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Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid se encuentran en huelga. Los motivos de su parón van desde la cuestión económica a la represión policial, pasando por los constantes intentos de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso o de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, de desprestigiar al profesorado y alumnado que en las últimas semanas ha llevado acciones, en su caso a niveles no universitarios con la excepción de la Complutense (UCM), y la Rey Juan Carlos (URJC), que se sumaron a la huelga indefinida que empezaba el 14 de octubre.
Desde el punto estrictamente económico, fuentes de la Plataforma de las Universidades Públicas de Madrid se refieren al acuerdo que el gobierno regional calificó de “histórico” entre la lideresa regional y los rectores de los seis centros universitarios de carácter público del territorio: Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos.
Aquella firma rubricaba el nuevo modelo de financiación elaborado por la administración de la Puerta del Sol, según el cual las universidades obtendrían 14.790,7 millones de euros entre el periodo 2026-2031. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, a menos a ojos de los convocantes de la huelga y de quienes la secundan.
Voces de la mencionada plataforma, que aglutina el conjunto de universidades públicas de la Comunidad de Madrid, sostienen que lo calificaron de “histórico” porque llevaban mucho tiempo sin ninguna subida más relevante. “Celebraban que por fin existe un plan plurianual, de cinco años, en el que se sabía el dinero del que disfrutarían las universidades (…) Cuando la realidad es que la región no va a subir todo lo que apareció en el acuerdo porque una parte muy importante de ese montante no lo pone la Autonomía”, definen.
Así, contemplan que “siendo muy generosos, la subida es de entre un 0,2 y un 0,4%”. “Y decían que daría estabilidad -el acuerdo- porque se sabría el dinero que las universidades podrían gastarse y demás, pero a las pruebas nos remitimos”, dictan, haciendo referencia al préstamo que, según adelantaba esta semana El País, la URJC había pensado solicitar a la Comunidad de Madrid para evitar el colapso financiero.
La ‘letra pequeña’ de los presupuestos
Las plataformas desgrana también los presupuestos para 2027 anunciados hace unos días por la Autonomía capital. Las cuentas, del mismo modo “históricas” a ojos de la parte que las aprueba, “consolidan los recortes que llevan años asfixiando a las universidades públicas”.
Atendiendo a un estudio de las plataformas, si bien la administración de Díaz Ayuso ha anunciado un aumento presupuestario del 14 % (180 millones más tras el acuerdo anteriormente mencionado), la financiación básica aumenta únicamente en un 5%. Este dinero, que “sostiene nóminas y funcionamiento ordinario”, apenas crece un tercio realmente de lo anunciado, según los manifestantes. Concretamente, mirando sus cuentas, esta ‘partida’ sube 58,3 millones o, lo que es lo mismo, un 5%.
Asimismo, afean que 35,4 millones de euros “compensan subidas salariales”, un dinero que “no es para mejorar la universidad”, según quienes llaman a la huelga, sino “para pagar lo mismo con salarios actualizados”. En una línea similar, reprochan que aproximadamente la mitad del aumento “son fondos finalistas, condicionados o transitados” que “no se consolidan”. Esta cuantía la dividen en fondos de convergencia, adicional, financiación por objetivos, el Programa María Goyri, “cofinanciado con el Estado”, y otras inversiones. “Este programa -el María Goyri- sirve para contratar Personal Docente e Investigador (PDI), pero no es financiación básica estable”, establecen.
En última instancia y de manera resumida, quienes respaldan la huelga aluden a la caída de una partida -hasta apenas el medio millón de euros- de la que “salía la compensación a becas ministeriales de matrícula y por las bonificaciones y exención de precios públicos”. “Su importe”, emiten, “podría quedar pendiente de un nuevo Plan Estratégico de subvenciones, ya que el anterior terminó en 2026”. En resumen, proyectan que la Comunidad de Madrid “sigue sin consolidar la financiación básica (…)”. “Gastos permanentes como las subidas salariales o la contratación de personal se pagan con partidas finalistas o transitorias y eso pone en riesgo el funcionamiento futuro de nuestras universidades”, insisten.
Las universidades públicas madrileñas dicen que “la financiación básica de todas ellas crece exactamente un 5% en 2027, con una inflación esperada del 4,9%, según el IPC de septiembre”, mientras señalan que Madrid es “la región más rica de España” y la deuda pública madrileña “una de las más bajas del país”.
“La Ley Orgánica del Sistema Universitario fija como objetivo destinar el 1 % del PIB a la universidad pública. Con las previsiones de la propia Comunidad (crecimiento real del 2,3 %) y una inflación conservadora del 3,3 %, el gasto en las universidades públicas madrileñas se quedará estancado en el 0,39 % del PIB en 2031”, expresan. Ante este escenario, las plataformas proponen “una senda alternativa para llegar al 1% en 2031” que contempla “aumentar el esfuerzo 0,13 puntos porcentuales del PIB cada año”. “En 2027 supondría 362 millones de euros más de lo presupuestado, una cifra perfectamente asumible en el contexto económico de la región”, según sus cálculos.
Las cuentas de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid celebra un incremento de sus recursos hasta los 7.740,3 millones (+11,2%), “con las universidades públicas alcanzando 1.420,1 (+14,6), 180 millones de euros más tras el modelo acordado por el Gobierno regional con todas ellas este año”. “A ello se suman 16,6 millones para becas y ayudas universitarias (+7%), mientras que el Programa María Goyri para la contratación de talento investigador y docente crece 11,9 millones, hasta llegar a 18,7 (+175%)”, apuntala la región.
La administración Sol aplaude que “la inversión en centros educativos públicos se dispara un 19,4%, hasta los 136,4 millones”, con el objetivo de “seguir construyendo y ampliando infraestructuras escolares y aplicar el plan de mejora de la climatización y la accesibilidad”. También pone de manifiesto que las becas y ayudas al estudio no universitarias marcan un nuevo récord con 283,8 millones (+27,2)”.
“Por su parte, la I+D aumenta un +9,2%, con 16,6 millones más, para impulsar la investigación, la atracción de talento y la transferencia de conocimiento, en el marco de la que será la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que sustituirá a la norma vigente desde 1998”, concluye en el aspecto universitario.
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