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La Junta de Castilla y León ha introducido una nueva condición en las subvenciones destinadas al cine y las producciones audiovisuales. A partir de ahora, los proyectos que aspiren a recibir financiación pública no podrán incluir contenidos que el Ejecutivo autonómico considere "adoctrinamiento ideológico", propaganda partidista o apoyo expreso a determinadas opciones políticas. La medida, impulsada desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por José Alberto Díaz Pico, de Vox, plantea una incógnita que afecta directamente a los creadores. Quién decidirá qué películas son ideológicas y cuáles merecen recibir dinero público.
La disposición aparece en la convocatoria aprobada mediante una orden del 7 de octubre y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado día 9. El documento establece que los fondos públicos no podrán utilizarse para financiar actuaciones que incurran en esas prácticas, aunque no concreta los criterios que permitirán identificar el supuesto adoctrinamiento. Tampoco incorpora el concepto a los baremos de valoración de los proyectos.
La cuestión no es menor en una industria donde las películas y los documentales abordan habitualmente cuestiones sociales, conflictos históricos o debates políticos. Una producción sobre la Guerra Civil, la memoria democrática o la inmigración puede tener una perspectiva crítica sin convertirse necesariamente en propaganda de un partido. La nueva cláusula deja abierta la pregunta de dónde establecerá la Administración esa frontera y con qué garantías podrán defender sus proyectos las productoras que discrepen de una eventual exclusión.
Una cláusula que deja preguntas sin responder
La convocatoria exige que las actividades subvencionadas respeten los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general. Sin embargo, trasladar estos conceptos a la creación artística plantea dificultades que no aparecen resueltas en las condiciones conocidas de las ayudas.
Una película puede defender una interpretación determinada de un acontecimiento histórico, cuestionar una decisión gubernamental o denunciar una desigualdad. Que una obra tenga una posición reconocible no significa automáticamente que promueva una candidatura política. Precisamente por eso, el alcance de la nueva disposición dependerá de cómo se interprete y aplique.
Por el momento, no consta que se haya excluido ningún proyecto concreto por esta cláusula. La medida tampoco constituye una prohibición general de producir o estrenar películas, sino una restricción para acceder a una línea determinada de financiación autonómica.
El problema está en la falta de precisión. Sin una definición clara de lo que constituye adoctrinamiento, las productoras podrían encontrarse con dificultades para anticipar si sus propuestas cumplen los requisitos. También será determinante conocer qué órgano examinará los contenidos y cómo justificará sus decisiones.
325.000 euros para financiar películas y series
La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 325.000 euros y está dirigida a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes de ficción y documentales, además de pilotos de series de televisión y animación.
Cada proyecto podrá recibir un máximo de 60.000 euros, siempre que la ayuda no supere el 50% del presupuesto de las fases subvencionadas. Las empresas beneficiarias deberán aportar, además, al menos un 10% de financiación con recursos propios.
La convocatoria también introduce una modificación económica. El anticipo de las ayudas se reduce del 25% al 20%, una diferencia que puede resultar relevante para las productoras pequeñas, especialmente durante las primeras etapas de un proyecto, cuando todavía deben afrontar gastos sin haber recuperado la inversión.
Las ayudas están destinadas a empresas audiovisuales vinculadas territorialmente a Castilla y León. El plazo de presentación de solicitudes comenzó el 10 de octubre y finalizará el 3 de noviembre de 2026.
La política cultural de Vox, de nuevo bajo el foco
La modificación llega bajo la responsabilidad de José Alberto Díaz Pico, que asumió la Consejería de Cultura con un discurso crítico hacia la gestión cultural anterior. El dirigente de Vox ha acusado al ámbito cultural de estar condicionado por el sectarismo y por lo que denomina la "progresía", a la que atribuye una influencia ideológica sobre las instituciones.
No es la primera decisión de su departamento que genera controversia. Durante el verano, organizaciones sindicales denunciaron lo que consideraban injerencias políticas en la gestión de las redes sociales de instituciones culturales públicas. Se trata de denuncias formuladas por los sindicatos, no de irregularidades acreditadas mediante una resolución judicial.
Las administraciones tienen competencias para establecer condiciones en la concesión de ayudas públicas, pero esas decisiones deben ajustarse al marco jurídico correspondiente. En el terreno cinematográfico, además, entra en juego la libertad de creación artística reconocida por la Constitución.
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