La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez Manuel García-Castellón que dejó fuera del caso Púnica a Esperanza Aguirre por falta de indicios. En un auto notificado este martes, concluye que "lo que parecía era una campaña organizada de financiación del Partido Popular madrileño se ha quedado sin respaldo indiciario incriminatorio" y así, la responsabilidad que se presumía sobre la que era presidenta del partido, también.

La resolución confirma de manera íntegra el auto del magistrado García-Castellón del 14 de octubre de 2022 cuando procesó a una decena de personas, entre ellas a Francisco Granados, y dejó fuera de la investigación a más de 70. Dentro de este segundo grupo figuraba Esperanza Aguirre, así como su sucesor al frente del gobierno madrileño, Ignacio González.

Así, en el auto señala que no consta que Aguirre hubiera utilizado su condición de presidenta de Fundescam (fundación salpicada por la trama) para desviar fondos públicos al PP madrileño. “Por lo que no solo puede concluirse que no hubo un uso indebido de los fondos de la fundación, sino que del contexto de la conversación telefónica se deduce que ignoraba cuáles eran las funciones de la indicada fundación”, se señala.

Los magistrados se refieren a una conversación telefónica incautada por la Policía Judicial en la que la expresidenta regional trasladó a Ignacio González que el partido habría pasado el límite legal para sufragar sus campañas electorales. Así, señalan que lejos de ser incriminatoria, demostraría que Aguirre estaría al margen del presunto uso de Fundescam para sufragar estos gastos.

También determinan que en la segunda parte de la investigación de la trama Púnica no se han podido acreditar los indicios de la Policía Judicial acerca de que el PP desviara fondos públicos.

Desestimado el recurso de Adade

De esta forma, se desestima el recurso de la asociación Adade contra la exoneración de Aguirre y otras decenas de personas dictada por el auto de octubre del año pasado en la pieza separada número nueve de la macrocausa conocida como Púnica.

El instructor, en línea con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, consideraba que no había indicios suficientes de que ella fuese conocedora ni partícipe de los indicios delictivos que sí aprecia en el papel que jugaron el que fuera gerente de la formación madrileña Beltrán Gutiérrez y su exsecretario general Francisco Granados.

Conviene recordar que el sumario del caso Púnica se abrió en 2014, después de que España recibiera una alerta de Suiza por un delito de blanqueo de capitales. En un inicio, el único investigado era Granados, en cuya vivienda la Guardia Civil encontró una agenda con anotaciones sobre actos electorales y gastos que apuntaban a la existencia de una caja B en el PP regional.