Aguirre declara como testigo en el caso Lezo pese a que reconoció que la idea del campo de golf fue suya

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, declara este jueves como testigo en una de las piezas separadas del caso Lezo. La Audiencia Nacional investiga las presuntas irregularidades de dos contratos públicos del Canal Isabel II relacionados con la construcción y explotación de un campo de golf. Obras de las que se habría beneficiado ilícitamente una empresa de familiares del también expresidente Ignacio González, por aquel entonces número dos de la líder del del Partido Popular (PP) y director del ente público involucrado.

La idea de levantar un campo de golf en terrenos públicos ubicados en plena capital fue de la propia Aguirre, pero ni por esas fue imputada. “Mátenme, pero la idea fue mía”, reconoció, justificando que se había inspirado en la instalación que había visto en Tokio y “en algunas películas”. El juez de instrucción que decidió librar a la expresidenta de sentarse en el banquillo fue Manuel García Castellón, un sospechoso habitual que siguió el mismo proceder con el expresidente Mariano Rajoy y la exministra María Dolores de Cospedal en la trama Kitchen.

No obstante, Aguirre no se librará de acudir a los juzgados como testigo por unos hechos que se produjeron hace 20 años. Los imputados, a parte de quien la sustituyese como presidenta, son el director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel; y los socios de la empresa Tecnoconcret (TCT), receptora de las adjudicaciones presuntamente fraudulentas, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente de la Comunidad de Madrid.

Las presuntas irregularidades enjuiciadas se remontan a 2002. A pesar de que la líder del PP era por aquel entonces la máxima mandataria de la Comunidad; de que el principal imputado era su número dos, quien luego la sucedió; de que tomó decisiones, como declarar el proyecto como de “excepcional interés general”, para saltarse el bloqueo de Alberto Ruiz-Gallardón, entonces alcalde de la capital; y de que fue ella quien cortó la cinta de la inauguración; la política de las múltiples “ranas” también se ha librado de este caso judicial.

El proyecto cambió, pero la Comunidad de Madrid decidió no convocar de nuevo el concurso. En vez de eso, se modificó y se incluyó a la empresa de familiares de González en los trabajos, imponiendo su subcontratación a la empresa adjudicataria. A sabiendas de las posibles ilegalidades, los familiares del expresidente madrileño ocultaron su titularidad a través de personas interpuestas con el fin de ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid, según Anticorrupción. Esto constituye, para la Fiscalía, un claro indicio de delito.

“La actuación conjunta de los acusados permitió que TCT, empresa sin capacidad técnica para efectuar ninguno de los trabajos encomendados, se interpusiera innecesariamente y se beneficiara indebidamente con ambas adjudicaciones, obteniendo un beneficio de, al menos, 504.780 euros financiado con los fondos públicos asignados a tales contrataciones", expone el Ministerio Público. El importe total de los trabajos que se añadieron para que la empresa del hermano y el cuñado de González se llevasen su parte asciende a los tres millones de euros.

Por si fuese poco evidente la irregularidad, los encausados subcontrataron a su vez con las sociedades Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, y acordaron con ellas percibir una comisión del 8% por su intermediación, porque eran incapaces de ejecutar los trabajos. La Fiscalía indica que, entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, en un escenario de precrisis económica, los acusados fueron repartiéndose parte de los beneficios "según un plan perfectamente documentado".

Así, el hermano de Ignacio González, que se ocultaba bajo las siglas 'PG', recibió 101.348 euros mediante 20 entregas en efectivo. El cuñado del expresidente, escondido bajo las siglas 'JJC', recibió 94.425 euros en once entregas, y José Antonio Clemente, oculto bajo las siglas 'JCM', le correspondieron 71.199 euros. Esos pagos se hicieron supuestamente con facturas de emitidas por sociedades instrumentales, indica Anticorrupción.

En 2017, cuando afloraron y se detuvo a González, se produjo la dimisión de Aguirre como portavoz y concejal del Ayuntamiento de Madrid, cargos que ocupaba por aquel entonces. Este jueves, la expresidenta y líder del PP podrá volver a explicar en la Audiencia Nacional que la idea del campo de golf fue suya y detallar cómo fue posible que no conociese las irregularidades de un proyecto que ella etiquetó como de “excepcional interés general”. Más de 20 años después de los hechos, casi diez años después de su dimisión y como testigo.