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Los profesores universitarios que han ido a la huelga esta semana lo hacen por distintos motivos que alcanzan desde el aspecto económico, en el que afean la infrafinanciación hacía el servicio universitario, hasta la represión policial que algunos docentes o estudiantes han sufrido en las últimas semanas.
En el primero de los puntos, la comunidad educativa apunta tanto al acuerdo que firmaron los rectores de las seis universidades públicas (Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos) y la región madrileña, como a los nuevos presupuestos de la administración Sol, anunciados hace unos días por la Comunidad de Madrid.
Dentro de sus críticas, destacan un nombre propio, el del programa María Goyri, un programa que, explican fuentes de las Plataforma de las Universidades Públicas de Madrid a El Plural, “crea una serie de plazas para todas las comunidades autónomas de España”. “Dio lugar a polémica porque lo quisieron rechazar las regiones gobernadas por el PP”, sostienen la voces que hablan con este periódico.
El quid de la cuestión, dicen, está en que “son ayudas que aparecen en el presupuesto como propias”, pero están “organizadas, planificadas y desarrolladas en su capital por el Gobierno de España”. “Nos parece una broma que las pongan como propias cuando obedecen a una ayuda estatal”, afean.
“El presupuesto para las universidades sigue, aparentemente, el plan aprobado con los rectores”, indican, aseverando que, en cualquier caso, las cuentas “se quedan cortísimas”. Según las estimaciones de las plataformas, si bien la administración de Díaz Ayuso ha anunciado un aumento presupuestario del 14% (180 millones más tras el mencionado acuerdo), la financiación básica no sube más de un 5% y 35,4 millones de euros “compensan subidas salariales”, con lo que no se trata de un dinero que vaya directamente a “mejorar la universidad”. Estas son algunas de las situaciones que lamentan las plataformas, que han llevado a cabo un estudio que demostraría la “asfixia” de los centros universitarios que contiene estos y otros datos.
Programa María Goyri
El pasado mes de julio, el Gobierno aprobaba autorizar una transferencia por valor cercano a 150 millones de euros a través del programa María Goyri “para financiar la incorporación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas españolas en 2026”. Se trata, concretaba en aquel momento el Ejecutivo, de una inversión que el Gobierno de España “realiza en las universidades públicas de todos el país, a través de las comunidades autónomas, para la contratación de 3.400 profesores/as ayudantes doctor".
En la nota del verano pasado se concretaba que ese número de docentes ya se habían contratado y que se financiarían durante seis años. Asimismo, el Gobierno de España estimaba que las comunidades autónomas habían contratado alrededor de 300 plazas en el momento de publicación del comunicado, teniendo de plazo para llevar a cabo las contrataciones hasta el curso 2027-2028.
La iniciativa, destacaban desde Moncloa, se había puesto en marcha en 2024 para incorporar un total de 5.638 profesionales de manera progresiva hasta 2028, un 70% más, según sus cálculos, de los que había en 2023-2024.
Presupuesto de la Comunidad de Madrid
Las plataformas destacan, por lo tanto, que “la subida salarial, que viene asimismo dictada por el Gobierno de España, la sitúan como propia". Además, proyectan, “se desploma una compensación que realiza la Comunidad de Madrid a las becas y ayudas que dan las propias universidades”.
En resumen, la subida real “se queda en un tercio de lo emitido”. “Las cantidades no se aplican a la financiación básica. Es decir, ni a subir salarios, ni a garantizar infraestructuras, ni a modernizar, ni lanzar nuevos títulos, sino a partidas de incentivos”, apostillan.
La Comunidad de Madrid celebra un incremento de sus recursos hasta los 7.740,3 millones (+11,2%), “con las universidades públicas alcanzando 1.420,1 (+14,6), 180 millones de euros más tras el modelo acordado por el Gobierno regional con todas ellas este año”. “A ello se suman 16,6 millones para becas y ayudas universitarias (+7%), mientras que el Programa María Goyri para la contratación de talento investigador y docente crece 11,9 millones, hasta llegar a 18,7 (+175%)”, apuntala la región.
La administración Sol aplaude que “la inversión en centros educativos públicos se dispara un 19,4%, hasta los 136,4 millones”, con el objetivo de “seguir construyendo y ampliando infraestructuras escolares y aplicar el plan de mejora de la climatización y la accesibilidad”. También pone de manifiesto que las becas y ayudas al estudio no universitarias marcan un nuevo récord con 283,8 millones (+27,2)”.
“Por su parte, la I+D aumenta un +9,2%, con 16,6 millones más, para impulsar la investigación, la atracción de talento y la transferencia de conocimiento, en el marco de la que será la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que sustituirá a la norma vigente desde 1998”, asevera en el aspecto universitario.
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