El PP vuelve a demostrar que solo tiene ojos para la corrupción cuando se trata de cuestiones ajenas a su partido. Este lunes, la Vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Esther Muñoz, ha dicho desde la sede de su partido en Génova que “estamos, probablemente, ante el mayor caso de corrupción de un Gobierno en ejercicio desde Felipe González”. De esta manera, la formación se vuelve a olvidar de trama como la Gürtel, Lezo, Púnica, Erial, Kitchen o Tandem.
Casos de corrupción en el PP
Concretamente, los de Alberto Núñez Feijóo tienen al menos 30 sumarios con la instrucción finalizada en los mencionados casos, pero otros con varias decenas de exdirigentes populares procesados. Con ellos, puede decirse que al PP le asedian las causas judiciales por corrupción desde 2009.
Empezando por la Gürtel, ésta fue desarticulado en febrero de aquel año por el juez Baltasar Garzón. Se trató de una de las tramas de corrupción con más tentáculos que se conocen en democracia, y es que alcanzó más de una decenas de administraciones -en aquel momento gobernadas por el PP- en distintos territorios de nuestro país dentro de Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla y León; y terminó con condenas muy duras contra alcaldes, concejales y otros cargos del partido, incluido el que fuera tesorero, Luis Bárcenas. A día de hoy, algunos protagonistas de aquel caso esperando pena. Es el ejemplo de Francisco Camps, que se enfrenta a una petición de prisión por la pieza número cinco de este caso.
Recientemente también fue imputado el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario Eugenio Pino, antiguo director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional, por su presunta implicación en las supuestas presiones que se ejercieron sobre Javier Gómez de Liaño, uno de los abogados del propio Bárcenas en el caso Gürtel, con la intención de que el extesorero de los ‘populares’ difundiera información sobre la corrupción del partido. Hablar de este hecho implica hacerlo también de Jorge Fernández Díaz, exiministro del Interior con Rajoy.
Tampoco hay que obviar el Caso Púnica, que se da al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco. Se trata de los hechos que aparecen datados el 27 de octubre de 2014, cuando fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, así como empresarios y funcionarios por presuntamente estar implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos año y en la que cobraban comisiones ilegales que se blanqueaban a posteriori a través de un entramado societario. Nombres propios como Francisco Granados se desprenden de aquella trama.
En otro orden de cosas, aunque probablemente de menos envergadura desde el punto de visto de la dimensión jurídica, se encuentra el caso Lezo, la investigación que acabó en 2019 con el procesamiento del expresidente madrileño Ignacio González y que está formada por 16 piezas. La cronología de este episodio empieza el 19 de abril de 2017, cuando el entonces juez instructor, Eloy Velasco, ordenó la detención del que fuera líder de la Comunidad y otras once personas por su supuesto control en el Canal de Isabel II, la empresa pública dependiente de la región. Para más inri, el dispositivo policial coincidió en el tiempo con la declaraciones de la expresidente Esperanza Aguirre en el juicio de la Gürtel.
La operación se desarrolló entre 2012 y 2014 y costó a la empresa de aguas madrileñas 27 millones de euros. La investigación ponía sobre la mesa el sobrecoste de entre 6,4 y 9,6 millones de euros y un reparto de mordidas de 5,4 millones del que presuntamente se beneficiaron el propio González junto al testaferro y presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, y el exdelegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro.
Esto y otros casos salpicaron a la era Rajoy, pero no es la única que se enfrenta a la Justicia, y es que los tribunales españoles tienen previsto celebrar tres juicios a tres miembros claves de los Ejecutivos de Aznar, quien se sentó en la Moncloa era 1996 y 2004. En concreto, están en el punto de mira dos exvicepresidentes (Rodrigo Rato y Francisco Álvarez-Cascos) y Eduardo Zaplana como exportavoz del Ejecutivo. Ambos se enfrentan a las imputaciones de corrupción de la Fiscalía por poseer cuentas en Suiza, desviar fondos u ocultar su fortuna a Hacienda. En el caso de Zaplana, estuvo en la cárcel de manera preventiva hasta febrero de 2019 por el caso Erial, pero quedó en libertad por su estado de salud.
Pero hasta tres de los ministros de Aznar pisaron la cárcel, siendo uno de ellos el propio Rato, por el caso de las tarjetas black, y el otro el que fuera titular de la cartera de Medio Ambiente entre 2000 y 2003 y expresidente de Baleares, Jaume Matas.
