Lezo devuelve a Ignacio González al banquillo por el negocio del golf del Canal de Isabel II

El expresidente de la Comunidad de Madrid del Partido Popular, Ignacio González, se sentará esta mañana en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional por una de las piezas del caso Lezo, concretamente la pieza número 2. El juicio examinará presuntas irregularidades en las adjudicaciones vinculadas al campo de golf del Canal de Isabel II, una empresa pública madrileña. La Fiscalía pide para González una pena de 6 años de prisión. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva la petición para el expresidente a 16 años de prisión.

En plena precampaña, y con el PP de Alberto Núñez Feijóo tratando de meter en el centro del debate político la corrupción del PSOE, al líder del PP la Justicia le pone el espejo de la corrupción de su partido frente a la cara. Durante toda la precampaña podremos asistir al juicio que versa sobre los contratos adjudicados en torno a las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II.

Beneficiar a sus familiares

Según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, los representantes del Ministerio Público consideran que se favoreció la contratación de una empresa relacionada con el hermano y el cuñado de González, que también figura entre los acusados, pese a que presuntamente carecía de capacidad para ejecutar los trabajos contratados. La acusación sostiene que la empresa habría obtenido 504.780 euros a través de su intervención en dos concursos. 

González se sentará en el banquillo para investigar si benefició a sus familiares en las adjudicaciones de la empresa pública de aguas de Madrid para su campo de golf. Además, también se sentarán con él el gerente de la empresa entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, y los socios de la firma TCT José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, hermano y cuñado del expresidente.

De hecho, estos dos últimos enfrentan acusaciones por tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa, cohecho y fraude a las administraciones públicas, derivadas de la obtención, entre 2006 y 2012, de un beneficio cercano a medio millón de euros, obtenido a través de los fondos públicos destinados a los dos concursos en cuestión, pese a ser una entidad -TCT- "sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados". Sobre ello, el juez García Castellón ya adelantó que “dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos”.