Ni despacho ni residencia: para qué podía utilizar realmente Ayuso el ático de 6,3 millones

El ático adquirido por la Comunidad de Madrid toma ahora una nueva dimensión. La controversia por el inmueble que compró Planifica Madrid en Chamberí - y ahora ha puesto a la venta junto a un lote de cuatro en Gran Vía - se ha desplazado hacia los usos que permitía realmente la normativa para la vivienda por la que la empresa pública pagó 6,3 millones de euros. Las primeras explicaciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pivotaron sobre que la vivienda serviría como una suerte de oficina temporal de la Presidencia durante las obras previstas en la Real Casa de Correos. Ese uso, sin embargo, choca con las leyes urbanísticas, pero además hay expertos que ponen en cuestión su uso como residencia oficial; lo que sitúa a la administración autonómica ante la incógnita de los análisis previos a la adquisición del ático.

El inmueble, situado en la novena planta de un edificio residencial del paseo del General Martínez Campos, cuenta con 485 metros cuadrados, de los que cerca de 200 corresponden a una terraza. Su adquisición se formalizó el 14 de abril de este mismo ejercicio, aunque no trascendió al foco público hasta que El País adelantara la información a mediados de la semana pasada. El Gobierno de Ayuso ha buscado el resquicio para salir de la controversia lo mejor posible, argumentando que su adquisición se planteó como una futura oficina temporal de la Presidencia ante unas obras sobre las que apenas había información.

Aquella versión no tuvo un largo recorrido, dado que el uso requerido vulnera el planteamiento urbanístico aplicable al edificio. La normativa municipal restringe la implantación de oficinas en inmuebles residenciales y concentra este tipo de actividades principalmente en las plantas inferiores. Una instrucción urbanística del Ayuntamiento de Madrid explica que estos límites buscan la preservación del uso residencial y sitúan las oficinas, con determinadas condiciones, en planta baja, inferiores a la baja y primera planta.

Conforme al reglamento municipal, la novena planta no encajaría en el uso de oficina anunciado inicialmente por la Comunidad de Madrid. Así, tras conocerse dicha incompatibilidad, el Gobierno regional trató de escapar de la polémica anunciando que vendería el inmueble y destinaría sus beneficios a las zonas afectadas por los incendios de la Sierra Oeste. Las explicaciones subsiguientes, además, han abierto otra línea de debate. Máxime cuando el consejero de Presidencia  y -  al mismo tiempo – presidente del consejo de administración de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, sugería este jueves que el Ejecutivo no dispone de una residencia oficial para su presidenta, como sí sucede en otras administraciones. Eso sí, desde Sol han reiterado que el ático no se compró con esa finalidad.

Oficina, no; vivienda sí

Así las cosas, el inmueble fue adquirido en calidad de vivienda. Dicho uso encaja con la calificación residencial del edificio. Las dificultades aparecen cuando se pretende destinar esa vivienda a una actividad institucional distinta. En el Plan General de Madrid se delimitan las condiciones de los edificios residenciales. En el caso de las oficinas, las limitaciones son especialmente claras en las plantas superiores. Una interpretación que convergen con la opinión de algunos expertos que, en declaraciones a El País, entienden que una oficina de la Presidencia no puede instalarse en dicha altura en las condiciones aplicables al edificio.

Ello conduce a una pregunta que aún no ha sido resuelta: ¿Qué comprobaciones urbanísticas realizó Planifica Madrid antes de formalizar la compra? Hasta la fecha no se ha hecho público un informe previo que permita conocer cómo se analizó la compatibilidad entre el inmueble y el uso de oficina posteriormente anunciado por la Comunidad de Madrid. Lo cual, dicho sea de paso, no permite afirmar que ese análisis no existiera. En cambio, sí deja sin respuesta, con la documentación que hay sobre la mesa, cuándo se estudió la viabilidad urbanística y qué condiciones se alcanzaron.

Las lagunas de la residencia oficial

El recurso de Sol para escapar de la polémica vía residencia oficial tampoco admite una respuesta esclarecedora. Las opiniones e interpretaciones son divergentes. Antonio Giraldo, portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, y Enrique Manzano, portavoz de Renovación del Colegio Oficial Arquitectos de Madrid, sostienen en declaraciones a El País que una residencia institucional no debería considerarse una vivienda ordinaria al estar vinculada a la administración y ponerse a disposición de la Presidencia. De hecho, la encuadran en los marcos de un uso dotacional de Administración Pública que debe estar sujeto a restricciones que complicarían su instalación en una novena planta.

Pero no todos los especialistas apuntan en la misma dirección. Un exdelegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, plantea la tesis de que cabría estudiarse un uso principalmente residencial acompañado de funciones institucionales complementarias. Al mismo tiempo, recuerda que las administraciones públicas disponen de instrumentos para modificar el planteamiento o justificar determinadas actuaciones por cuestiones basadas en el interés general. De ahí que no sea preciso afirmar que una residencia oficial fuera jurídicamente imposible en cualquiera de los escenarios. Sin embargo, acorde a estas lecturas, no bastaba con adquirir una vivienda y asignarle un uso institucional sin más.

La documentación de la compra, en el limbo

Planifica Madrid tiene entre sus funciones la adquisición y venta de inmuebles, su conservación y rehabilitación y la gestión de suelo para distintos usos. También dispone de varios edificios utilizados por la Administración autonómica. La discusión sobre el ático no depende únicamente de lo que permite ahora el planeamiento, sino de qué información manejaba la empresa pública cuando decidió comprarlo.

Entre los documentos que permitirían conocer mejor la operación figuran la memoria justificativa de la adquisición, los informes técnicos sobre la idoneidad del inmueble, las posibles consultas urbanísticas, la valoración económica y las actas del consejo de administración relacionadas con la compra. Con la información publicada hasta ahora no puede afirmarse que esos documentos no existan. Tampoco se conoce públicamente su contenido ni si abordaron expresamente la compatibilidad del inmueble con el uso de oficina.

Al margen, este viernes El País añadía otro elemento a la polémica: la agenda pública de Planifica Madrid dejó de reflejar actividad a partir de abril, el mismo mes en el que se formalizó la adquisición del ático. El diario señala que antes recogía reuniones y actuaciones con mayor regularidad y que no aparece ninguna referencia pública a la compra del inmueble.  La falta de esa información tampoco demuestra por sí misma irregularidad alguna, pero reduce la capacidad de reconstruir públicamente cómo se adoptó la decisión.

Las alternativas que también quedan por conocer

Planifica Madrid dispone de inmuebles en distintos puntos de la capital, entre ellos Aduana, Alcalá, Goya, General Díaz Porlier, Santa Hortensia, Gran Vía o Edgar Neville. Que esos espacios formen parte de su patrimonio no significa que estuvieran disponibles ni que reunieran las condiciones necesarias para acoger temporalmente a la Presidencia. La cuestión es otra: si fueron estudiados como alternativa y, en caso afirmativo, por qué se descartaron.

Lo mismo ocurre con otras opciones, como alquilar temporalmente unas oficinas o redistribuir dependencias mientras duraran las obras de la Real Casa de Correos. Sin conocer la memoria de la operación no es posible determinar qué soluciones se analizaron ni con qué criterios económicos y técnicos se compararon.