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El pasado del PP madrileño vuelve a cruzarse con Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid está citada este miércoles 21 de octubre ante la Audiencia Nacional para declarar como testigo en el juicio por una de las piezas del caso Lezo, centrada en las presuntas irregularidades de dos contratos públicos del Canal de Isabel II relacionados con la construcción y explotación de un campo de golf. En el banquillo se encuentra Ignacio González, su antiguo número dos y sucesor al frente del Gobierno regional. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que las adjudicaciones favorecieron a una empresa vinculada a familiares del exdirigente popular.
La comparecencia devuelve a Aguirre a uno de los episodios que marcaron el final de su trayectoria política. La detención de González en abril de 2017 precipitó su dimisión como portavoz del PP y concejala del Ayuntamiento de Madrid, después de que el escándalo alcanzara a quien había sido vicepresidente de su Gobierno entre 2003 y 2012. Casi una década después, la Audiencia Nacional juzga parte de aquellas operaciones en plena precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Aguirre no está acusada en este procedimiento. Su declaración será en calidad de testigo sobre unos hechos ocurridos durante su mandato. El juicio trata de determinar si los responsables del Canal utilizaron sus cargos para favorecer unas adjudicaciones que, según Anticorrupción, permitieron obtener al menos 504.780 euros de beneficio indebido a una sociedad relacionada con el entorno familiar de González.
Un campo de golf y dos contratos bajo sospecha
Los hechos se remontan a los primeros años de la década de 2000. El Canal de Isabel II, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, había impulsado un proyecto sobre la cubierta de su tercer depósito, en Chamberí. Un convenio suscrito con el Ayuntamiento en 2002 contemplaba el uso público de las instalaciones y dio paso a la licitación de las obras.
El proyecto experimentó posteriormente modificaciones importantes, entre ellas la incorporación de un campo de golf. Según el escrito de acusación, Ignacio González, entonces vicepresidente autonómico y presidente del Canal, e Ildefonso de Miguel, director gerente de la empresa pública, facilitaron la tramitación de esos cambios mediante una modificación del contrato, pese a que su alcance habría exigido convocar una nueva licitación.
La Fiscalía sostiene que ambos actuaron para beneficiar a familiares de González. Según su relato, la adjudicación directa de los trabajos modificados a Dragados quedó condicionada a que esta empresa subcontratara determinadas tareas con Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT).
Entre los socios de la sociedad figuraban José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, estos dos últimos hermano y cuñado del expresidente madrileño. Anticorrupción afirma que los familiares ocultaron su participación mediante personas interpuestas para evitar que se conociera su relación con el responsable político que intervenía en las adjudicaciones.
El Consejo de Administración del Canal aprobó la modificación contractual el 19 de julio de 2006. Para el Ministerio Público, aquella decisión permitió incorporar a las obras a una empresa que carecía de la capacidad técnica necesaria para ejecutarlas y que terminó subcontratando los trabajos con otras sociedades.
Más de tres millones en trabajos y una intermediación cuestionada
Las cantidades recogidas en el escrito de acusación muestran el alcance económico de las operaciones investigadas. Dragados firmó inicialmente con TCT un contrato de 160.204,79 euros para ejecutar un hoyo de prueba del campo de golf. Cuatro anexos posteriores ampliaron los trabajos hasta alcanzar un importe contratado de 3.067.864,83 euros, según la Fiscalía.
Anticorrupción sostiene que los socios de TCT habían acordado previamente incrementar un 47 % el importe que cobrarían por determinadas actuaciones. La empresa, que según la acusación carecía de medios para ejecutar los trabajos, recurrió a Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España para llevarlos a cabo.
De acuerdo con la documentación del Ministerio Público, las facturas cruzadas entre las sociedades permitieron a TCT obtener 381.029 euros por una intermediación que la Fiscalía considera innecesaria. Parte de esos beneficios se habría distribuido entre los socios mediante entregas y operaciones de facturación en las que se empleaban iniciales para identificar a los destinatarios.
Al hermano de González, identificado como "PG", se le atribuyen 101.348 euros recibidos en veinte entregas en efectivo. Su cuñado, bajo las iniciales "JJC", habría percibido 94.425 euros en once entregas, mientras que José Antonio Clemente, identificado como "JCM", habría recibido 71.199 euros. Estas cantidades forman parte del relato de la acusación y no constituyen hechos declarados probados por una sentencia.
La investigación comprende también un segundo contrato, relacionado con la gestión y explotación de las instalaciones deportivas. El Canal adjudicó esa actividad a una unión temporal de empresas en la que participaba TCT. Posteriormente, la concesionaria Green Canal Golf encargó a esta sociedad el mantenimiento del césped por 9.875 euros mensuales.
TCT volvió a subcontratar el servicio, esta vez con Onlygolf, por 7.941 euros al mes. Según Anticorrupción, la diferencia generó un beneficio aproximado de 124.000 euros por una intermediación que considera injustificada. La Fiscalía cifra en al menos 504.780 euros el beneficio indebido conjunto obtenido mediante ambas adjudicaciones.
Seis años de prisión y Aguirre de nuevo ante Lezo
Por estos hechos, Anticorrupción solicita seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para Ignacio González y los otros cuatro acusados. Junto al expresidente madrileño se sientan en el banquillo Ildefonso de Miguel y los tres socios de TCT. Todos negaron los hechos imputados en la primera sesión del juicio, celebrada el 13 de octubre y dedicada a las cuestiones previas.
González rechaza haber intervenido en un amaño para favorecer a sus familiares. Corresponderá al tribunal valorar las pruebas y determinar si se cometieron los delitos de cohecho que sostiene la acusación. En este contexto declarará Esperanza Aguirre, que presidía la Comunidad de Madrid cuando se tramitaron las adjudicaciones investigadas. Durante aquellos años, González ocupaba una posición destacada tanto en el Ejecutivo autonómico como en el Canal de Isabel II.
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