Cuando el buitre es una institución pública: la Comunidad de Madrid, responsable de más de 250 desahucios en 2026

Desalojar a inquilinos para elevar el precio del alquiler o especular con la venta del inmueble, cuyo principal destino es el uso turístico; o mantener pisos vacíos para tensionar la demanda y mantener el valor de los pisos en cotas elevadas son estrategias habituales entre los fondos buitre, las entidades bancarias, las inmobiliarias, las empresas del sector o los grandes propietarios que llenan sus bolsillos a costa de extraer las rentas de los trabajadores con un bien de primera necesidad. Prácticas deleznables que se tornan aún más cuestionables cuando las despliega una administración pública.

Este es el caso de la Agencia de Vivienda Social (AVS), institución dependiente de la Comunidad de Madrid. El que es el principal casero de la región acumula 817 viviendas vacías. 817 inmuebles que podrían acoger a familias en una región en la que la crisis habitacional es, de lejos, el principal problema de la ciudadanía. 817 pisos desocupados, muchos de ellos, porque han sido desahuciados de su interior personas vulnerables, entre ellas menores. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso las prefiere vacías que acogiendo a madrileños.

La AVS acomete casi un desahucio diario

Y es que, hasta septiembre de este año, la AVS ha desahuciado a 255 familias, según los datos revelados por El País. Nueve meses que contienen 273 días y en los que, sobre el total, tan solo en 18 la administración madrileña no acometió un desalojo. Únicamente 432 horas en nueve meses son las que el Gobierno del Partido Popular (PP) se ha cortado de expulsar a madres, padres, hijos, abuelos a la calle. Casi un desahucio diario, esa es la política de vivienda de la Comunidad de Madrid y de su empresa pública.

Esta cifra de desahucios es la más alta de la AVS desde 2015, un máximo en los que la crisis habitacional aprieta más a la población. La Agencia cuenta con 25.000 viviendas y tiene más de 800 vacías, pero defiende desalojar de muchas de ellas a familias que no pueden afrontar el pago o que atraviesan dificultades para mantenerlas vacías, aunque aseguran que es para entregárselas a otras unidades de convivencia. Nada más lejos de la realidad. Es más, en barrios como Carabanchel existen calles con decenas de pisos cerrados desde hace años.

La política de desalojos de la AVS no es nueva, pero en 2026 está marcando récords. Durante 2025 impulsó 198 desahucios, por encima de los 121 de 2024 y los 102 de 2023. Lejos quedan las cifras de la década pasada, elevadas, pero por debajo de los 100 (10 en 2016, 45 en 2017, 35 en 2018, 75 en 2019, 94 en 2020, 88 en 2021 y 19 en 2022). Ayuso llegó a la presidencia en agosto de 2019, año en el que se produce el primer gran salto de desalojos.

Desde aquel año, la AVS ha dejado en la calle a 952 familias y todavía quedan por sumar los desalojos correspondientes a los últimos tres meses de 2026, año que pasará a la historia por el récord de desahucios acometidos por la empresa pública. Además, lejos de lo que se pueda pensar, e interesa airear desde la derecha política y mediática, la mayoría de ellos se produjo por dificultades en el pago, no por okupaciones. Ni siquiera dos de cada diez desalojos de 2025, último año con cifras completas, respondió a ocupaciones por la fuerza.

El Gobierno de Ayuso, orgulloso de desahuciar

Lejos de avergonzarse de desplegar una política de desahucios y viviendas públicas vacías, la Comunidad de Madrid se enorgullece. Su consejero de Vivienda, José María Gómez, alude al clásico argumentario de la ocupación ilegal, pese a que los datos no fundamentan esa afirmación, y pretende enfrentar a los madrileños entre sí, asegurando que esos inmuebles deben ser asignadas unos y no a otros. Sin embargo, la realidad es que más de 800 están vacías y la AVS, como denuncian vecinos de toda la región, se instala en la dejación.

Una política contra las personas vulnerables que, además, cuesta a los madrileños millones de euros, pues el despacho contratado por el Gobierno de Ayuso para estos casos ha cobrado en torno a un millón de euros desde que fue contratado en 2023. La salvaguarda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en lo que a lanzamientos se refiere es también fundamental. Todo fundamentado en el fantasma de la okupación, con el que las administraciones de derechas pretenden tapar la crisis habitacional que reniegan de abordar.