Coincidiendo con el 20 aniversario de la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados avalaron renovar el Pacto de Estado contra estas violencias machistas, a excepción de Vox, única formación que no se sumó al acuerdo.
Este Pacto comprende hasta 460 nuevas medidas que, tal y como avanzó el presidente del Gobierno este lunes, Pedro Sánchez, van dirigidas a combatir y actuar ante la violencia vicaria, la económica en detrimento de las mujeres y la violencia digital que afecta especialmente a las generaciones jóvenes.
Entonces, todas las formaciones parlamentarias, exceptuando la liderada por Santiago Abascal, avalaron en la Subcomisión de la Cámara Baja la renovación y actualización del Pacto dicho texto, dando a partir de entonces un plazo de 72 horas -séase, tres días- para la presentación de votos particulares que se debatirán en la reunión que la Comisión de Evaluación y Seguimiento que se convocará próximamente. Una vez obtenga luz verde, tendrá una duración de cinco años.
Nuevas medidas contempladas en el Pacto de Estado
El compromiso institucional en la lucha contra la violencia de género es claro, prueba de ello, la forma y el fondo que tendrá este nuevo Pacto. Entre algunas de las novedades, resalta la aprobación de una Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos y sobre la cual los grupos parlamentarios prevén que se apliquen “mecanismos adecuados” para la prevención, con programas de protección social y reparación de las víctimas, así como el refuerzo en este tipo de delitos.
A su vez, aducen a modificar la Ley Orgánica de protección a testigos y peritos en causas criminales también para “mejorar la protección de víctimas, testigos y denunciantes del delito de trata”.
Como otro de los puntos clave, también destaca que se definan las formas de actuación ante la violencia económica con perspectiva de género. Para ello, instan a que se entienda como “acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores”.
Por otro lado, el Pacto contempla que se sancione a quienes, sin autorización de la víctima o persona afectada y con ánimo de infringir perjuicio a su integridad moral o ética, “difundan, exhiban o cedan su imagen corporal o audio de voz generada, modificada o recreada mediante sistemas automatizados, softwares, algoritmos, inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, de modo que parezca real, simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias”.
El 20 aniversario de la Ley advierte de las corrientes negacionistas
En el acto conmemorativo del XX Aniversario de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el presidente Sánchez vino advirtiendo del retroceso que supone el negacionismo en torno a la lucha contra la violencia machista durante su discurso.
"No hay nostalgia que pueda edulcorar el mundo de ayer que no existe. Quienes lo vieron, lucharon para cambiar, la historia de miles de abuelas de los jóvenes de hoy, una generación a la que la ultraderecha pretende seducir, que no duda en sacar la motosierra con los derechos de las mujeres. El que limita el derecho a decidir sobre que una mujer decida sobre su cuerpo, el que persigue con la censura de libros y obras de teatro, quien arranca de raíz la dignidad del movimiento feminista. Manipulan el vocabulario llamándolo 'violencia intrafamiliar', a lo que solo tiene un nombre: violencia de género. Quieren llevarnos medio siglo atrás", subrayó.
Pero en lo que concierne a este hito democrático, esta normativa fue pionera y supuso un avance en derechos y protección a la mujer clave que se ha ido consolidando en estas dos últimas décadas, sirviendo así como guía para visibilizar el maltrato sistemático que sufren las mujeres, dando herramientas jurídicas, legales y sociales para denunciar contra los agresores y dando cuenta de las cifras oficiales y reales de crímenes machistas.
