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El presidente del PP, líder de la oposición y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha concedido una entrevista a El País casi en vísperas del arranque de la campaña electoral, en la que ha confirmado que derogará los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno porque, a su juicio, perjudican tanto a propietarios como a inquilinos. El líder del PP, que encabeza las encuestas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, también deja abierta la posibilidad de emprender acciones penales contra Pedro Sánchez si la Fiscalía encuentra indicios de delito en su actuación. "Si la Fiscalía General del Estado hace una propuesta, yo no se lo voy a impedir", ha advertido.
El presidente popular ha desgranado algunas de las principales medidas que pondría en marcha si llega a La Moncloa y ha endurecido sus críticas al Ejecutivo de Sánchez. Su objetivo, asegura, es conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario, aunque no descarta un acuerdo parlamentario con Vox si los resultados electorales no le permiten hacerlo, como todo apunta que ocurrirá en caso de que el PP gane las elecciones.
Sobre la política de vivienda, Feijóo es tajante cuando se le pregunta si derogará los decretos aprobados por el Gobierno. "Sí. No cambio de opinión; he votado en contra", responde. El dirigente popular sostiene que estas medidas están teniendo un efecto contraproducente sobre el mercado del alquiler. "Los decretos perjudican a los inquilinos y a los propietarios", afirma, antes de asegurar que se está reduciendo el número de viviendas disponibles para alquilar.
La puerta abierta a acciones penales contra Sánchez
La advertencia más contundente de la entrevista llega cuando se le pregunta directamente si estaría dispuesto a emprender una acción penal contra Pedro Sánchez. Feijóo evita comprometerse a impulsar personalmente una iniciativa judicial, pero deja claro que no obstaculizaría una eventual actuación de la Fiscalía. "Eso les corresponde a los jueces. Pero si la Fiscalía General del Estado hace una propuesta, yo no se lo voy a impedir. Si el fiscal general del Estado dice: "Oiga, hemos encontrado indicios racionales de la comisión de actos delictivos del presidente del Gobierno", pues tramítese", ha valorado.
El líder del PP vincula esta posición con su promesa de "derogar el sanchismo". Entre sus prioridades electorales cita la recuperación de la independencia de las instituciones, el respeto al Estado de derecho, la presentación de los Presupuestos anuales y el sometimiento del Ejecutivo al control parlamentario. "Volver a la decencia como un principio básico", resume Feijóo, que también reclama dejar de utilizar de manera continuada los reales decretos leyes y recuperar la rendición de cuentas.
Un Gobierno en solitario, pero sin descartar a Vox, y sin abstención del PSOE
Las encuestas sitúan al PP como primera fuerza política para las elecciones del 29 de noviembre, aunque también apuntan a que necesitaría el respaldo de Vox para apuntalar la mayoría parlamentaria. Feijóo insiste en que su primera opción es gobernar en solitario, con una mayoría suficiente en el Congreso y en el Senado. "Para España lo mejor es un Gobierno en solitario del PP", defiende. Sin embargo, no reniega de los pactos autonómicos alcanzados con Vox ni cierra la puerta a repetir una fórmula de coalición si así lo determinan las urnas y necesitan del partido de extrema derecha para alcanzar La Moncloa.
El dirigente popular asegura que cualquier acuerdo tendría que respetar unas líneas rojas: el marco constitucional, el Estado autonómico y las políticas de igualdad y derechos. "Nosotros somos un partido autonomista; Vox no lo es. Nosotros no vamos a aceptar recentralizar", sostiene el gallego. Su preferencia, en cualquier caso, pasa por contar con el apoyo parlamentario de la formación de Santiago Abascal sin necesidad de incorporarla al Consejo de Ministros. "El objetivo está muy claro: tener una mayoría suficiente en el Congreso y en el Senado y tener acuerdos de apoyo parlamentario con la tercera fuerza política, que es Vox", razona.
En la misma línea, Feijóo tampoco contempla pedir la abstención del PSOE para llegar a La Moncloa sin depender de Vox: "¿Con este PSOE de Pedro Sánchez? No. Mi grado de ingenuidad, a mi edad y con mi experiencia, no me lo permiten".
Prioridad nacional, inmigración y aborto
La entrevista en El País también deja claras algunas de las posiciones que el PP mantendría en cuestiones sociales. Sobre la denominada prioridad nacional que reclama Vox, Feijóo sostiene que los acuerdos alcanzados en las comunidades autónomas no establecen una preferencia por nacionalidad, sino que se basan en el arraigo y en la residencia legal. El líder popular defiende que los criterios pactados respetan la Constitución y los tratados europeos y niega que tengan un componente xenófobo.
En materia de inmigración, sostiene que quienes residen legalmente en España deben tener acceso a la sanidad pública, mientras que para quienes se encuentran en situación irregular plantea garantizar prestaciones básicas, especialmente en urgencias y emergencias vitales. También anuncia el líder del PP que quiere revisar la legislación del aborto para que los padres tengan conocimiento de las interrupciones voluntarias del embarazo de sus hijas menores de 16 y 17 años, aunque precisa que no plantea exigir su consentimiento: "Yo he hablado de conocimiento, no de consentimiento".
Sobre la violencia contra las mujeres, Feijóo se distancia del planteamiento de Vox y asegura que prefiere utilizar la expresión "violencia machista". Además, carga contra el Gobierno por los fallos de las pulseras antimaltrato y por las consecuencias de la ley del solo sí es sí.
Pensiones y cuentas públicas
En materia económica, Feijóo se compromete a actualizar las pensiones conforme al IPC y a convocar el Pacto de Toledo para abordar la sostenibilidad del sistema público. También considera razonable el horizonte de jubilación a los 67 años y defiende compatibilizar el trabajo con el cobro de una parte de la pensión. Respecto al gasto en defensa, evita comprometerse con el objetivo del 5% del PIB exigido por Donald Trump. El candidato popular condiciona cualquier decisión a una auditoría de las cuentas públicas cuando llegue al Gobierno. "Yo no voy a gastar lo que no tengo ni voy a recortar los servicios públicos esenciales", asegura. Pese a ello, se muestra crítico con la no aprobación de Presupuestos del Ejecutivo.
En cuanto a las recientes crisis migratoria y ferroviaria de Ceuta y Urda, respectivamente, el presidente del PP también acusa al Gobierno de negligencia en ambos casos. Reclama que se desclasifique la información del CNI sobre lo ocurrido en la ciudad autónoma y defiende que el ministro Óscar Puente tardó demasiado en dimitir, por lo que rechaza las comparaciones con la gestión de Carlos Mazón durante la DANA de Valencia. Sobre el futuro político del expresidente valenciano y su posible presencia en las listas electorales, se limita a señalar que el PP hablará de ello más adelante.




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