Esta semana el abogado Javier Flores ampliaba su querella contra el gigante sanitario Ribera Salud y solicitaba un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) para investigar si la gestión del Hospital de Torrejón pretendía priorizar criterios económicos sobre la asistencia.
Los números del grupo, cuyo CEO Pablo Gallart dio órdenes expresas para ampliar las listas de espera y triar a pacientes, presuntamente, con un interés monetario, son cuanto menos llamativos.
Así las cosas, Ribera Salud presentó cuentas con pérdidas de 59 millones de euros en los últimos años de los que hay constancia (2022 y 2023), coincidiendo con pagos nada despreciables de la Comunidad de Madrid.
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El activista Óscar H. (CiudadanO_O), destacaba en su perfil de X, antiguo Twitter, esta apreciación y reflejaba de qué manera las cifras muestran un descenso del 66% de ingresos de explotación en 2022, “rompiendo con la relación precedente (20/30%) respecto a la senda de pagos de la Comunidad. “¿Alguien podría explicarme esto?”, preguntaba.
Entre otras aristas, destaca la manera en la que se “hunde la eficiencia operativa en el uso de personal” o en qué forma los gastos de personal crecen a un ritmo más alto al del número de empleados”.
Cifras descendientes, financiación ascendente
En la denuncia de Flores, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, se expresa que “los ingresos de explotación declarados por Torrejón Salud S.A. experimentan en el ejercicio de 2022 una reducción excepcional respecto de los ejercicios inmediatamente anteriores, pasando de cifras superiores a los 100 millones de euros a situarse en torno a los 37 millones, lo que representa un descenso aproximado del 66%”.
El firmante considera que “tal caída no se explica por ninguna circunstancia objetiva conocida del funcionamiento del hospital ni del servicio sanitario público”, y emite para ello varios puntos como que “no consta reducción de actividad asistencial, ni cierra de unidades, ni reestructuraciones masivas de servicios, ni modificaciones sustanciales que pudieran justificar una minoración comparable de ingresos”, así como que “tampoco existe evidencia de disminución de la población protegida o del volumen de prestaciones sanitarias imputables al hospital”. De hecho, todo lo contrario.
“La información del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) refleja un incremento sostenido del gasto sanitario público en esos ejercicios”, reza el documento. En términos numéricos, también subraya que “simultáneamente, los pagos regionales destinados a la concesión alcanzan en 2022 alrededor de 173,9 millones de euros”, siendo ésta la “cifra máxima conocida”. “(…) Se genera una contradicción contable especialmente relevante: cuanto más crecen los pagos públicos, menor es la cifra de ingresos declarados por la concesionaria”, define.
A la hora de ampliar la denuncia, el abogado que pone la rúbrica es muy claro: “Tal contradicción excede de cualquier valoración política, ya que constituye un hecho contable verificable y, como tal, susceptible de proyectar consecuencias jurídico-penales cuando, como en el presente caso, afecta a un servicio público sanitario esencial y a fondos públicos sometidos a especial protección”.
Inconexo con la actividad real
“Desde el punto de vista jurídico, un desplome contable de esta magnitud inconexo con la actividad real de la concesión resulta, per se, indicador de posibles irregularidades relacionadas con la contabilización de ingresos, imputación de gastos o una hipotética fabricación o agravamiento artificial del déficit concesional”, acentúa, entrando en jerga más técnica.
Ayuso regó de dinero al Hospital de Torrejón
Hay que recordar que la Comunidad de Madrid concedió cerca de 33 millones de euros al centro sanitario justificando que ofrece servicios, tecnologías y fármacos que no recogía el ‘contrato’ primero. En 2023, el gestor privado del hospital público de Torrejón había pedido a la Consejería de Sanidad 53 millones y medio de euros, empujado por los supuestos gastos que está teniendo y que no aparecen en el acuerdo original que cierran con la Puerta del Sol.
Tanto la presidenta de la región como su consejera de Sanidad, Fátima Matute, salieron al paso de la polémica en el tono que caracteriza al PP de Madrid. Después de dos notas de prensa, la responsable sanitaria calificaba la polémica como “un trending topic para tapar la corrupción, las saunas, las sobrinas y los puteros”.
Así, Matute atribuía todo a maniobras de distracción para que no se hable de los problemas de corrupción del Ejecutivo central y de la huelga convocada por la comunidad sanitaria contra el Ministerio de Sanidad y su estatuto marco. En estas, calificó a la ministra Mónica García como la “pistolera de Vallecas”.
“Lo único que conseguiría es empeorar nuestro sistema sanitario, pero es que la señora ministra como todos los que le rodean en ese neocomunismo mal entendido es que tengamos un sistema sanitario cubano, nicaragüense o norcoreano. Si eso es lo que quiere desde luego se va a encontrar con esta consejera de Sanidad y con un modelo liberal de sanidad que funciona, que es excelente y lo demostramos con datos tozudos”, llegó a deslizar al más puro estilo Ayuso.
