Dos niños huérfanos por violencia de género y su abuela, desahuciados por un fondo buitre en Madrid

La empresa Circleville Sociedad Limitada, con la salvaguarda del Juzgado de Primera Instancia Número 100 de Madrid y la ejecución de la Policía Nacional, ha desahuciado a dos niños huérfanos, de 5 y 10 años, y a su abuela, que se hacía cargo de ellos con una pensión de 600 euros desde que su madre fue asesinada de varias puñaladas por su pareja. El barrio madrileño de Villaverde ha sido testigo de la tropelía consentida por las administraciones públicas y ante la que la Asociación Vecinal La Unidad no ha podido hacer nada.

Dos menores y una pensionista de 65 años, vecinos del número 14 de la calle Dolorosa, engrosan la estadística de personas desahuciadas algo más de dos años después de que el nexo entre ambas generaciones, madre para unos e hija para otra, hiciese lo propio con las cifras de la violencia de género. 36 años tenía la cabeza de familia cuando su asesino le asestó varias puñaladas y se convirtió en la víctima de violencia machista número 49 de 2023, año que se cerró con un total de 58.

Cifras, ni si quiera nombres, es lo único que son estas personas para el sistema. Las administraciones municipales, autonómicas y estatales las han abandonado, igual que a los cientos de vecinos que todos los años pierden sus hogares a manos de fondos buitre, bancos y especuladores, que engrosan sus carteras con la connivencia pública. El decreto antidesahucios, prorrogado para este año, no sirve de nada, nunca ha lo hecho, pero eso lo sabe cualquier persona que haya pisado un barrio desde que fuera aprobado.

Sindicatos de vivienda, asociaciones barriales, colectivos políticos, plataformas vecinales, afectados, juristas. La lista de grupos que han advertido de la inoperancia de esta medida es infinita, que no ha servido para nada que no fuese añadir pines a solapas de chaquetas y limpiar alguna que otra conciencia. Durante toda su tiempo de vigencia se ha seguido desahuciando a familias vulnerables sin ofrecerles alternativa habitacional y se ha hecho incluso con el impulso de instituciones públicas como la SAREB, del Estado, la EMVS, del Ayuntamiento de Madrid, o el IVIMA, de la Comunidad madrileña.

Sin abogado y con vulnerabilidad constatada

“Las administraciones han permitido dejar sin casa a dos menores huérfanos y a su abuela que los mantenía con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)” y del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que regula las ayudas y viviendas protegidas, entre otras partidas de dinero público. “Todo en plena emergencia habitacional”, denuncia la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), que considera una “absoluta aberración” la resolución. Un desenlace indignante que ha sido posible gracias a la actuación de la policía y la justicia.

La familia “no dispone de otra red social ni de recursos suficientes” que no sean los 600 euros de pensión que percibe la abuela, tal y como exponía la Asociación La Unidad, por lo que les era imposible “garantizar el pago de la vivienda”. “Este desahucio representa una vulneración de los derechos básicos de una familia en situación de extrema necesidad, especialmente cuando hay menores implicados víctimas de violencia machista”, trasladaban antes de que se produjera el desalojo, reclamando así su suspensión. Algo que no se consiguió.

“Demasiadas piezas han fallado y han dejado a tres personas sin su hogar”, espeta la federación. Es más, la vulnerabilidad que supuestamente protege la moratoria de desahucios existía y estaba constatada, pero no ha servido de nada. Además, se ha vulnerado el derecho de los ciudadanos a contar con defensa pese a no tener recurso. “Inexplicablemente, la abogada de oficio asignada no ha acudido al domicilio de la familia desahuciada. El juzgado tampoco ha paralizado el lanzamiento pese a que existía un informe de vulnerabilidad”, detallan desde la FRAVM, probando sus afirmaciones con el documento de lanzamiento.

Dos menores y una anciana están en la calle y, mientras tanto, el Gobierno central propone regalar el 100% del IRPF a los caseros que no suban aún más el alquiler. La Comunidad de Madrid ni siquiera tiene propuesta en materia de vivienda, entregada al albur de un mercado que favorece los intereses de sus amigos. Al Ayuntamiento, con unos Servicios Sociales desmantelados, ni se le espera. La degradación de un sistema consistente en exprimir a la clase trabajadora en favor de las élites sigue avanzando. Pero detrás de las cifras se apagan vidas.