Este martes, el PSOE de Andalucía, de la mano de su portavoz María Márquez, hacía su particular balance de fin de curso político detallando cada uno de los puntos débiles en la gestión del presidente de la Junta, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. La diputada socialista abundaba en varios frentes: corrupción, debilitamiento del sistema público -sanidad, educación, dependencia…-, el runrún sobre un hipotético adelanto electoral o la dependencia de Vox. Pero había un tema más, mencionado de soslayo pero que esconde una historia que se remonta a hace diez años: el IRPF de Manuela Villena López, mujer del propio líder del Ejecutivo andaluz.
Tras acusar a Moreno Bonilla de hacer de la mentira su práctica política más frecuente, mencionando cuestiones como su “currículum menguante” o promesas incumplidas como la educación pública y gratuita para niños de 0 a 3 años o la construcción de 18 hospitales y ocho nuevos centros de salud, entre otros casos, llegaba el turno del tan pretendido IRPF de su mujer.
Márquez, de esta forma, se retrotraía a una historia con infinidad de capítulos y que se remonta a hace diez años, cuando el propio Moreno Bonilla, aseguraba, reclamaba convertir en obligatoria la presentación del IRPF de la pareja de su predecesora, Susana Díaz: “Especialmente los que trabajaban en empresas que podían tener contratos con la administración”, recordaba la portavoz socialista.
Este gesto de transparencia bebía de un acuerdo alcanzando por unanimidad en noviembre de 2014 para reformar el reglamento interno del Parlamento de Andalucía. Entonces, y pese a que los datos de los cónyuges no eran obligatorios, aunque sí oportunos “especialmente” cuando pudieran aprovecharse de contratos con la administración, la petición se convirtió en una constante y las acusaciones entre el PSOE entonces liderado por Susana Díaz y el PP fue duradera y prolífica. Tanto que la propia Díaz llegó a hacer públicos los datos sobre su marido en medio de las negociaciones de aquel cambio de reglamento.
El presidente del PP andaluz sí que hizo pública su declaración de la renta, computando en aquellos momentos unos ingresos de seis cifras -104.432 euros-, bastante superiores a los de la propia Díaz. No obstante, aquella muestra de transparencia, ya entonces, indignó a los socialistas, que reclamaron la misma vara de medir para le hoy inquilino de San Telmo que para Susana Díaz. El encargado de reprocharle aquella conducta fue el portavoz parlamentario de los socialistas andaluces Mario Jiménez.
“Debe presentar su declaración de la renta, la de su cónyuge, como lo ha hecho la presidenta de la Junta, y tiene que llevar al Parlamento de Andalucía para conocimiento público y verificación su declaración de bienes y de actividades”, indicaba Jiménez. No sería el único. Miguel Ángel Vázquez, otrora portavoz del Gobierno andaluz, reclamaba a su rival político “dar el siguiente paso” publicando la declaración de su mujer.
La sombra de Bidafarma
El culebrón del IRPF de Manuela Villena se ve redoblado por las constantes sombras de los contratos de la Junta de Andalucía con Bidafarma, farmacéutica en la que trabaja la señalada. De hecho, los negocios de la pandemia llegaron a ser incluidos en la comisión de investigación de mascarillas en el Congreso de los Diputados.
No obstante, y como recogía hace apenas seis meses ElPlural.com, el Ejecutivo andaluz decidía convertir a Bidafarma en receptora de un nuevo contrato público, La encargada de reconocer aquel nuevo intercambio, esta vez perteneciente al ámbito educativo, era la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo.
El acuerdo afectaba a unos 8.000 estudiantes de Formación Profesional (FP) de Granada, Málaga y Sevilla que estuvieran cursando las familias profesionales de Sanidad, Comercio y Marketing y Electricidad y Electrónica. Todos ellos, pese a la disparidad de las ramas, podrían desarrollar sus prácticas en Bidafarma. “Desde la Consejería hacemos un esfuerzo importante que es dar de alta y asumir el coste de la Seguridad Social del alumnado mientras permanecen en las instalaciones de la empresa”, detallaba la consejera.
Explicaciones que no contentaban a los socialistas, que, rápidamente, tras atisbar otro posible trato de favor, exigían luz y taquígrafos a aquel contrato: “Bidafarma tiene un lugar privilegiado en la Junta”, denunciaban fuentes del PSOE de Andalucía.
