 11 de febrero, busca que la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral – El Pardo acuerde “instar al Área de Gobierno competente del Ayuntamiento de Madrid, en coordinación con los organismos competentes de la Comunidad de Madrid, a la formalización inmediata de un convenio de colaboración que garantice el realojo digno y permanente de las familias”, poniendo el foco de responsabilidad en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

Asimismo, pretende “instar al Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad a la puesta en marcha de un plan integral de intervención social, con actuaciones colectivas e individualizadas, que garantice la atención social continuada de las familias, con especial protección a los menores, como paso previo y simultáneo al proceso de realojo, orientado a la inclusión social y a la estabilidad residencial”. Además, reclama que “no se lleve a cabo ninguna actuación administrativa, de desalojo o levantamiento del asentamiento sin que esté previamente garantizada una alternativa habitacional adecuada y efectiva para la totalidad de las familias afectadas”.