La vía legal y la Constitución, los recursos del Ministerio y asociaciones culturales ante el veto "ideológico" de Vox y PP al cine

Desde que se conformaron los pactos de gobiernos de coalición municipales y autonómicos tras las elecciones de 2023, el Partido Popular y Vox impulsaron en distintos puntos del país diversas medidas a nivel cultural que pasaron por cancelar proyecciones de películas a obras de teatro. Un escenario que, ni mucho menos, ha quedado atrás con el paso del tiempo, teniendo su ejemplo más reciente en Castilla y León. 

La Consejería de Cultura del Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco, a cargo de José Alberto Díaz Pico (Vox), emitió esta semana una Orden con la que plantea vetar películas y otros proyectos audiovisuales que “impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyen a opciones políticas concretas” en materia de financiación de producción y distribución de largometrajes y pilotos de series. 

Aunque la orden de la dirección de Vox en Cultura no especifica en su texto a qué se refiere con "adoctrinamiento ideológico", sí que suscriben que los contenidos deben basarse en “el respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general”. 

Del Ministerio de Cultura a asociaciones del sector: las vías a explorar para frenar la censura

Un anuncio que se ha terminado extrapolando al conjunto del país, generando reacciones en contra que superan el ámbito meramente político. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, avanzó esta semana que recurrirá a los tribunales la orden emitida por el Gobierno de PP y Vox por “tratar de condicionar las ayudas que se dan a la creación” por ser “una forma de censurar” que no tolerará. “Quiero ser muy firme y tengo un mensaje muy claro para el gobierno de Castilla y León, para el PP y para Vox: no lo pienso tolerar mientras yo sea ministro de Cultura”, dejó en claro este miércoles. Tras estudiar las órdenes de Cultura de la Junta autonómica, el Ministerio sostiene que existen indicios de “afectación a la libertad de creación y expresión, así como riesgos de censura y arbitrariedad”. 

Cultura o censura. Esto también es lo que nos jugamos el 29N.

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— Ernest Urtasun (@ernesturtasun.bsky.social) 21 de octubre de 2026 a las 16:46

Y es que la polémica, debido a su calado social y de libertad de expresión artística, se ha extrapolado a asociaciones culturales como son la Plataforma del Audiovisual de Castilla y León y la delegación de CIMA Mujeres Cineastas han expuesto su “profunda preocupación” por este ya conocido “adoctrinamiento ideológico”. 

Según recogió esta semana Cadena Ser, el colectivo sostiene que el mero hecho de recoger las palabras “adoctrinamiento ideológico” en la Orden de la Junta vulnera lo suscrito en la Constitución Española, así como la Ley General de Subvenciones y la propia Ley del Cine, ambas estatales, al no respetar los fundamentos de la libertad de expresión y la artística, también de transparencia e igualdad.

Añaden así que la dotación económica para este ámbito es de las más reducidas del país con 325.000 euros, situando como ejemplo de comparación lo que se destina en Cataluña, con más de 46 millones de euros o Galicia con siete millones. Debido a este escenario, han planteado reunirse con la Consejería de Cultura de Vox para también abordar la escasa financiación al sector e intentar negociar que la evaluación de proyectos no se deje influenciar por la orientación ideológica u opiniones políticas de sus autores.

La Seminci de Valladolid, también en el foco

Pero no sólo es la Orden sobre los proyectos audiovisuales, sino que Castilla y León también atiende con preocupación bajo este marco a la celebración de la Semana Internacional del Cine de Valladolid, más popularmente conocida como Seminci, que arrancó este viernes en su 71º edición. 

Sobre esta, la ministra de Igualdad y natural de la capital vallisoletana cuestionó el fondo y la forma de la doctrina cultural de Vox: “Los que se dicen defensores de la libertad, en cuanto tocan poder, censuran la libertad artística y de creación”, augurando y lamentando a la par que estas políticas, de entrar en vigor, serían el principio del fin de proyectos como Seminci. 

Y es que sus efectos ya se han hecho de notar, porque en la misma Valladolid esta semana quedó cancelada una obra de Federico García Lorca en el Centro Cultural Miguel Delibes, prevista para el sábado 24 de octubre,  por “motivos logísticos”.

PP y Vox defienden la Orden de la Junta

Volviendo al fondo y la forma del planteamiento de Vox en la Junta, cabe tener en cuenta que esta decisión viene de lejos, puesto que el consejero lleva meses, desde la constitución del último gobierno de coalición autonómico el pasado mes de junio, defendiendo que la cultura en Castilla y León es “sectaria” y ha sido sometida en los últimos años a la ideología de la “progresía”, queriendo dar un vuelco a esta situación. 

Debido a la polémica suscitada en el plano político más allá de las fronteras autonómicas, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, salió en defensa de estas ayudas siempre y cuando no se concedan a aquellos proyectos con “condicionantes ideológicos”, negando que exista veto alguno en Castilla y León y culpando a la izquierda de haber instaurado “una asociación entre cultura y dominio de esa cultura” en los últimos años.

Incluso los populares en la Junta fueron un paso más allá en defensa de la iniciativa de Vox. El consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo de Mañueco, Carlos Fernández Carriedo, defendió en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el jueves que buscan garantizar “la libertad” de creación y la calidad de los proyectos “sin imposiciones ideológicas”: “Nos inspira la libertad y la calidad en toda producción artística: la libertad a la hora de crear, a la hora de expresar y calidad en todo lo que podamos ofrecer”. 

En estos términos, Carriedo resumió la actuación de la Junta en “los principios de libertad, eficiencia y austeridad, rechazando cualquier intento de imponer sesgos ideológicos”. Motivo por el cual, anunció que la Orden establecerá una comisión de expertos que ponderará las solicitudes en aras de que sean aptas y no incluyan los señalados “adoctrinamientos ideológicos” contra los que marcha Vox.