Detrás de las listas de espera, las intervenciones retrasadas y las alertas de sanitarios sobre riesgos clínicos podría haber algo más que desorganización. Así lo sostiene el abogado Javier Flores, que ha ampliado su denuncia contra Ribera Salud y solicita un informe de la UCO para investigar si la gestión del Hospital de Torrejón escondía decisiones orientadas a priorizar criterios económicos sobre la asistencia.
La ampliación, presentada ante la Fiscalía Provincial de Madrid, no solo refuerza las acusaciones económicas y organizativas que ya habían sido expuestas, sino que extiende la responsabilidad hacia la matriz internacional Vivalto Santé y hacia la Comunidad de Madrid, a la que atribuye una supervisión “insuficiente o inexistente” sobre un servicio sanitario concesionado. El documento, de más de 50 páginas, detalla un conjunto de indicios que, según el abogado, “no responden a errores aislados, sino a una posible estrategia deliberada”.
Caída de ingresos del 66% con récord de financiación pública
El eje económico de la ampliación se centra en una anomalía contable que Flores describe como “objetivamente verificable” y de “trascendencia penal”. Según los datos aportados, la concesionaria Torrejón Salud S.A. declaró en 2022 una caída abrupta de ingresos, pasando de más de 100 millones a poco más de 37 millones, lo que supone una reducción del 66%. Esta disminución contrasta con el incremento simultáneo de los pagos públicos destinados al hospital, que alcanzaron los 173,9 millones de euros, la cifra más alta registrada hasta la fecha.
Para Flores, esta divergencia rompe la lógica financiero-asistencial del contrato: “Una divergencia de tal magnitud en un hospital público concesionado exige explicación inmediata y una investigación de fondo”, sostiene en el escrito remitido a la Fiscalía. El abogado considera que este desplome podría responder a “prácticas orientadas a la generación de déficit artificial” que permitieran justificar reequilibrios económicos posteriores, ya aprobados por la Comunidad de Madrid por un importe superior a 30 millones de euros.
La ampliación también suma nuevos indicios asistenciales que se habrían producido tras la entrada del grupo francés en la matriz de Ribera Salud. Entre ellos, órdenes para seleccionar pacientes en función de su rentabilidad, instrucciones para reutilizar material sanitario de un solo uso o reorganizaciones dentro del servicio de anestesia que, según testimonios internos, provocaron una salida masiva de profesionales ante condiciones que comprometerían la seguridad clínica.
El escrito remite a documentos internos que, según el abogado, demostrarían que la reducción de actividad no fue accidental, sino una estrategia orientada al “ajuste económico” del hospital concesionado. “El patrón que se aprecia no es un episodio aislado ni una rencilla interna: es una posible estrategia deliberada orientada a maximizar resultado económico a costa de la asistencia”, afirma Flores en la nota remitida a prensa, donde añade que el grupo matriz “tenía pleno conocimiento” de las decisiones adoptadas en el centro madrileño.
La denuncia señala directamente a la Comunidad de Madrid
La denuncia también apunta directamente a los órganos de supervisión de la Comunidad de Madrid. Según el abogado, la ausencia de actas de la comisión mixta de seguimiento desde 2019, la falta de transparencia en los reequilibrios económicos y la inexistencia de medidas tras las advertencias de sanitarios constituyen indicios de una posible omisión de deberes de vigilancia, que podría derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales.
La ampliación solicita a la Fiscalía requerimientos documentales al SERMAS, a la Consejería de Sanidad, a Ribera Salud y a Vivalto Santé, así como la intervención de la UCO para verificar de manera independiente la estructura societaria del grupo, las instrucciones emitidas y la correspondencia entre la actividad real y las cifras declaradas.
Las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, llamando “campaña mezquina” a estas denuncias han recibido también réplica en la nota difundida por el abogado. “Lo único mezquino en este asunto tan feo es no investigar, hacer negocio con la salud de los madrileños, atacar a quien denuncia y practicar una forma de política tan inhumana e insensible. Con la vida de la gente no se juega. Nunca”, afirma Flores
