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La historia del campo de golf del Canal de Isabel II tiene dos planos que se entrecruzan: el de una decisión política que impulsó Esperanza Aguirre durante su etapa al frente de la Comunidad de Madrid y el de una serie de contratos públicos que hoy se encuentran bajo el escrutinio judicial. Por ello, la declaración de la expresidenta madrileña en el juicio del caso Lezo vuelve a situar bajo el foco una infraestructura concebida durante su mandato y unas adjudicaciones que la Fiscalía considera irregulares. La iniciativa política, las decisiones administrativas y el supuesto beneficio a familiares de Ignacio González dibujan una cadena de responsabilidades que la justicia debe delimitar.
La expresidenta ha reivindicado la autoría de la idea, pero ha negado haber intervenido en las adjudicaciones investigadas. Esa separación entre el impulso inicial y la ejecución contractual constituye el centro de una controversia que vuelve a ocupar la actualidad con el juicio del caso Lezo. En este caso importa quién transformó esa propuesta en un proyecto concreto, quién decidió cómo debían ejecutarse las obras, quién autorizó las modificaciones contractuales y quién terminó recibiendo dinero público por los trabajos.
De la idea política a la obra pública
El origen del proyecto se remonta a una propuesta que Aguirre ha explicado públicamente a partir de una experiencia personal. Durante un viaje a Tokio, según relató ante la Audiencia Nacional el jueves 22 de octubre de 2026, le llamó la atención la presencia de campos de prácticas de golf dentro de la ciudad. Años después, ya como presidenta regional, defendió trasladar aquella idea a los terrenos del Canal de Isabel II en Chamberí. Su argumento era que el espacio podía aprovecharse para ofrecer instalaciones deportivas a los vecinos en lugar de mantener el uso anterior. La expresidenta ha sostenido que el proyecto contemplaba, además del golf, campos de fútbol siete, béisbol, una pista de atletismo, zonas infantiles y pistas de pádel. Esa era la propuesta inicialmente, según explicó.
Sin embargo, la conveniencia de construir las instalaciones, la legalidad de los procedimientos empleados para hacerlo y la ejecución final del proyecto son cuestiones distintas. Los tribunales anularon decisiones administrativas relacionadas con la construcción y su justificación por razones de interés general. En 2013, el Tribunal Supremo confirmó la ilegalidad de la instalación en el marco de los litigios urbanísticos, y en 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid volvió a rechazar una maniobra destinada a legalizarla.
Quién tomó las decisiones sobre los contratos
Aunque el Canal de Isabel II pertenecía a la Comunidad de Madrid, la gestión correspondía a los órganos directivos de la empresa pública. En su declaración, Aguirre aseguró que no participó en las adjudicaciones ni recibió de Ignacio González, su sucesor, o de Ildefonso de Miguel, entonces director gerente del Canal, información detallada sobre las obras. Aguirre también recordó la relación política y profesional que había mantenido durante años con González, quien fue uno de sus colaboradores más cercanos antes de sucederla en la Presidencia regional.
La investigación se concentra en decisiones posteriores al impulso político inicial. Según la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, en 2004 se modificó sustancialmente un contrato de obras adjudicado a una empresa sin convocar un nuevo concurso, pese a que los cambios introducidos habrían exigido una nueva licitación. La acusación sostiene que se condicionó la adjudicación a que la constructora subcontratara determinados trabajos con Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, conocida como TCT. La relevancia de esa empresa reside en sus socios: José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Los dos últimos son, respectivamente, hermano y cuñado de Ignacio González. Para los investigadores, esa conexión familiar es esencial para comprender el supuesto propósito de las decisiones contractuales. Los acusados niegan los hechos y la responsabilidad penal deberá determinarse judicialmente.
Dos contratos bajo sospecha y una cadena de subcontrataciones
El procedimiento judicial analiza dos operaciones diferentes, aunque conectadas por la misma infraestructura. La primera se refiere a las obras. El contrato original contemplaba trabajos de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento de la cubierta del tercer depósito del Canal. Según la investigación, la modificación posterior del proyecto permitió encargar nuevos trabajos a la constructora sin abrir una nueva licitación y favoreció la participación de TCT.
La Fiscalía sostiene que esta empresa obtuvo un beneficio aproximado de 381.000 euros mediante su intervención en los trabajos, pese a que, según la acusación, carecía de capacidad para ejecutarlos directamente y recurrió a otras compañías para llevarlos a cabo.
La segunda operación afecta a la gestión y explotación de las instalaciones deportivas. En 2006, el Canal adjudicó el servicio a una unión temporal de empresas. Posteriormente se constituyó Green Canal Golf, que subcontrató a TCT el mantenimiento del césped por 9.875 euros mensuales. TCT, a su vez, encargó el servicio a otra compañía, Onlygolf, por 7.941 euros al mes. La diferencia entre ambos importes es uno de los elementos examinados en la causa: la acusación considera que esa intermediación generó un beneficio aproximado de 123.752 euros sin una justificación suficiente. Sumadas ambas operaciones, el beneficio atribuido a TCT asciende a unos 504.780 euros, según las cifras recogidas en la investigación judicial y en las informaciones sobre el procedimiento.
Ignacio González, en el centro de la acusación
El protagonismo judicial corresponde ahora a Ignacio González, que presidió la Comunidad de Madrid después de Aguirre y ocupó responsabilidades relevantes en el Canal de Isabel II durante la etapa en la que se desarrollaron los hechos investigados.
Junto a él están acusados Ildefonso de Miguel y los tres socios de TCT. La Fiscalía Anticorrupción solicita para los acusados seis años de prisión por presuntos delitos de cohecho, con las correspondientes atribuciones de autoría o cooperación necesarias según la posición de cada uno, además de una multa de 550.000 euros. La acusación sostiene que la contratación permitió beneficiar a los familiares de González mediante una estructura de adjudicaciones y subcontrataciones.
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