El Ejecutivo nacional de Pedro Sánchez, que pasa por un final de verano e inicio de curso político complicado debido a la crisis migratoria de Ceuta, se tornaba esta semana protagonista de una polémica relacionada con el mundo de la comunicación que le ha valido numerosas críticas. La noticia que publicaba El Confidencial sacaba a la luz un informe preparado por el Ministerio del Interior en el que se identificaba a numerosos periodistas españoles según su ideología y características profesionales.
El documento, elaborado por la Oficina de Comunicación del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, recogía información sobre 281 profesionales, entre ellos periodistas, columnistas y tertulianos. Un repaso al sector en el que definir a los profesionales en función de la manera que plantean sus artículos e intervenciones en tertulias o entrevistas. La publicación de este informe adquiría notoriedad y generaba un importante debate en las redes sociales, con numerosas críticas hacia el Gobierno y el Ministerio de Grande-Marlaska. Un ejercicio para identificar en el periodismo a posibles aliados o figuras críticas en el que no ha sido pionero el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino que ya ha sido realizado antes en distintas ocasiones, siendo sonadas, por ejemplo, las fichas que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, hacía de los periodistas cuando trabajaba con José María Aznar en Castilla y León.
Así marcaba MAR a los profesionales de la prensa: desde "amigo de la casa" o "anti-PP" a pasar a señalar ámbitos personales como "está soltera", "tiene un hijo" o "su mujer trabaja en Zamora"
La controversia suscitada por la publicación del informe llevaba al Ministerio del Interior a dar explicaciones sobre el motivo de la preparación de este documento, el cual señalan que era un material de trabajo interno y de carácter consultivo, elaborado con el objetivo de analizar el tratamiento informativo que recibe el Ministerio y orientar su estrategia de comunicación. El departamento de Marlaska negaba que estas clasificaciones hayan servido para condicionar la relación con los periodistas y ha pedido disculpas a aquellos profesionales que pudieran haberse sentido molestos por aparecer incluidos.
La polémica que ha generado este informe ha recordado, como se mencionaba, a las listas que Miguel Ángel Rodríguez elaboraba cuando trabajaba con José María Aznar en la Junta de Castilla y León, allá por los años 80. Aquellas listas que salieron a la luz resultaron curiosas por la manera en la que el actual jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso marcaba a los periodistas encargados de la información de esta comunidad autónoma. Así, empezaba su marcaje en función de si eran "amigos de la casa" o "anti-esta casa" y "anti-PP". Una manera de presentarlos que podría acogerse a una forma de concebir su línea editorial, pero que iba más allá al atender a ámbitos personales.
De esta manera, MAR no solo mencionaba cosas como "es brillante y lo sabe", "es de los pocos periodistas que se entera de lo que pasa", "es el clásico periodista de A-3 imitación de José María García" o "aparenta seriedad pero es un poco frívola, pocas cosas se toma en serio", sino que pasaba a señalar aspectos de la vida privada como "está soltero", "está casado", "tiene un hijo no sé si de tres años", "insertado en grupos cristianos de base" o "sale y se separa de XXX, así que nunca sabemos si sale o ya lo han dejado o vuelven a salir".
Aquel informe de Miguel Ángel Rodríguez, que hoy se conoce como las listas negras de MAR, ya salió a la luz en 1990 generando gran polémica y permitiendo observar un documento de seis folios y con el sello de Presidencia de la Junta, el cual incluía valoraciones profesionales, políticas y personales de un total de 12 periodistas.
El informe del Ministerio del Interior, rechazado por la FAPE y Patxi López, será investigado por la Agencia Española de Protección de Datos
El dossier, de 54 páginas, incluye fotografías, trayectoria profesional y medios en los que trabajan o colaboran, además de referencias a sus posiciones ideológicas y a su relación con el Gobierno. Algunos de los perfiles aparecen descritos como afines o críticos con el Ejecutivo, mientras que otros son vinculados con determinadas posiciones políticas.
Las explicaciones que ha dado la institución liderada por Marlaska, sin embargo, no han frenado las críticas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas Parlamentarios han rechazado la elaboración de este tipo de listados y han advertido de los riesgos que supone que una institución pública recopile y clasifique a profesionales de la información por sus opiniones políticas.
La controversia también ha generado malestar dentro del propio PSOE. Su portavoz parlamentario, Patxi López, se mostró contrario a la elaboración de listas que clasifiquen a personas y cuestionó especialmente que se haga atendiendo a criterios ideológicos.
El caso ha llegado además al ámbito de la protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha abierto una investigación de oficio para determinar cómo se elaboró el documento, qué información contiene, con qué finalidad fue recopilada y cuál fue la base jurídica utilizada para su tratamiento. La cuestión resulta especialmente sensible porque la ideología y las opiniones políticas están consideradas categorías de datos especialmente protegidas por la normativa europea de protección de datos.
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