La Comunidad de Madrid destina para otros fines el dinero que llega desde el Gobierno de España para combatir la violencia de género. Es algo que la oposición venía denunciando, pero que ahora encuentra un ejemplo claro (otro más) en una partida venida del Ministerio de Vivienda que debería dirigirse a ayudar a las mujeres que sufren esta lacra en materia de vivienda.
Se trata de un programa (el número 3) del Plan Estatal 2022-2025, que tiene como objetivo ofrecer una solución habitacional inmediata y certera para mujeres maltratadas, personas desahuciadas, sin hogar o en situación de especial vulnerabilidad.
La ayuda cubre entre 600 y 900 euros mensuales durante un máximo de cinco años, cuyo montante total, denuncian desde el PSOE de Madrid (PSOE-M) se encuentran destinando a otros fines.
"Quedarse con el verdugo o irse debajo de un puente"
Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales de la formación socialista es quien ha puesto pie en pared, como en muchas otras ocasiones, tal y como refleja la Cadena Ser. En sus palabras, esta decisión “supone para las mujeres tener que quedarse con su verdugo o irse debajo de un puente con sus hijos”: “Es la diferencia entre poder escapar de la violencia de género o tener que permanecer en ese circulo y ese horror metidas”.
Morales cifra en 1.075.000 euros adicionales el montante que aporta el Ejecutivo de España y que la Comunidad de Madrid está empleando en otras cosas, desde luego, parece, menos prioritarias.
La diferencia con otras regiones es abismal. Cataluña, por ejemplo, aportó a este programa más de 30 millones de euros y pidió a Moncloa 62 millones, lo que hace un total de 90 millones para que víctimas de violencia de género puedan disponer de una alternativa habitacional.
El PSOE madrileño ha pasado a la ofensiva con el objetivo de revertir la situación y ha registrado una PNL con una batería de propuestas entre las que se incluye que la administración de la Puerta del Sol se comprometa a aportar un 20% de su financiación al mencionado programa.
La Consejería de Vivienda confirma que la Comunidad de Madrid no ha incorporado al convenio suscrito con el Estado en septiembre de 2022 porque la región capital disfruta desde hace años con un procedimiento propio y estructural de adjudicación de vivienda por necesidad especial, que incorpora de forma expresa a las personas que han sufrido violencia machista y que, a su juicio, cumplen el mismo objetivo, que es ofrecer una vivienda.
En ese procedimiento, explican, las mujeres víctima de violencia de género reciben un tratamiento prioritario mediante unos cálculos que les otorgan una puntuación reservada, asignada a criterio de los trabajadores sociales con el fin de situarlas en las primeras posiciones de los listados de beneficiarias.
No es algo nuevo
Ya el año pasado, Lorena Morales advertía en declaraciones a ElPlural.com de que los fondos destinados desde el Gobierno de coalición para fomentar la natalidad y luchar contra la violencia que reciben las mujeres no estaba llegando aquí. “No sabemos dónde está yendo”, aseguraba la diputada.
En la misma conversación, Morales explicaba que parte de ese dinero estaba llegando al Centro de Atención Integral para hombres víctima de violencia sexual que la presidenta Ayuso anunció a bombo y platillo, situando a la Comunidad a la vanguardia de un espacio que no ha escapado a la controversia.
La portavoz de Políticas Sociales dejaba claro que “enviar aquí el dinero que llega desde el Ejecutivo no solo es que no tenga nada que ver con el objetivo para el que lo envía el Gobierno, sino que era casi un ataque a las mujeres, sobre todo víctima de violencia machista”, dado que “estos centros sirven para mantener el vínculo con el progenitor no conveniente en caso de rupturas familiares conflictivas”.
Madrid pide más dinero
A pesar de estos caso y los constantes recortes en las partidas, el mes pasado Sol pedía a Moncloa más financiación para luchar contra la violencia de género en todos los municipios de la región. La petición llegaba después de que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, enviara una carta a los alcaldes de las localidades madrileñas animándolas a adherirse a la herramienta VioGén, baluarte estatal contra la violencia machista.
La respuesta de Madrid fue tajante, a la par que sorpresiva si se atiende a los datos. “Lo primero que tiene que hacer es ponerse a trabajar. Desde la Comunidad de Madrid llevamos años solicitándole un incremento en dispositivos de seguridad para todos los municipios y no hemos recibido respuesta”, respondía la consejera de Familia, Juventus y Asuntos Sociales, Ana Dávila, quien añadía que la suya era la comunidad con la “mayor red de atención a las mujeres víctimas y los recursos más especializados” pese a ser la que “menos (dinero) recibe por número de víctimas”.
Una contestación que choca con las cifras: las cuentas autonómicas de 2026 en Igualdad reflejan un millón y medio menos de euros que 2025 y más de dos millones menos que el año anterior. Todo a la vez que el Gobierno de España ha aumentado en un 25% las transferencias para este propósito.
