Empieza la cuenta atrás para el juicio del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por fraude fiscal y falsedad documental. Los abogados tienen oficialmente desde el pasado martes diez días para presentar los escritos de defensa, lo mismo que el resto de los acusados.
En caso contrario, de que éstas no se presenten, la resolución refleja: “Se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirán su curso el procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir de acuerdo con lo previsto en el Título V del Libro V de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
La fase en la que entra ahora el caso sigue el curso habitual en estos supuestos, pero el mismo se encontraba paralizado hasta ahora. Esto cambia ahora que el juez Antonio Viejo ha dado a la persona implicada el plazo estimado para defenderse.
Después de las elecciones
Todavía no hay fecha concreta para el juicio contra el empresario, pero se calcula para mediados de 2027, después de las elecciones de la Comunidad de Madrid y generales.
La jornada tendrá lugar en los juzgados de Lo Penal de Madrid, ya que la cifra defraudada al fisco no supera los 600.000 euros. De haber sido superior a esta cuantía, el asunto habría terminado en la Audiencia Provincial de Madrid.
Normalmente, el Poder Judicial suele ser muy estricto para que sus decisiones no interfieran en procesos electorales o de otro tipo democrático, y aunque el presente caso concierne a un “ciudadano particular”, no escapa a nadie la repercusión política y mediática que lleva años teniendo, por lo que puede ser crucial en vísperas de la fiesta de la democracia.
Informe de la UCO
El juez se mantiene a la espera de recibir el informe definitivo de la UCO acerca de las actividades de la empresa principal de González Amador, Maxwell Cremona, un documento que se antoja clave pero que lleva más de 200 días en barbecho.
Las acusaciones particulares de PSOE y Más Madrid intensifican la presión sobre la brigada de la Guardia Civil, para reclamar al juzgado instructor que impulse el procedimiento y requiera este documento de la pieza separada. De igual forma, esperan que se dé un empujón procesal al caso.
Ha pasado más de medio año desde que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid pidiera a los agentes el informe. Así las cosas, cabe retrotraerse hasta el pasado verano, cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió a la UCO de Antonio Balas que elaborara este texto, para el que está teniendo una especial lentitud frente a la rapidez con la que ha operado en otras investigaciones como la de Begoña Gómez.
En noviembre del año pasado, la Unidad Central Operativa reconocía que todavía no había empezado la redacción. Todo ello mientras el propio Balas hablaba en navidades del presunto ataque político y mediático al que estaban asistiendo. Dragones, los llamaba.
“En algunos mapas antiguos de rotulaban territorios desconocidos, no explorados o peligrosos con la frase Hic Svnt Dracones, aquí hay dragones; a nosotros siempre nos ha dado igual los dragones que pudiese haber, porque como reza nuestro libro Todos somos uno, la fortaleza del compañerismo, la amistad y la unicidad de acción y propósito lo pueden todo (…) El rigor y la objetividad que plasmáis en vuestro quehacer diario actúa como escudo ante todo aquello que pretende mellar nuestra credibilidad. Perseverad en ello, pues así prevaleceréis”, pronunciaba.
En cuanto a González Amador parece seguir más pendiente del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya condenado después de una sentencia que no escapa a la polémica por revelación de secretos después de que el Tribunal Supremo estimara que “él o alguien de su entorno” había filtrado el mensaje en el que la pareja de la lideresa regional reconocía haber defraudado a Hacienda.
Así, el compañero sentimental de Ayuso exigía primero que García Ortiz fuera apartado del todo de su carrera fiscal tras aceptarse recientemente su incorporación a la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo, una de las más discretas. El exfiscal también pedía al Alto Tribunal que le impusiera el pago de cerca de 65.000 euros cuando ya había pagado los 7.200 euros de multa más los 10.000 con los que tendría que indemnizar al novio de la presidenta de Madrid.
