La crisis migratoria de Ceuta, a pesar de las diferentes situaciones de especial complejidad que ha debido de afrontar el Gobierno de España en los últimos años, está siendo uno de los episodios más difíciles de gestionar para el Ejecutivo de Pedro Sánchez desde que llegara a la Moncloa en el 2018. La entrada masiva de inmigrantes irregulares que se daba a finales de julio, un momento que provocó enorme tensión en la ciudad autónoma ante la llegada de más de 70.000 personas y de las cuales miles permanecen aún acampados en las playas y calles, propiciando una situación de incertidumbre al no haberse abordado por completo este problema, en el que todavía se sigue trabajando para resolverlo.
El paso a nado a las playas de Ceuta que se presenció durante los días 30 y 31 de julio está provocando durante este final de verano e inicio del curso político un intenso debate público, en el que, además de darse multitud de críticas desde la población española hacia la gestión del Gobierno, en el ámbito político la tensión crece de manera continuada. Prueba de ello es que las formaciones que componen el Congreso de los Diputados ya no solo piden al Ejecutivo de Sánchez mayor celeridad para solucionar este asunto, sino que hablan de llevar al presidente de España ante la Justicia, como ha hecho Vox llamando a que sea juzgado por traición.
Vox quiere llevar a Sánchez a los tribunales y Miguel Ángel Rodríguez también, mientras que el PP de Feijóo se desliga afirmando que son "fuegos de artificio"
Aunque la Audiencia Nacional haya abierto una investigación para ahondar en los hechos acontecidos y el Partido Popular de Feijóo hable de una responsabilidad jurídica que pueda llevar a algún ministro ante el Tribunal Supremo, en la formación de Abascal insisten en que sea Pedro Sánchez contra quien se abra juicio. Precisamente, esta misma semana, después de que se desclasificaran los informes redactados por los cuerpos de seguridad en relación a la crisis de Ceuta, la portavoz de Vox, Pepa Millán, consideraba que dichos documentos “no revelan ninguna sorpresa” y que la actuación gubernamental se corresponde con “una mentira criminal y un acto de traición”. “El CNI cumplió con su obligación y advirtió al Gobierno... El Gobierno y Sánchez en concreto han vuelto a mentir”, sentenció.
Con ello, Millán pidió a los diputados del resto de grupos parlamentarios sumarse a la propuesta de su partido para permitir la activación del artículo 102 para que el Tribunal Supremo juzgue al Ejecutivo por un posible delito de traición y los miembros del Ejecutivo “asuman su responsabilidad penal por saber lo que iba a ocurrir, por no hacer nada para evitarlo y por colaborar con el invasor, que es Marruecos”, país al que volvió a acusar de haber cometido un “acto de guerra” por violar “gravemente” las fronteras españolas.
Desde el Partido Popular han venido rechazando sumarse a los de Abascal, considerando que, tal y como dijo el portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, quien rechazó debatir en el Congreso el delito de traición contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por entender que "son fuegos de artificio". Los populares consideran que la propuesta de Vox no es acertada y, por ello, se centran, tal y como hizo Alberto Núñez Feijóo en la investigación abierta en la Audiencia Nacional por la juez María Tardón. Tanto su formación como el Gobierno de Ceuta se han personado en la cita judicial.
No obstante, la posición defendida por el equipo de Feijóo parece no estar en consonancia con los miembros del Ejecutivo popular de Isabel Díaz Ayuso, al menos así lo ha hecho ver Miguel Ángel Rodríguez. El jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, en las últimas horas reaccionaba a la desclasificación de los informes relativos a la entrada masiva de alrededor de 80.000 personas migrantes en Ceuta a finales del mes de julio, posicionándose en la misma línea que Vox.
Rodríguez considera que “lo que está saliendo de los informes del CNI y de la Policía avisando al Gobierno de la invasión de Ceuta, y que ni Pedro Sánchez ni nadie del Gobierno hiciera nada, significa que Pedro Sánchez y todo el Gobierno serán juzgados por traición”. Un posicionamiento al que, por el momento, todavía no se ha sumado Isabel Díaz Ayuso pero que, en caso de suceder, abriría una nueva brecha entre Génova y Madrid.
El delito de traición: ¿qué tipo de infracciones contempla?, ¿cuáles son las penas de prisión?, ¿se puede juzgar a los miembros del Gobierno?...
El Código Penal español reserva uno de sus articulados más severos para blindar la paz, la soberanía, la independencia y la defensa nacional del Estado. Recogido en su Título XXIII, concretamente entre los artículos 581 y 588, el delito de traición abarca una extensa batería de infracciones que la legislación castiga con altas penas de privación de libertad. Las condenas de prisión previstas en la ley oscilan entre los 6 y los 20 años, variando siempre en función de la naturaleza de los hechos, de su gravedad y del perfil de quien cometa el ilícito.
La normativa establece una clara diferencia entre la traición propia, cometida por ciudadanos españoles contra su país, y la impropia, ejecutada por ciudadanos extranjeros o dirigida contra naciones aliadas. Entre las infracciones más graves de la primera categoría figura la inducción a la guerra, siendo la que impulsa aquel español que empuje a una potencia extranjera a declarar la guerra a España, o se asocie con ella con ese mismo fin, debiendo de afrontar si es declarado culpable de ello penas de entre quince y veinte años de cárcel.
Por otro lado, el favorecimiento directo del enemigo y la toma de armas se castigan con entre doce y veinte años de prisión. En este bloque se integran actos de sabotaje como facilitar la entrada de tropas hostiles al territorio nacional, entregar plazas militares o aeronaves, e instigar a los soldados españoles para que deserten. El Código penaliza con idéntica dureza a quienes, bajo banderas enemigas, hagan la guerra a la patria, suministren financiación, municiones o revelen planos estratégicos. Esta condena puede agravarse si el acusado actúa como promotor o ejerce el mando. Asimismo, vulnerar los secretos de Estado filtrando información clasificada a una potencia u organización internacional implica castigos de seis a doce años.
En cuanto a la traición impropia, los extranjeros residentes en España que cometan estos actos se enfrentan a penas inferiores en un grado, salvo excepciones diplomáticas.
Finalmente, la ley no concede impunidad a las altas esferas. Los propios miembros del Gobierno pueden ser juzgados, ahora bien, su presencia en los tribunales como acusados se dará en caso de declarar la guerra o firmar la paz ignorando los cauces que exige la Constitución. En dicho supuestos, incurrirán en penas de quince a veinte años de cárcel.
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