El pasado lunes daba comienzo el primer juicio por el caso Lezo, macrocausa por la que se sentará en el banquillo el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El también ex secretario general del PP de Madrid será juzgado a partir del mes de octubre por otra de las ramificaciones de la investigación, de manera que en el marco del primer juicio, que empezaba esta semana, se intentarán dilucidar las circunstancias de la compra, con un presunto sobreprecio de al menos 19 millones de euros, del 75% de la sociedad colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001.
En este primer juicio se juzga a algo más de una veintena de personas, entre las que se encuentran los exconsejeros madrileños, Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, antiguos colaboradores del exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, para quien Anticorrupción pide siete años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta.
Los abogados de los 22 acusados de este primer juicio solicitaron que sus clientes sean eximidos de la causa el estimar prescrito el delito de malversación del que les acusa la Fiscalía. Más allá de las decisiones jurídicas que se adopten en una causa que llegó a dividirse en ocho piezas y que ésta reúne a nombres propios sobradamente conocidos, llama la atención el tiempo que, nuevamente, se ha dilatado la investigación.
Los hechos que se investigan en el denominado como ‘caso Lezo’ u ‘operación Lezo’ se remontan a principios de los 2000 y su investigación arrancó hace más de diez años. El episodio más mediático en la última década en el marco de esta causa tuvo lugar en 2017, cuando González fue detenido, pasando unos seis meses en prisión preventiva.
Una lista amplia
Pero Lezo no es el único caso que atañe al PP en el que un juicio comienza mucho después de la investigación. En la lista pueden encontrarse nombres como Púnica, caso en el que se aborda la financiación ilegal de la campaña de los ‘populares’ que empezó en 2003 y se amplió en 2014 cuando comenzó a investigarse a la cúpula de la formación madrileña de Esperanza Aguirre.
Uno de los casos más llamativos en los que el cronómetros ha terminado favoreciendo a la parte juzgada es el de los Pujol. En abril de este año, la Audiencia Nacional exoneraba el expresident de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, de ser juzgado por presunta corrupción al dictaminar dos médicos forenses que su estado de salud no le permitía estar en disposición de contestar a todo aquello que se le pregunte. Los hechos por los que se investigó al antiguo responsable catalán datan de los años 80, mientras que la investigación comenzó en 2013.
También de estricta actualidad hay que destacar la trama Kitchen, que quedó vista para sentencia este mismo verano después de que previamente hubiesen testificado el extesorero del PP, Luis Bárcenas, la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, o el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El juicio trataba de esclarecer lo relativo a un presunto operativo parapolicial de Interior contra Bárcenas en 2013.
Asimismo, ha aparecido recientemente en los medios de comunicación el denominado ‘caso Montoro’, que afecta al que fuera ministro de Hacienda. La investigación sobre presuntas irregularidades vinculadas a él y su entorno profesional, especialmente en relación con el despacho de asesoramiento tributario Equipo Económico, ha experimentado diferentes prórrogas, aunque la imputación del responsable del departamento económico se conoció a través de los medios de comunicación siete años después de que comenzara la investigación de unos hechos que habrían tenido lugar entre 2012 y 2018.
La pregunta que cabe plantearse es por qué tardan tanto en juzgarse este tipo de cuestiones. Entre las razones que justificarían las dilataciones en el tiempo podrían destacar que, en ocasiones, es necesario pedir información a otros países, a veces paraísos fiscales, que no suelen mostrarse colaborativos; la falta de medios o el trabajo de los propios abogados.
Tiempo récord
Con todo, y a sabiendas de lo complicado y laborioso de estas investigaciones, no escapa que en los últimos años se han dictado sentencias en tiempo poco menos que récord. Seguramente, el ejemplo más claro de ello es la pena impuesta al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, de 24 años y tres de prisión, que se convirtió en la mayor pena de cárcel impuesta a un exministro en democracia. A su exasesor, Koldo García, le cayeron 19 años y 8 meses de cárcel.
Tampoco pasó desapercibido en este sentido que la sentencia al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presuntamente filtrar el correo en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconoce sus delitos fiscales, tardó días en conocerse. En paralelo, el juicio a la pareja de la presidenta regional está programado para 2027.
Las prisas también parecen la tónica habitual en otros procesos que llevan años ocupando portadas y horas de radio y televisión, como la investigación del juez Juan Carlos Peinado sobre Begoña Gómez.
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