El precio de bajar impuestos: la factura pendiente de PP y Vox para sostener los servicios públicos

Bajar impuestos es una de las promesas más recurrentes de los partidos de derechas. El Partido Popular y Vox han convertido la reducción de la presión fiscal en una de sus principales banderas políticas desde su nacimiento, con el argumento de que los ciudadanos deben disponer de más dinero en sus bolsillos y de que las administraciones públicas tienen que reducir su tamaño y gasto. Rebajas del IRPF, bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, reducción de impuestos autonómicos, eliminación de tasas y otras ventajas fiscales forman parte de un discurso que presenta la bajada de impuestos como una medida beneficiosa para todos. Sin embargo, detrás de cada rebaja fiscal hay una cuestión que pocas veces ocupa el mismo espacio en los anuncios electorales: ¿cómo se compensan los ingresos que dejan de llegar a las arcas públicas?

Los impuestos no son únicamente una obligación económica para los contribuyentes. Constituyen también la principal fuente de financiación de los servicios que sostienen el Estado del bienestar: la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales, el transporte público y las políticas de vivienda, entre otros. La discusión, por tanto, también contempla a quién benefician esas reducciones, qué ingresos pierde la Administración y qué consecuencias puede tener para el conjunto de la población.

Una promesa electoral con letra pequeña

Entre las medidas más habituales del PP y Vox se encuentran la reducción de los tramos autonómicos del IRPF, la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, la supresión o rebaja del impuesto sobre el patrimonio y distintas deducciones fiscales. También defienden ajustes en el IVA y otras figuras tributarias para aliviar la carga económica de familias, autónomos y empresas. En junio de 2025, por ejemplo, el Congreso aprobó una iniciativa impulsada por Junts y respaldada por PP y Vox que reclamaba una rebaja generalizada de impuestos. Entre las medidas figuraban la reducción del impuesto de sucesiones, la actualización del IRPF para compensar la inflación, mayores deducciones para autónomos y rebajas del IVA en determinados servicios funerarios y de atención a la dependencia.

En el ámbito autonómico, donde se gestionan competencias fundamentales como la sanidad, la educación y los servicios sociales, estas políticas adquieren especial relevancia. Allí donde gobiernan, los partidos de derechas suelen presentar las rebajas fiscales como una herramienta para atraer inversiones, estimular la actividad económica y aumentar la renta disponible de los ciudadanos. La Comunidad de Madrid constituye uno de los principales escaparates de esta estrategia. La reducción de impuestos sobre el patrimonio, las sucesiones y el tramo autonómico del IRPF ha sido una constante de sus gobiernos del PP. Andalucía también ha seguido una política de bonificaciones fiscales en diferentes tributos. Ambas comunidades ejemplifican una apuesta por competir fiscalmente con otros territorios, aunque el debate sobre el coste de estas decisiones para las cuentas públicas nunca termina.

Menos ingresos, más presión sobre los presupuestos

El problema aparece cuando se analiza el reverso de estas medidas. Cada impuesto que se reduce supone, en principio, una menor cantidad de recursos disponibles para financiar las políticas públicas. Si esa pérdida no se compensa mediante otras fuentes de ingresos, una mayor actividad económica o una reducción de otros gastos, las administraciones tienen que ajustar sus presupuestos, y el margen no es ilimitado. Las comunidades autónomas concentran buena parte de la responsabilidad sobre servicios esenciales que requieren financiación estable y creciente. Mantener hospitales, centros de salud, colegios, residencias, servicios de atención domiciliaria o programas de protección social exige recursos humanos, materiales e infraestructuras.

Los datos del sistema sanitario permiten entender la dimensión del desafío. Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud de 2024, el gasto sanitario gestionado por las comunidades autónomas tiene como principal componente las retribuciones del personal, que representan el 45,8%. Los servicios hospitalarios y especializados concentran, por su parte, el 62,9% del gasto desde la clasificación funcional. No se trata de partidas que puedan reducirse fácilmente sin repercutir en la atención que recibe la ciudadanía.

La consecuencia de una financiación insuficiente no siempre se traduce en un recorte presupuestario anunciado, sino que también puede manifestarse de forma más silenciosa: listas de espera más largas, dificultades para contratar profesionales, centros educativos masificados, menor cobertura de servicios sociales o retrasos en la concesión de ayudas a la dependencia. Es decir, los servicios públicos pueden deteriorarse sin que exista una decisión explícita de cerrar hospitales o reducir plazas escolares. Basta con que sus recursos crezcan por debajo de las necesidades reales de la población.

El coste de los beneficios fiscales

La pérdida de recaudación no es una hipótesis abstracta. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha advertido en sus evaluaciones sobre el coste de oportunidad de los beneficios fiscales, es decir, los recursos que las administraciones dejan de ingresar al aplicar exenciones, bonificaciones y deducciones. En uno de sus estudios analizó 13 beneficios fiscales cuyo coste ascendía a 35.000 millones de euros, y reclamó evaluar si realmente cumplen los objetivos económicos y sociales para los que fueron diseñados. En el caso de las comunidades autónomas, el debate es especialmente significativo: un análisis de FEDEA sobre las finanzas regionales muestra que los ingresos tributarios autonómicos alcanzaron los 106.648 millones de euros en 2025, mientras que los gastos netos superaron los 250.000 millones. La diferencia se explica, en buena medida, por las transferencias procedentes de otras administraciones. Esto evidencia que la financiación autonómica no depende exclusivamente de los impuestos que recauda cada comunidad, sino también de los mecanismos de solidaridad y redistribución territorial.

Aquí aparece otra contradicción del discurso fiscal de la derecha: los gobiernos autonómicos pueden reducir sus propios ingresos tributarios y, al mismo tiempo, seguir dependiendo de los recursos transferidos por el Estado para sostener sus competencias. En otras palabras, parte de la financiación de los servicios públicos puede terminar descansando sobre la recaudación obtenida en el conjunto del país.

¿Quién gana y quién pierde con las rebajas?

También importa quién se beneficia realmente de las bajadas de impuestos. No todas las medidas fiscales tienen el mismo impacto distributivo. Una reducción del IRPF puede favorecer a distintos perfiles de contribuyentes, dependiendo de los tramos afectados, mientras que las bonificaciones en sucesiones o patrimonio suelen tener un impacto más directo sobre quienes reciben herencias o poseen determinados niveles de riqueza.

Por eso, presentar cualquier rebaja fiscal como un beneficio generalizado para toda la población simplifica una realidad mucho más compleja. Una familia con ingresos bajos puede obtener un ahorro reducido, mientras que otra con rentas elevadas o un patrimonio considerable puede conseguir ventajas económicas mucho mayores. Además, cuando se debilitan los servicios públicos, quienes tienen más capacidad económica pueden recurrir a alternativas privadas: seguros sanitarios, colegios privados, residencias o servicios de atención particulares. Los hogares con menos recursos, en cambio, dependen mucho más de la calidad y disponibilidad de los servicios públicos. Así, una política fiscal que reduce ingresos sin garantizar una financiación alternativa puede terminar aumentando las desigualdades.