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El derecho a la información está comprometido. El franquismo sociológico, anclado en toda una red de poderes políticos, mediáticos y empresariales, está trabajando a pleno rendimiento para desajustar las reglas del juego persiguiendo a medios de comunicación de carácter progresista que se atreven a profundizar en la cloaca que representa una forma de concebir el poder de forma vertical, hereditario, clasista y enraizado en la red clientelar forjada durante la etapa más ominosa de nuestro país.
El método escogido es el SLAPP, acrónimo que responde al concepto en inglés Strategic Lawsuit Against Public Participation (Demanda estratégica contra la participación pública). Se trata, resumidamente, de una forma coordinada del poder para perseguir a quien molesta con una sucesión de demandas enfocadas en acabar con la viabilidad económica de la parte afectada. ElPlural, igual que muchos otros medios de comunicación y asociaciones populares que se niegan a ponerse de rodillas, está amenazado.
La estrategia judicial tiene un fin, pero varios rostros: nombres propios conocidos por todos que, por su infinita influencia social, parecen intocables. La labor del periodismo siempre ha sido plantarles cara. No siempre es fácil, pero ElPlural está dispuesto y puede prometer que seguirá haciendo su labor y fiscalizando la impunidad de jueces como Juan Carlos Peinado, los negocios de ciudadanos poco particulares como Alberto González Amador, las denuncias de colegios vinculados históricamente con grupos de poder como el Opus Dei, las presuntas corruptelas vinculadas a formaciones como Vox y las decisiones de otros como el PP, partido de Estado con gran capacidad de ejercer esta estrategia disuasoria desde infinidad de frentes.
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