El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. EP.
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La sanidad pública andaluza sigue acumulando problemas de personal, demoras asistenciales y reclamaciones por parte de profesionales y pacientes. Mientras esta situación continúa sin encontrar una respuesta suficiente ni una solución a largo plazo, el Gobierno de Moreno Bonilla anuncia nuevas iniciativas como la plataforma digital Andatauro, destinada a la promoción, gestión y difusión de la tauromaquia. El contraste entre ambas realidades es evidente y obliga a plantear una pregunta inevitable: ¿dónde está esa capacidad de planificación y de inversión de la Junta cuando se trata de resolver las carencias del sistema sanitario público?
No se trata de comparar ámbitos de naturaleza distinta, sino de exigir responsabilidades sobre la gestión de los recursos y la fijación de prioridades del Gobierno andaluz. Los ciudadanos necesitan centros de salud con profesionales suficientes, hospitales capaces de responder a la demanda y pruebas diagnósticas en plazos razonables. En este escenario, cabe destacar por qué no se destinan de manera prioritaria los fondos necesarios a la sanidad pública, por qué no se incrementa el número de sanitarios y por qué no se reducen las listas de espera que siguen lastrando la calidad de vida de miles de familias.
El contraste institucional quedó patente cuando el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, anunció hace unos días la creación de Andatauro. Esta futura plataforma digital oficial incluirá una aplicación web y móvil para informar, promocionar y gestionar la actividad taurina andaluza, además de digitalizar las actas de los festejos a partir de la temporada de 2027.
Por el contrario, la realidad sanitaria en Andalucía muestra un panorama muy diferente. En Málaga, el informe Diagnóstico Málaga 2026, elaborado por el Colegio de Médicos, alerta severamente de las necesidades de profesionales e infraestructuras de la provincia. Entre sus estimaciones figura la necesidad de alrededor de 900 médicos y 43 centros de salud adicionales para alcanzar las ratios nacionales. Estas cifras, atribuidas a la propia organización profesional, evidencian la dimensión del desafío e invitan a preguntar qué objetivos concretos y qué plazos se ha marcado la Junta de Andalucía para reducir tales carencias.
La dificultad para cubrir plazas médicas en la Atención Primaria también queda reflejada en denuncias recientes. El sindicato CCOO informó de una resolución del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce que contemplaba la incorporación de 28 profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria y una pediatra admitida sin la especialidad MIR para cubrir temporalmente vacantes y sustituciones de larga duración. La cuestión no es responsabilizar a los profesionales que aceptan estos puestos para sostener el servicio, sino averiguar por qué resulta tan difícil atraer y retener especialistas en el sistema público.
Las complicaciones de gestión no se limitan a la atención primaria y se extienden a la red hospitalaria de diversas provincias. En Sevilla, el comité de empresa del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, integrado por CCOO y el Sindicato Médico Andaluz, ha denunciado este mes la falta de personal y la sobrecarga asistencial en Urgencias.
Por su parte, en la comarca de la Axarquía, distintas organizaciones han reclamado transparencia sobre el presunto uso de reactivos caducados o que habrían perdido estabilidad en el laboratorio del Hospital Comarcal, unos hechos que el sindicato CSIF ya habría trasladado a la Fiscalía Provincial de Málaga en marzo. Son situaciones diferentes, pero comparten una exigencia ciudadana: que la Administración informe con transparencia, investigue las posibles deficiencias y corrija aquellas que se confirmen de forma inmediata.
A esta falta de certidumbre se suma el debate sobre la gestión de los fondos públicos. En Almería, el PSOE denunció que alrededor de 25 millones de euros se están destinando a sufragar la atención de pacientes en tres clínicas privadas de la Región de Murcia, al mismo tiempo que sostiene que el Hospital La Inmaculada sufre falta de especialistas y mantiene equipos sin utilizar. La cifra y el alcance de esta denuncia exigen una aclaración detallada por parte de la Junta. La pregunta es pertinente: ¿qué pasos se están dando para reforzar los hospitales públicos andaluces y reducir la necesidad de recurrir a centros privados de otras comunidades autónomas?
La transparencia en la información pública es otro aspecto clave para medir la eficacia de la gestión. La resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que dio al Servicio Andaluz de Salud diez días hábiles para responder a una solicitud de información sobre las listas de espera para pruebas diagnósticas presentada un año antes, pone de manifiesto la lentitud del sistema a la hora de rendir cuentas. Los pacientes tienen derecho a conocer cuánto pueden tardar en acceder a un diagnóstico. Sin información completa y detallada, resulta imposible evaluar la situación real y comprobar si los planes anunciados por la Junta están ofreciendo resultados.
A todas estas dificultades se añade un creciente conflicto laboral con el colectivo médico. El Sindicato Médico Andaluz ha anunciado una huelga indefinida a partir del 13 de noviembre, estructurada en tres semanas iniciales de paros de 24 horas, para exigir que e Gobierno de Moreno Bonilla concrete y cumpla las mejoras laborales y retributivas acordadas. El sindicato denunció la falta de un calendario de aplicación claro y expresa su preocupación por que algunas medidas no estén garantizadas en las cuentas presupuestarias.
Las condiciones laborales de los facultativos influyen directamente en la capacidad de los centros para cubrir puestos vacantes, mantener equipos estables y prestar una asistencia adecuada. La negociación no puede quedarse en compromisos formales que no se materialicen en el día a día de los centros sanitarios.
El conjunto de estas situaciones plantea una cuestión de fondo: la sanidad pública andaluza necesita respuestas que vayan más allá de los anuncios coyunturales o las medidas de urgencia. Se requiere una estrategia integral para cubrir vacantes, reforzar la Atención Primaria, reducir las demoras en pruebas y consultas, garantizar la seguridad asistencial y mejorar las condiciones de los profesionales.
Garantizar una sanidad pública accesible, eficiente y de calidad es una de las responsabilidades esenciales de cualquier Gobierno autonómico. Cuando una persona necesita atención médica, lo que espera es ser atendida a tiempo y contar con profesionales disponibles. Esa es la medida real con la que debe evaluarse la gestión de Moreno Bonilla, y esa es la explicación que su Gobierno debe a la ciudadanía: qué pasos concretos va a dar para solucionar las carencias, en qué plazos lo hará y qué resultados reales pueden esperar los andaluces.
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