Desde que Juan Manuel Moreno Bonilla preside la Junta de Andalucía, la Sanidad pública está bajo la lupa de la Justicia. En los últimos meses, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción a los tres últimos gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por presunta corrupción en adjudicaciones que pudieron beneficiar a hospitales privados con más de 300 millones de euros, ha copado los titulares sobre la gestión sanitaria andaluza. Sin embargo, las sombras alrededor del Ejecutivo del Partido Popular se extienden hasta la época de la pandemia, cuando la Junta estuvo bajo sospecha por los contratos de distribución de las mascarillas y vacunas contra el Covid-19.
Este mes de enero, ha reflotado un nombre que estuvo en el centro de la polémica durante lo peor de la pandemia: Bidafarma, una cooperativa farmacéutica en la que trabaja con un alto cargo Manuela Villena López, esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla. Los contratos firmados con esta corporación por la vía urgente durante el año 2020 estuvieron incluidos en la comisión de investigación de mascarillas del Congreso de los Diputados, para despejar las sospechas sobre el “procedimiento de contratación y adjudicación”.
A pesar de esto, y en medio del presunto caso de corrupción del SAS, el Ejecutivo regional firmó un nuevo convenio en el ámbito educativo, como contó la pasada semana María del Carmen Castillo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Se trata de un acuerdo de prácticas con los centros de FP de Granada, Málaga y Sevilla, en los que unos 8.000 estudiantes realizan cursos de Sanidad, Comercio y Marketing y Electricidad y Electrónica. Todos ellos podrán optar a realizar sus prácticas en Bidafarma, lo cual ha reavivado las sospechas sobre el “lugar privilegiado” que tiene la cooperativa con respecto a la Junta de Andalucía.
Moreno Bonilla adjudicó a Bidafarma la logística de las mascarillas y las vacunas en lo peor de la pandemia
Ya en julio de 2020, ElPlural.com publicó en exclusiva que el acuerdo para la logística en el reparto de mascarillas en las farmacias andaluzas había ido a parar a Bidafarma. El contrato, otorgado por la vía urgente -es decir, sin someterse a concurso-, adjudicaba a la cooperativa el reparto de mascarillas a las boticas andaluzas y al Colegio Andaluz de Colegios Farmacéuticos. Pese a que desde la corporación en la que trabaja la mujer del líder del Ejecutivo regional defendieron a este medio que desempañarían esta labor “sin contraprestación económica alguna”, el posible trato de favor a Bidafarma puso a Moreno Bonilla bajo la lupa.
Las sospechas se avivaron tan solo unos meses más tarde, concretamente en diciembre de 2020. La Junta de Andalucía firmó un nuevo convenio sin concurso con Bidafarma, esta vez para la primera fase de la logística de las vacunas contra el Covid-19. La empresa de Villena López sería la encargada de gestionar el almacenamiento, la custodia y el transporte de las primeras dosis de la vacuna en Andalucía. Desde Bidafarma aseguraron, una vez más, que la tarea se realizaría de “forma gratuita y desinteresada”, lo cual no evitó que la manera en la que se adjudicó este convenio a la empresa en la que trabaja la mujer del presidente autonómico levantara sospechas
El Congreso incluyó a Bidafarma en la investigación de las mascarillas
La pandemia sentó un peligroso precedente en la firma de contratos de emergencia por parte de las Administraciones, lo cual suscitó una comisión de investigación por parte del Congreso de los Diputados. En abril del pasado año, la Cámara Baja lanzó un requerimiento a las comunidades autónomas para que presentaran documentación relacionada con los convenios para la adquisición de material sanitario durante los años de pandemia. Entre los documentos investigados, se exigían a la Junta de Andalucía “todos los expedientes de contratación y adjudicación completos del Grupo Bidafarma con la Junta, empresas, entes u organismos públicos dependientes de dicha comunidad autónoma, desde 2016 al 2024”.
Esto vino a confirmar la anomalía de todas las adjudicaciones del Ejecutivo regional con la farmacéutica, pues el Congreso también solicitaba a la Junta la “documentación que acredite el procedimiento de adjudicación seguido por la Junta de Andalucía para adjudicar y contratar a Bidafarma los suministros de vacunas”, así como la “relativa a todas las comunicaciones realizadas, por cualquier vía, entre el Grupo Bidafarma, (trabajadores o persona relacionada con la misma), con la Junta de Andalucía (representantes, empleados o cualquier persona que mantenga una vinculación), empresas, entes u organismos públicos dependientes de la Junta de Andalucía, en relación a las contrataciones efectuadas con Bidafarma”.
Por último, la Cámara Baja requirió a la Junta de Andalucía toda la información sobre “las subvenciones o ayudas económicas concedidas al Grupo Bidafarma por parte de cualquier administración, empresa, ente u organismo público dependiente de la Junta de Andalucía”, con al menos información sobre el “tipo de subvención o ayuda; fecha de concesión; importe de la concesión; consejería o departamento otorgante y cualquier otro dato de información relacionada con dicha ayuda”.
