Hace cosa de cuatro años, el juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, iniciaba una investigación contra una secta de criptomonedas. Sin embargo, un fallo del magistrado -otro- provocó que, por el momento, no llegue una posible condena hacia la entidad, IM Academy, quien habría provocado graves daños hacia adolescentes y sus familiares a través de una estafa piramidal.
Los hechos llegaron a la Red de Prevención del Sectarismo y del Abuso de Debilidad (RedUNE), creada a raíz de los acontecimientos, que interpuso denuncia por la situación cuando madres y padres de jóvenes advirtieron de las consecuencias que estaba teniendo la actuación de este grupo para sus hijos.
"Se presentaban como los mesías del dinero"
ElPlural.com ha podido hablar con el presidente de la ONG, Juantxo Domínguez, que puso pie en pared frente al engaño masivo de esta presunta escuela de formación que, en la práctica, engañaba a través de promesas que encontraban en las criptomonedas su punta de lanza.
Siguiendo un orden cronológico, Domínguez cuenta que hará ahora cinco años cuando recibieron la noticia por medio de un colegio de Granada. La provincia andaluza fue epicentro de las sospechas al avisar de que varios chavales estaban abandonando los estudios y yéndose se casa. “Tuvimos que ayudar a muchas familias a gestionar este tipo de situaciones con sus hijos porque el lugar en el que estaban reunía todas las características propias de un grupo sectario para conseguir más adeptos (…) A partir de ahí y dando pasos en el tiempo, se fue configurando la denuncia con un núcleo más amplio de familias y demás”, relata el protagonista de estas líneas en declaraciones a este periódico.
Domínguez deja claro que “no se trata de un caso anecdótico”, sino que existen “multitud de grupos del estilo”. Así se refiere a casos que traspasan con mucho las fronteras españolas como pueden ser Estados Unidos (E.E.U.U) o algunos rincones de Sudamérica, pero también dentro de Europa.
“En el continente, fuimos nosotros los pioneros; fue nuestro país el que empezó a mover el tema. Después salió en Francia, Italia, Alemania… es una barbaridad”, expresa. “A veces parece que desaparecen, pero siempre siguen… A otros niveles, cambian de nombre, quitan una cosa, ponen otra… pero continúan siendo lo mismo”, proyecta, llegando a señalar que “son peores que la mafia”. “Actúan como Pedro por su casa, en colegios, parques, vendiendo una imagen de ostentosidad a través de fotografías, por ejemplo, de coches de lujo...Se presentaban como los mesías del dinero”, expresa.
“Ni nos arrodillamos, ni nos doblegamos”
En cuanto tiene que ver con la actuación de Peinado, Domínguez prefiere no señalar a nadie. “No la valoramos. Llegamos a comprender que los jueces tienen mucho trabajo, pero entonces deberían ampliar las plazas”, alude: “Todos somos corresponsables de nuestra labor, desde el juez hasta el funcionario que sea”.
Pese a ello, detalla que “hubo un espacio del tiempo en el que no fueron informados”; el mismo que “coincidió con el aspecto que el juez Peinado echó para atrás”. “Nosotros no podíamos hacer nada al no disponer de esa información. Es como una casilla que está vacía, y es justo la que el magistrado nos ha dicho que falta”, aclara.
Ese apartado es el que han recurrido -ElPlural.com ha tenido acceso a dicho recurso y a todos los documentos judiciales emitidos por la ONG- con el único objetivo de que los presuntos culpables "no se vaya de rositas”. “No nos arrodillamos, ni nos doblegamos”, deja claro, con la esperanza de que después de verano reciban la razón jurídica.
El fallo de Peinado
Durante las mismas semanas salía a la luz cómo el ayuntamiento de Madrid se veía favorecido por un fallo del magistrado que investiga a la mujer de Pedro Sánchez, se conoció que uno de los hombres del momento a nivel judicial también había favorecido a la mencionada empresa de criptomonedas.
La compañía aterrizó en España en 2017 y captó a miles de jóvenes con el pretexto de formarlos en el ámbito de las criptomonedas. Fue cuatro años más tarde cuando 14 familias se unieron bajo el nombre de RedUNE, especializada en sectas, al considerar que el grupo estaba operando como una al aislar a sus familiares de su entorno.
El texto legal recayó en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, el del mencionado juez, que inició la investigación en 2021, pero no prorrogó el plazo una vez finalizado el tiempo legal de instrucción, en 2022.
Debido a esta manera de proceder de Peinado -que, por otra parte, apreció indicios de delito- quedó invalidado todo lo que se había realizado en los tres años anteriores. Además, nunca se citó a declarar a los investigados y se tardó ocho meses en aceptar la acusación particular en la causa. Por todo ello, la Fiscalía pidió dar carpetazo a la causa, una decisión que el magistrado hizo suya, dejando todo lo demás en el aire.
Así se llega a marzo de 2025. Cuando parecía que el proceso por fin avanzaba, el instructor emitió un auto que suponía el paso previo a la convocatoria de un juicio contra ocho líderes de la organización. El ministerio apreció dos errores procesales en la instrucción: que no consta que se informara formalmente a los cabecillas de la trama de su condición de investigados, y que no se acordó la prórroga de la fase de instrucción. Con la situación en stand by, los afectados esperan que, después de la época estival, puedan subsanarse los fallos y se haga justicia.
