El Gobierno plantea una batalla en el Tribunal Constitucional contra la prioridad nacional de PP y Vox

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presente un recurso de inconstitucionalidad contra 20 modificaciones legislativas a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026 aprobados en la Comunitat Valenciana.

Entre ellas, destaca el principio de “prioridad nacional” en el acceso a la vivienda, un concepto que, según el Ejecutivo, iría en contra del artículo 14 de la Constitución Española, así como del mandato de igualdad material efectiva del artículo 9.2, tanto en relación con los extranjeros como con nacionales, cuando el arraigo se fija por autonomía.

La Ley de Acompañamiento, realmente denominada Ley de medidas fiscales de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat Valenciana contempla 200 artículos, de los cuales el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática solicita que se impugnen dos decenas, según el texto al que han accedido varios medios de comunicación, entre ellos la Cadena Ser.

Competencias estatales

Además de lo anteriormente mencionado, se censura la obligación de mantener el rostro descubierto en el transporte público, la función pública, la sanidad o la educación y los espectáculos públicos, con las consiguientes infracciones administrativas que vienen vinculadas a su incumplimiento. En ese caso, invadiría la competencia estatal sobre seguridad pública, transporte o sanidad, entre otras, así como la contrariedad del artículo 14 de la Carta Magna por el efecto, en su caso, disuasorio y discriminatorio.

También se apela a la igualdad de las personas LGTBI en el ámbito educativo, degradándose el carácter imperativo de la promoción de la igualdad y no discriminación de quienes pertenecen al colectivo en las aulas, sustituyéndolo por una previsión potestativa. En este caso, según el Gobierno, se vulneraría el artículo 149.1.30 ª de la Constitución.

También se faltaría al artículo 15 de la máxima norma española en cuanto a la protección a la vida de los no nacidos se refiere. Ello, a la vez que altera el régimen jurídico de la personalidad jurídica, adquirido con el nacimiento, lo que se entrometería en una competencia del Estado. Entre la vulneración de derechos, el Ejecutivo apunta al mismo artículo, así como a los 149.1.1ª y 16ª en tanto en cuanto ordena a la región valenciana garantizar y proteger el derecho a la vida de los no nacidos cuando se dé una situación de riesgo o amenazas, introduciendo una suerte de traba para obstaculizar el ejercicio del derecho al aborto.

En materia de extranjería, la ley, a juicio de Moncloa, invade competencias al establecer como prioritaria la reagrupación familiar de las personas menores de edad tuteladas obviando el procedimiento y las garantías que marca la ley estatal. En este caso, se vulneraría el artículo 149.1.2ª de la Constitución, según la parte detractora.

El Gobierno también considera que se vulneran competencias estatales en materia de medio ambiente o régimen energético, mientras que en lo que respecta a la función pública valenciana, el Ejecutivo alude a la vulneración de los artículos 14 y 23.2 de la Carta Magna porque exige a los funcionarios de otras administraciones una antigüedad de, al menos, diez años; número que no se equivale al exigido a los funcionarios de la propia Generalitat.

"Contradicen condiciones básicas"

La ministra portavoz, Elma Saiz, ha concretado después en el Consejo de Ministros la intención del Ejecutivo de “impugnar el concepto de prioridad nacional, en materia de vivienda y prestaciones sociales”. “Entendemos que estas medidas contradicen condiciones básicas como la igualdad entre personas y el estatuto de personas extranjeras (…) También se impugna uno de los artículos de la ley por eliminar referencias expresas a la no discriminación de las personas LGTBI y a la diversidad sexual, familiar y de género en el ámbito educativo”, ha añadido, apuntalando que “además se considera inconstitucional la limitación de ofrecer menús alternativos por razones culturales o religiosas”, ha acentuado.