España reconoció oficialmente al Estado de Palestina el 28 de mayo de 2024. Lo hizo junto a Irlanda y Noruega, a las que pocos días después se sumó Eslovenia, en una decisión con la que el Gobierno de Pedro Sánchez pretendía contribuir a mantener abierta la solución de los dos Estados en plena guerra de Gaza. Quince meses después, una segunda oleada mucho más amplia llevó el reconocimiento hasta algunos de los países occidentales que durante años habían evitado dar ese paso.
Francia lo hizo el 22 de septiembre de 2025 desde la tribuna de Naciones Unidas. Reino Unido, Canadá y Australia lo habían anunciado un día antes y Bélgica, Luxemburgo, Malta, Portugal, Mónaco y Andorra se incorporaron también a aquel movimiento diplomático. Al terminar esa secuencia, 156 países reconocían ya oficialmente al Estado palestino.
Un año después de aquella segunda oleada, el balance muestra las dos caras de una decisión que alteró el mapa diplomático pero tuvo una capacidad mucho menor para modificar la situación sobre el terreno. El reconocimiento aumentó el aislamiento internacional de la posición del Gobierno israelí sobre la creación de un Estado palestino y convirtió una reivindicación que durante décadas había encontrado resistencias entre las principales potencias occidentales en una posición compartida por buena parte de ellas. No detuvo, sin embargo, la guerra ni la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania.
La propia Francia admite ahora que el gesto tuvo efectos limitados. Le Monde reconstruye este lunes cómo el movimiento impulsado por Emmanuel Macron no provocó el cambio que París esperaba en la política israelí y tampoco consiguió traducirse inmediatamente en una nueva dinámica negociadora. Los defensores palestinos del reconocimiento continúan destacando su valor político, aunque señalan que no alteró la situación en Gaza.
Esa distancia entre el efecto diplomático y las consecuencias prácticas explica también el siguiente movimiento de algunos gobiernos europeos. Reconocer Palestina dejó de ser el punto de llegada y empezó a convertirse en el punto de partida de una discusión diferente: qué instrumentos pueden utilizar los Estados para acompañar esa decisión con presión económica y política efectiva.
Del reconocimiento al embargo: España fue un paso más allá
El caso español permite observar claramente esa evolución. Cuando el Gobierno reconoció Palestina en mayo de 2024, su objetivo declarado era ayudar a hacer viable la solución de los dos Estados y equilibrar la posición internacional entre israelíes y palestinos. Un año después, España, Irlanda, Noruega y Eslovenia defendían conjuntamente que aquel movimiento había contribuido a generar un nuevo impulso diplomático.
La secuencia posterior respaldó al menos una parte de esa lectura. Lo que en mayo de 2024 todavía aparecía como una decisión minoritaria entre los grandes países de Europa occidental terminó extendiéndose en septiembre de 2025 a Francia y Reino Unido y, fuera de Europa, a Canadá y Australia. La ampliación resultó especialmente significativa porque algunos de estos Estados habían defendido durante años que el reconocimiento debía llegar como consecuencia de un acuerdo de paz y no como una decisión previa.
Macron explicó precisamente lo contrario cuando anunció el reconocimiento francés. París sostuvo que mantener viva la perspectiva de los dos Estados exigía actuar antes de que los cambios sobre el terreno acabaran convirtiéndola en imposible. La declaración se produjo después de que Francia y Arabia Saudí hubieran impulsado en Naciones Unidas una hoja de ruta que incluía reformas de la Autoridad Palestina y el rechazo de varios países árabes a Hamas.
Pero España ya había comprobado entonces los límites del reconocimiento como herramienta aislada. La decisión había modificado sus relaciones diplomáticas con Israel y había elevado el perfil internacional de la cuestión palestina, pero no había frenado la ofensiva israelí ni la política de asentamientos en Cisjordania.
Madrid terminó dando un paso adicional en septiembre de 2025. El Gobierno anunció nueve medidas que incluían consolidar jurídicamente el embargo de armas a Israel, impedir el tránsito por puertos españoles de barcos que transportaran combustible destinado a las Fuerzas Armadas israelíes y prohibir la importación de productos procedentes de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados. También decidió aumentar la ayuda humanitaria y el respaldo económico a la Autoridad Palestina y a la UNRWA.
El paquete quedó posteriormente recogido en un real decreto ley que convirtió varias de esas decisiones en prohibiciones jurídicas expresas. La norma incluyó el embargo de material de defensa y de doble uso y la restricción a la entrada y comercialización en España de productos procedentes de los territorios ocupados por Israel desde 1967.
El cambio resulta relevante porque muestra una diferencia entre dos niveles de actuación. El reconocimiento afecta al estatus diplomático de Palestina y refuerza políticamente su condición estatal; las sanciones comerciales o los embargos pretenden, en cambio, generar costes concretos vinculados a determinadas actuaciones del Gobierno israelí.
Francia recorre ahora un camino parecido
Francia se encuentra un año después ante un debate similar. El reconocimiento de septiembre de 2025 fue presentado por Macron como una herramienta para impedir que la perspectiva de los dos Estados desapareciera definitivamente. París consiguió además que otros gobiernos occidentales aprovecharan la Asamblea General de Naciones Unidas para adoptar una decisión coordinada.
El efecto sobre el terreno resultó mucho más reducido. Según el balance publicado ahora por Le Monde, fuentes diplomáticas y representantes palestinos consideran que Francia perdió parte del impulso inicial después del reconocimiento y mantuvo abiertas amplias vías de cooperación con Israel. Desde el entorno de Macron defienden, en cambio, que el movimiento contribuyó a conservar la solución de los dos Estados como referencia de cualquier eventual acuerdo.
La discusión no es únicamente semántica. El reconocimiento diplomático no modifica por sí solo el control territorial, las fronteras, el acceso a Jerusalén Este o la fragmentación de Cisjordania. Palestina continúa además sin ser miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Su ingreso necesitaría el respaldo del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos dispone de derecho de veto, antes de recibir la aprobación de la Asamblea General.
Al mismo tiempo, las decisiones adoptadas por Israel sobre los asentamientos continúan tensionando la viabilidad territorial del Estado palestino defendido por estos gobiernos. Este mismo septiembre, Israel ha añadido una licitación para construir 2.167 viviendas al proyecto de expansión E1, elevando a 3.401 las unidades previstas. El plan ha recibido críticas internacionales porque podría separar Jerusalén Este de parte de Cisjordania y dificultar la continuidad territorial de un futuro Estado palestino.
La evolución francesa ha comenzado por ello a acercarse a la seguida anteriormente por España. París se ha incorporado junto a Reino Unido y otros países a medidas dirigidas contra los productos procedentes de los asentamientos israelíes en Cisjordania, una herramienta distinta al reconocimiento porque busca establecer consecuencias económicas sobre actividades vinculadas a la ocupación.
La decisión refleja también las dificultades para alcanzar una posición común dentro de la Unión Europea. Los Veintisiete mantienen importantes diferencias sobre hasta dónde debe llegar la presión sobre Israel, lo que ha llevado a algunos Estados a actuar por separado cuando no existe consenso para aprobar medidas a escala comunitaria. La Comisión Europea mantiene contactos con el Gobierno israelí mientras insiste en sus críticas a la expansión de los asentamientos y en la necesidad de preservar una Autoridad Palestina capaz de gobernar.
La segunda fase: comercio, armas y asentamientos
Un año después del movimiento encabezado por Francia, el debate europeo ha cambiado parcialmente de pregunta. En septiembre de 2025 todavía se discutía qué países reconocerían Palestina. Ahora la cuestión pasa cada vez más por determinar qué consecuencias prácticas debe tener ese reconocimiento.
España representa una de las posiciones más avanzadas dentro de esa evolución. Primero reconoció el Estado palestino y posteriormente incorporó restricciones comerciales, un embargo de armas y un aumento de la ayuda. Francia ha tardado más en avanzar por esa segunda vía, aunque este septiembre se ha sumado a medidas contra los productos procedentes de los asentamientos.
Los gobiernos que defendieron los reconocimientos sostienen que estos nunca fueron planteados como una medida capaz de detener por sí sola la guerra. Su argumento era fundamentalmente político: impedir que la solución de los dos Estados quedara reducida a una formulación diplomática sin un Estado palestino reconocido por las grandes potencias occidentales.
Israel rechazó frontalmente esa estrategia. El Gobierno de Benjamin Netanyahu ha sostenido que el reconocimiento recompensa indirectamente el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 y ha reiterado su oposición a la creación de un Estado palestino en las condiciones defendidas por los países europeos. Los gobiernos que dieron el paso lo han desvinculado de Hamas y han insistido en que el reconocimiento se dirige a los derechos nacionales palestinos y a la solución de los dos Estados. Francia, Australia y otros países acompañaron además su decisión con exigencias de desarme de Hamas y reformas de la Autoridad Palestina.
La diferencia entre ambas posiciones continúa siendo profunda. Mientras cada vez más países occidentales reconocen formalmente Palestina, las condiciones territoriales necesarias para que ese Estado pueda funcionar siguen deteriorándose en Cisjordania.
Ahí aparece la principal contradicción que deja este último año. La causa palestina ha ganado reconocimiento diplomático en algunos de los países que durante más tiempo se resistieron a concedérselo, pero ese avance ha coincidido con nuevas decisiones sobre el terreno que dificultan la materialización del Estado que esos mismos gobiernos dicen querer preservar.
Por eso el movimiento iniciado por España en 2024 y ampliado por Francia, Reino Unido, Canadá y Australia en 2025 está entrando en una segunda fase. El reconocimiento modificó el mapa diplomático y convirtió la existencia de un Estado palestino en una posición asumida por una mayoría todavía mayor de Naciones Unidas. Lo que no resolvió fue cómo trasladar ese consenso a una realidad política y territorial.
Las prohibiciones sobre productos procedentes de los asentamientos, los embargos y el debate sobre las relaciones económicas con Israel son ya parte de esa discusión. Un año después de la gran oleada de reconocimientos, Europa empieza a comprobar que reconocer un Estado puede ser una decisión diplomática inmediata. Hacer posible que ese Estado exista efectivamente sobre el terreno exige instrumentos bastante más difíciles de acordar.
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