Fernando Jabonero, quien se autodefine como activista contra la corrupción, es un hombre apasionado. Cualquier periodista que haya tenido la oportunidad de conversar con este ciudadano que se niega a dar su brazo a torcer frente al juez Peinado, propietario de un chalet en situación irregular desde hace más de 20 años, se habrá percatado de ello. Su vehemencia, aderezada con un sinfín de datos rebuscados en su prolija memoria y documentación, se ha visto redoblada esta última semana.
Y es que Fernando Jabonero ha sido citado a un acto de conciliación previo a una demanda penal por el propio juez Juan Carlos Peinado, quien, como adelantó este miércoles elDiario.es, reclama al activista que se retracte por sus injurias y calumnias y le indemnice con 25.000 euros por sus palabras. Una campaña que según su demandante cumple con la misión de amedrentarle y que puede no quedarse en su persona, ya que el polémico instructor del ‘caso Begoña’ parece decidido -según el medio previamente mencionado- a emprender acciones legales contra todos aquellos que, según él, hayan sido injuriosos con su persona, incluidos medios de comunicación.
ElPlural.com, como tantas otras veces, se ha puesto en contacto con Fernando Jabonero para escuchar de su propia mano cuándo recibió la notificación del acto de conciliación -fechado para el próximo 23 de septiembre en el juzgado número de primera instancia número 63 de Madrid-, cómo le ha sentado, si planea presentarse o si tiene más acciones judiciales guardadas en la recámara para seguir percutiendo en su denuncia por las constatadas irregularidades urbanísticas cometidas en lo que afectan al chalet propiedad del juez Peinado en La Adrada.
Cabe recordar que esta localidad, sita en la provincia de Ávila y con cerca de 3.000 habitantes, está a menos de un cuarto de hora en coche por la CL-501 de Sotillo de La Adrada, refugio familiar de la familia Ayuso en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha pasado los veranos junto a amigos tan caprichosos como Daniel Alcázar [presidente de Priviet Sportive, empresa beneficiada por la empresa pública en el negocio de compraventa de material sanitario durante la pandemia].
Jabonero: “No acudiré al acto de conciliación”
Con los nervios y las llamadas de los medios de comunicación, Fernando Jabonero no atina a decir al 100% qué día recibió la notificación que le emplazaba a acudir a un acto de conciliación con el juez Peinado: “Esta semana. Hace unos días. Tal vez el viernes”, probaba.
Donde no erraba era en su firme defensa de su inocencia: “Está acorralado por el tema de su casita. En el escrito, él dice que yo he desvelado el dato de su domicilio. Lo cual es mentira, ya que lo primero que yo vi fue el vídeo publicado por el diario ElPlural.com”, indica, reconociendo la autoría de la primicia a este periódico.
“Lo segundo -abunda-, es que dice que este es su domicilio. ¿Pero cómo que su domicilio no tiene siquiera licencia de primera ocupación? La adquirió el 25 de mayo de 2025, hace dos meses. Es decir, ¿está teniendo servicios de luz y agua sin tener licencia de primera ocupación y, además, ha constituido esa construcción en tu domicilio?”, se pregunta.
Interrogantes lógicos que Jabonero percute sobre un compendio de actuaciones que, a su juicio, deben ser criticadas: “Este tipo ha archivado denuncias contra el PP sin tener competencias para ello. Además, lo hace a sabiendas de que su hija [Patricia Peinado, concejal en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (PP)] podría resultar perjudicada”, prosigue. Pero no se queda ahí.
Volviendo a centrar el tema, preguntamos por el acto de conciliación y los 25.000 euros de indemnización que Peinado le reclama: “Me da igual. Podría pedirme 250.000. Lo que busca es la revancha, ya que yo expliqué que él tuvo que pagar 70.000 euros por sentencia judicial. Hay un tema muy importante: la licencia de obras era ilegal y él lo sabía. Peinado conocía que no podía solicitar esta licencia en un suelo no urbano”, abunda, en la misma línea que lo explicado por la Fiscalía Provincial de Ávila y por el SEPRONA en un informe que no sirvió de nada ante la prescripción de los delitos.
“Él pidió la licencia porque arrastra aquella posición del franquismo basada en el ‘no sabe usted con quién está hablando’. Es aquel caciquismo secular español que arrastran todos los estamentos de la administración… y no digo ya los jueces, que se sirven de un endiosamiento falso”, añade. “Pues mira: es sencillamente un funcionario que emite resoluciones que son perfectamente criticables por cualquiera. Además, tenemos derecho a criticar, porque nos ampara la Constitución”, prosigue.
Minutos después de finalizar la conversación, el propio Jabonero hacía público a través de redes sociales que algunos de los interrogantes redactados en este artículo, se convertían en una nueva denuncia contra el juez Peinado por irregularidades en el chalet: "Ocupar una vivienda sin la correspondiente licencia de primera ocupación en España constituye una infracción urbanística", reza el escrito.
