Cada dos minutos, una mujer denuncia violencia machista en España. Entre julio y septiembre de este año, los juzgados especializados registraron 53.268 denuncias, una media de 579 al día, según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un dato que vuelve a retratar la dimensión estructural y persistente de una violencia que no remite y que se mantiene prácticamente inalterable respecto al mismo periodo del año anterior.
El Informe trimestral sobre Violencia de Género, elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, confirma que durante el tercer trimestre de 2025 el número de mujeres víctimas y el volumen de denuncias se han estabilizado en niveles elevados. Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se contabilizaron 49.156 mujeres víctimas, apenas un 0,88% más que hace un año, mientras que las denuncias crecieron un 0,23%, una variación mínima que consolida la tendencia de estancamiento.
La mayoría de las denuncias —siete de cada diez— fueron interpuestas directamente por las propias víctimas, tanto en sede judicial como en comisaría. En concreto, el 72,29% de los procedimientos se iniciaron por iniciativa de la mujer afectada, un dato que el CGPJ destaca como indicador de confianza en el sistema judicial. Las denuncias presentadas por familiares representaron solo el 1,92%, una proporción ligeramente inferior a la registrada en el mismo trimestre de 2024. El resto procedieron de atestados policiales por intervención directa (16,27%), de partes de lesiones remitidos a los juzgados (6,96%) y de servicios de asistencia o terceras personas (2,56%).
En cuanto al perfil de las víctimas, el informe refleja que el 61% de las mujeres que denunciaron tenían nacionalidad española, frente a un 39% de mujeres extranjeras. Durante el trimestre se registraron además 121 víctimas menores tuteladas, de las cuales casi siete de cada diez eran españolas. Una fotografía que, según el Observatorio, evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de protección también en los casos que afectan a menores.
Más denuncias, menos declaraciones
Uno de los datos que más preocupa al CGPJ es el aumento de las mujeres que deciden no declarar contra su agresor. Entre julio y septiembre, 5.480 víctimas se acogieron a la dispensa legal que les permite no testificar, lo que supone un incremento del 22,51% respecto al mismo trimestre del año pasado. En términos relativos, la tasa de renuncia fue de 11,5 por cada cien víctimas, con diferencias según la nacionalidad: el 10,17% en el caso de mujeres españolas y el 12,67% entre las extranjeras.
La violencia machista mantuvo también una distribución territorial desigual. La tasa media nacional fue de 19,8 víctimas por cada 10.000 mujeres, muy similar a la de 2024. Sin embargo, algunas comunidades autónomas se situaron muy por encima de esa media. Baleares encabezó el ranking con 35,9 víctimas por cada 10.000 mujeres, seguida de la Comunidad Valenciana (25,3), Canarias (24,4), Murcia (24,1), Cantabria (22,9), Madrid (21,5) y Andalucía (20,9). En el extremo opuesto, Galicia, La Rioja y Castilla y León registraron las tasas más bajas del trimestre.
Durante este periodo se solicitaron 12.844 órdenes de protección, un 1,6% menos que hace un año. De ellas, 10.806 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 2.038 por juzgados de guardia. Finalmente, se adoptaron 8.920 órdenes, lo que supone que siete de cada diez solicitudes acabaron siendo concedidas. El porcentaje global de adopción fue del 69,44%, muy similar al del ejercicio anterior.
En casi el 43% de los casos, la relación de pareja o expareja seguía vigente en el momento de solicitar la orden de protección, lo que refuerza la idea de riesgo inmediato. En total, 7.866 víctimas solicitaron medidas de protección, de las cuales el 72,8% eran españolas. Además, en 149 casos las víctimas eran menores de edad.
Derivadas de estas órdenes y de otras medidas cautelares, los órganos judiciales acordaron 16.185 medidas penales de protección. Las más frecuentes fueron la prohibición de comunicación con la víctima (6.261 casos) y la orden de alejamiento (6.111). En el ámbito civil, se dictaron 5.100 medidas, principalmente relacionadas con la prestación de alimentos y la atribución de la vivienda, aunque también se acordaron suspensiones del régimen de visitas, de la guardia y custodia e incluso de la patria potestad en los casos más graves.
Ocho de cada diez sentencias son condenatorias
El informe recoge asimismo la actividad judicial resolutiva. Durante el trimestre se dictaron 13.440 sentencias, de las cuales el 84,64% fueron condenatorias. Los juzgados de violencia sobre la mujer concentraron el mayor porcentaje de condenas, con un 94,53%, seguidos de las audiencias provinciales (86,08%) y los juzgados de lo penal (71,05%). Además, se celebraron 1.660 juicios por delitos leves, mayoritariamente por vejaciones e injurias.
La presidenta del Observatorio, Esther Rojo, subrayó la necesidad de seguir reforzando la formación y la especialización de quienes intervienen en la respuesta judicial a la violencia machista, así como de dotar a la Justicia de los medios necesarios. Rojo insistió también en la importancia de que las víctimas denuncien y mantengan la confianza en el sistema, recordando que existen mecanismos para evitar la confrontación directa con el agresor durante el proceso judicial.
Las cifras frente al ruido político
Más allá de la frialdad de los datos, las cifras adquieren una gravedad añadida en el contexto social y político actual. Que en España se registre una denuncia cada dos minutos por violencia machista coincide con el auge de discursos ultras como los de Vox que cuestionan, minimizan o directamente niegan la existencia de esta violencia específica. No se trata solo de un debate retórico: el cuestionamiento público del problema convive con una realidad judicial que demuestra su carácter sistemático, persistente y ampliamente denunciado.
El informe del CGPJ desmiente de forma contundente los marcos negacionistas. Las cifras no hablan de casos aislados ni de conflictos privados, sino de decenas de miles de mujeres que acuden cada trimestre a juzgados y comisarías en busca de protección. La estabilidad de los datos, lejos de interpretarse como una mejora, refuerza la idea de cronificación: la violencia no baja, se mantiene, y lo hace incluso en un entorno donde parte del debate público tiende a diluirla o a equipararla con otras formas de violencia sin atender a su raíz estructural.
Este choque entre realidad judicial y discurso político resulta especialmente relevante cuando se observa el aumento de mujeres que renuncian a declarar contra su agresor. En un clima donde se pone en duda la legitimidad de las víctimas o se cuestionan las políticas de protección, el silencio vuelve a aparecer como una salida forzada. Las cifras, en este contexto, no solo miden delitos y procedimientos: miden también el impacto social de negar una violencia que sigue ocurriendo cada día.
