El juicio por el bautizado por la Guardia Civil como caso Lezo arranca este lunes, diez años después de que el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional abriera las pesquisas como consecuencia de una querella de la Fiscalía Antiocorrupción.
El banquillo, precisamente de la Audiencia Nacional, será testigo del primer juicio que juzga la compra en 2001 por parte del Canal de Isabel II de la empresa colombiana Inassa con un sobrecoste de hasta 29 millones de euros.
Ignacio González, un juicio a partir de octubre y dos en 2027
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González aparece como uno de los principales acusados en esta macrocausa, que investiga el presunto pago de mordidas a través de la gestión de la empresa pública que gestiona las aguas y que llegó a dividirse en ocho piezas.
El que fuera vicepresidente de la Autonomía entre 2003 y 2012, cuando se desarrollaron los hechos analizados, se sentará en el banquillo en poco más de un mes, momento en el que se celebre la vista oral sobre la adjudicación y gestión del campo de golf del Canal de Isabel II. El juicio por este asunto empezará el próximo 13 de octubre y, entonces sí, González, para quien la Fiscalía pide ocho años de prisión y 19 de inhabilitación por los delitos de fraude a la Administración y malversación de caudales públicos, centrará todas las miradas.
En su caso, tendrá que enfrentarse además a otros dos juicios ya el año que viene. Una de las piezas tiene que ver con la adquisición de la empresa brasileña Emissao por parte de la compañía de aguas, y la otra con el contrato del tren Móstoles-Navalcarnero. El inicio de estos juicios tendrá lugar el 12 de enero y el 28 de junio, respectivamente.
Qué se juzga desde este lunes
En lo que se refiere al juicio que empieza este lunes y se prevé que termine el 8 de octubre, la Sección 2 de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a más de una veintena de personas, 22 concretamente, entre las que se encuentran los exconsejeros madrileños Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, antiguos colaboradores del exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón, para quien Anticorrupción pide siete años de presión y 15 de inhabilitación absoluta.
A ellos y a otros 20 acusados se les imputa un delito de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de prevaricación, mientras que, para el resto, la Fiscalía reclama entre seis y siete años de cárcel y entre 12 y 15 de inhabilitación absoluta. Entre los rostros aparecen técnicos y exconsejeros del Canal de Isabel II, gestores o personas que intermediaron en la operación.
El Ministerio Público pide que todos ellos indemnicen a la empresa pública de forma conjunta y solidaria con el “sobreprecio pagado por la adquisición” de la sociedad panameña a través de la que el Canal compró Inassa. Se trata de una cifra de más de 19 millones de euros, pero en caso de condena, el dinero podría ser mayor.
Hay que remontarse a 2001, cuanto el Canal inició su expansión internacional en Colombia mediante la adquisición del 75% de la sociedad Inassa, de este país; una operación para la que usó una compañía vehículo de nueva creación llamada Canal Extensa S.A, participada por el Canal en un 75% y por la mercantil valenciana Tecvasa en un 25%.
Fue 19 años después, en 2020, cuando el juez Manuel García-Castellón acordó la apertura de juicio oral con un auto en el que concluía que la compra había estado “plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta”.
Lo que se compró realmente fue la sociedad panameña Aguas de América (SAA), entre cuyos activos se encontraban el 75% de Inassa y algo más de la mitad de otra sociedad dominicana. Se trató de una adquisición que provocó un “desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido al sobreprecio abonado -agravado por otras circunstancias- y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados, que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica”, según la resolución judicial.
Varios empresarios del principal activo de Inassa, Triple A, lograron que uno de los anteriores socios, Aguas de Barcelona, a la que les unía un vínculo profesional, vendiera su participación en Inassa a SAA, de su propiedad y otros socios colombianos.
Mientras se compraban estas acciones, los acusados iniciaron un proceso de licitación privado para vender SAA, que finamente terminó en poder del Canal de Isael II en 2002. La operación de realizó por “un precio muy superior a su valor real, obteniendo así, a costa del erario público autonómico, cuantiosas plusvalías de las que se beneficiaron tanto ellos como los socios colombianos locales”.
En el desarrollo de los hechos destacan nombres como los de los exdirectivos madrileños José Antonio de Cachavera Sánchez y Juan Pablo López Heras. Ambos, “conociendo el interés” que los empresarios tenían en la operación, “se dejaron convencer por estos para que la venta se llevara a cabo mediante la interposición de una sociedad panameña y, por tanto, de forma distinta a la que después de autorizaría, anteponiendo así los intereses económicos de los vendedores del ente público, al que se le causó un grave perjuicio”.
El director gerente del Canal de Isabel II desde septiembre de 2001, Arturo Canalda González, aprobó la actuación de los dos acusados; “facilitó su tramitación y la presentó” a los Consejos de Administración para obtener la autorización. Asimismo, otros 14 miembros del Consejo de Administración de la compañía de aguas, entre ellos exconsejeros madrileños, concedieron la autorización para la compra directa de Inassa. Todo ello, “a pesar de conocer que se iba a interponer en la operación una sociedad panameña y el sobreprecio injustificado que se iba a pagar”.
La autorización se aprobó, finalmente, por parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para adquirir el 75% de la empresa colombiana de forma exclusiva. En aquella sesión estuvieron Pedro Calvo y Juan Bravo, además otros acusados. “(…) Consintieron que la operación se llevara a cabo pagando un sobreprecio indebido de entre 19.066.500 euros y 29.013.109 euros con cargo a los fondos públicos (…)”, rezaba el auto sobre las personas que se sientan en el banquillo.
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