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Antonio Garamendi vuelve a situarse en el centro del enfrentamiento entre empresarios y sindicatos con motivo de la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. El presidente de la CEOE ha cuestionado desde el principio la movilización, a la que ha calificado de "política" y "electoral", e incluso anunció que la patronal estudiaría impugnarla en los tribunales. Una oposición que no se limita a la convocatoria del paro, sino que refleja el choque que mantiene desde hace años con las organizaciones sindicales y con el Ministerio de Trabajo por cuestiones como los salarios, el poder adquisitivo o la reducción de la jornada laboral.
La huelga, convocada por distintas organizaciones sindicales para reclamar medidas que garanticen el acceso a la vivienda y mejoras en las condiciones económicas de los trabajadores, ha vuelto a evidenciar la distancia entre la patronal y los representantes de los trabajadores. Garamendi considera que la movilización tiene motivaciones electorales y sostiene que se han incorporado reivindicaciones laborales para intentar justificar legalmente una protesta que, a su juicio, no responde a un conflicto de trabajo. "Se ha trufado de temas laborales para intentar que sea legal, pero nosotros consideramos que no lo es", aseguró el pasado 19 de octubre, cuando confirmó que la CEOE impugnaría la convocatoria.
La amenaza de recurrir la huelga terminó perdiendo fuerza y la patronal confirmó tres días después que no presentaría una impugnación antes de su celebración, aunque dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas posteriores. Garamendi también pidió que se respetase el derecho al trabajo y advirtió de que los empresarios serían los "paganos o damnificados" de una movilización por problemas que, según sostiene, no son responsabilidad de las empresas.
El salario de Garamendi, en el centro de otra polémica
Precisamente, las reivindicaciones salariales de los sindicatos conectan con una de las polémicas más sonadas del presidente de la CEOE: su propia remuneración. En febrero de 2023, Garamendi tuvo que defender públicamente su sueldo al frente de la patronal, que rondaba los 400.000 euros anuales después de que un cambio en su relación contractual, de autónomo a alto directivo, incrementase su retribución en unos 50.000 euros.
La cifra generó críticas tanto desde el Gobierno como desde distintos sectores sociales y empresariales, especialmente por la oposición que mantenía la CEOE a las subidas del salario mínimo. Sin embargo, fue su respuesta a los reproches la que terminó provocando una controversia todavía mayor. Para defenderse, comparó las críticas por su remuneración con la justificación de una agresión sexual por la vestimenta de la víctima: "Es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba en minifalda". Horas después tuvo que disculparse y reconocer que posiblemente no había utilizado el ejemplo más adecuado.
La polémica volvió a poner sobre la mesa la distancia entre los ingresos del dirigente empresarial y las reivindicaciones de mejora salarial de los trabajadores.
Garamendi ha rechazado reiteradamente los incrementos del salario mínimo impulsados por el Ejecutivo, argumentando que pueden perjudicar a los autónomos, las pequeñas empresas y el empleo. Una posición que ha mantenido también en noviembre, cuando CEOE y Cepyme han cuestionado la propuesta de Trabajo de elevar el SMI un 5,3% en 2027, hasta los 1.286 euros brutos mensuales.
Las organizaciones empresariales consideran que plantear esta subida antes de las elecciones generales del 29 de noviembre supone una "utilización política" de la capacidad legislativa del Gobierno y reclaman que sea el próximo Ejecutivo quien negocie el incremento.
El enfrentamiento se ha extendido también a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una de las principales apuestas de Yolanda Díaz. Garamendi ha sido uno de sus mayores detractores y ha cuestionado en numerosas ocasiones que la reducción del tiempo de trabajo pueda imponerse sin un acuerdo con los empresarios.
El pasado septiembre, durante una conferencia en el Forbes Spain Economic Summit, volvió a generar polémica al utilizar al tenista Carlos Alcaraz como ejemplo en su argumentación contra la reducción de jornada. "¿Tú crees que Carlitos trabaja 37 horas y media a la semana? No", afirmó, antes de apelar a la cultura del esfuerzo y al sacrificio.
Sus palabras provocaron una respuesta directa de la vicepresidenta segunda, que le acusó de machismo y cuestionó su autoridad para dar lecciones sobre las condiciones laborales. "No hemos permitido que personas como el señor Garamendi, que cobran salarialmente 25 veces más que el salario mínimo, nos den lecciones de reducción de jornada laboral", respondió Díaz.
De los acuerdos a la confrontación directa
El actual enfrentamiento con los sindicatos también refleja un cambio en la trayectoria de Garamendi al frente de la patronal. Durante sus primeros años mantuvo una posición más favorable a la negociación y a los acuerdos con el Gobierno y las organizaciones de trabajadores. Sin embargo, esa actitud le generó críticas dentro de determinados sectores empresariales, que consideraban que mantenía demasiada cercanía con el Ejecutivo progresista.
La situación se hizo especialmente visible en 2022, cuando tuvo que enfrentarse a una candidatura alternativa encabezada por Virginia Guinda y respaldada por sectores críticos de la patronal catalana. Garamendi consiguió revalidar la presidencia con el 83% de los votos, pero desde entonces su discurso ha adquirido un tono mucho más beligerante frente al Ministerio de Trabajo y las organizaciones sindicales.
Esa confrontación se ha trasladado también a otros asuntos laborales. El presidente de la CEOE ha cuestionado los derechos de los trabajadores durante las bajas médicas, ha vinculado el absentismo con los costes empresariales y ha reclamado cambios en la gestión de las incapacidades temporales. El pasado julio llegó a responsabilizar a los sindicatos de no estar siendo "responsables" ante este problema y aseguró que todos los días faltan 1,4 millones de personas a trabajar en España, una situación que calificó de "impuesto encubierto" para las empresas.
Entre sus propuestas figura que la Seguridad Social asuma una mayor parte del gasto de las bajas laborales, especialmente durante determinados periodos, y que se destinen más recursos a la sanidad pública para agilizar la atención médica.
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