El juez que instruye la causa contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha dado el primer paso para querellarse por injurias y calumnias contra el activista que le calificó en redes sociales de prevaricador, infractor urbanístico y seguidor de la doctrina del nazismo, según publica eldiario.es. Fernando Jabonero, exconcejal del PSOE en Pastrana (Guadalajara) y que se autodefine como “activista anticorrupción”, denunció en diciembre ante la Fiscalía la ilegalidad del chalé que el magistrado Juan Carlos Peinado tiene en la localidad abulense de La Adrada. Desde entonces, el instructor ha amagado con llevarle a los tribunales en varias ocasiones, hasta que finalmente ha sentado las bases para ello.
Jabonero destapó en diciembre de 2024, nueve meses después de que Peinado abriera la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, que el chalet del magistrado en el municipio de Ávila vulneraba presuntamente la normativa urbanística. Un inmueble de 858 metros cuadrados que se erige sobre una parcela de aproximadamente 0,3 hectáreas y que comenzó dos décadas atrás. Desde entonces, según esgrime la Fiscalía, se habla de “indicios de criminalidad urbanística” focalizado en un delito de prevaricación que puede ser atribuible a los responsables del Ayuntamiento de La Adrada anteriores al actual equipo de gobierno (PP). No obstante, habría prescrito.
Primer paso
Pero ahora, el “activista anticorrupción” ha recibido una citación para comparecer el próximo 23 de septiembre en el juzgado de primera instancia 63 de Madrid. No es sino un “acto de conciliación” previo a la querella penal si el demandado no acepta retractarse de sus palabras en ese momento o que tampoco acepte pagar los 25.000 euros que demanda el magistrado por daños y perjuicios.
Jabonero, según ha declarado a eldiario.es, entiende que no se ha extralimitado en sus palabras hacia Juan Carlos Peinado en la red social X – antes Twitter –. Por otro lado, esgrime que no tiene ningún motivo para dar marcha atrás en sus tesis sobre el modus operandi del juez en la instrucción del caso de Begoña Gómez. De hecho, explica que el pasado mes de diciembre, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ya le tachó de “prevaricador”, recordando además el varapalo que sufrió el propio magistrado con el fallido intento de imputación del titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aun con la “absoluta ausencia de indicios”.
No está claro si este movimiento contra Jabonero es la primera respuesta legal del magistrado contra quienes critican su papel en la instrucción del caso o su aparente falta de imparcialidad, sobre todo después de que se haya cuestionado que siga al frente del procedimiento mientras su hija ocupa un cargo como concejal del PP en Pozuelo de Alarcón.
Lo que sí se sabe es que Peinado mantiene una demanda por vulneración del derecho al honor contra el periodista Max Pradera, una iniciativa revelada por Okdiario a principios de junio en un artículo que titulaba con contundencia que el juez había iniciado “la batalla contra las difamaciones”.
Las exigencias de Peinado
En su citación judicial, Peinado busca que Fernando Jabonero admita una serie de afirmaciones clave que, a su juicio, justificarían la querella por intromisión ilegítima. La primera es que Jabonero solicitó información urbanística al Ayuntamiento de La Adrada - donde se encuentra la segunda residencia del magistrado - a lo largo de 2024, y que esa solicitud tuvo como fin filtrar resoluciones municipales a la prensa y difundir públicamente la dirección exacta del inmueble. Según el juez, esa acción vulneraría su intimidad y supondría la difusión sin consentimiento de datos sensibles y confidenciales.
El segundo punto que Peinado quiere que Jabonero reconozca es que su denuncia contra él - inadmitida por el TSJM en septiembre de 2024 - tenía como objetivo deslegitimar la instrucción contra Begoña Gómez y fabricar una causa artificial de recusación con el fin de apartarlo del procedimiento.
