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Hay libros que retratan una época sin necesidad de grandes teorías. Basta con reunir sus palabras. El periodista José María Izquierdo ha hecho precisamente eso con Los 300 insultos más feroces contra Pedro Sánchez: recopilar una selección de las descalificaciones que el presidente del Gobierno ha recibido durante los últimos años. El resultado es un retrato bastante inquietante del nivel al que ha llegado una parte del debate público en España.
No hablamos de discrepancias ideológicas, de críticas a la gestión del Gobierno, de reproches parlamentarios ni siquiera de acusaciones políticas formuladas con contundencia. Hablamos de otra cosa. De llamar al presidente “dictador”, “psicópata”, “miserable”, “capo”, “traidor” o “autista moral”. De presentarlo como un delincuente sin condena, de atribuirle patologías mentales desde una tribuna periodística y de convertir su persona, su familia y hasta su aspecto físico en material para la burla.
La recopilación de Izquierdo tiene un valor que va más allá de la anécdota. Porque cuando se leen seguidas esas expresiones, algunas publicadas en periódicos de gran difusión, se percibe hasta qué punto se ha ido ensanchando el territorio de lo admisible. Lo que hace unos años habría provocado una rectificación, una disculpa o, al menos, cierta incomodidad, hoy puede convertirse en un titular o una intervención televisiva o publicación celebrada por miles de seguidores.
En sus páginas aparecen comparaciones con dictadores, referencias a supuestas enfermedades mentales, deseos de verle entre rejas y expresiones que sitúan al presidente fuera de cualquier consideración moral. No es una crítica a sus decisiones: es una descalificación personal.
Y conviene hacer una distinción: cuestionar a Pedro Sánchez es perfectamente legítimo. Investigar las actuaciones de su Gobierno, exigir explicaciones o reclamar responsabilidades políticas o judiciales forma parte de la esencia de una democracia. Precisamente por eso resulta tan preocupante que se sustituya tantas veces la crítica argumentada por la descalificación personal.
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El fenómeno tampoco se queda en las páginas de opinión. Ha saltado a las instituciones, a las tribunas parlamentarias y a las declaraciones de quienes tienen responsabilidades públicas.
Isabel Díaz Ayuso llamó “hijo de puta” a Sánchez durante el debate de investidura de noviembre de 2023. Su equipo terminó justificando el insulto como algo que el presidente merecía y, al día siguiente, la presidenta madrileña convirtió el episodio en una broma con su célebre “me gusta la fruta”. No hubo rectificación. Hubo reivindicación.
En junio de 2025, el diputado de Vox Javier Ortega Smith publicó un mensaje en el que se refería al presidente y a la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, como “hijos de la gran puta”, acompañando el texto de dos ratas. Santiago Abascal, por su parte, ha recurrido repetidamente a términos como “psicópata” o “criminal” para referirse al jefe del Ejecutivo.
“Una cosa es exigir responsabilidades a un presidente del Gobierno y otra muy distinta convertir el insulto personal y la deshumanización en una forma habitual de hacer política”.
Del ataque a Sánchez a la humillación de las mujeres
La descalificación tampoco distingue entre hombres y mujeres. Y, cuando se dirige a ellas, adquiere con frecuencia un componente machista que merece especial atención.
En noviembre de 2022, la diputada de Vox Carla Toscano utilizó la tribuna del Congreso para llamar a Irene Montero “libertadora de violadores” y añadir una insinuación sobre su relación con Pablo Iglesias. Un año antes, otro diputado de Vox, José María Sánchez García, había llamado “bruja” a la socialista Laura Berja mientras esta defendía una iniciativa contra el acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortivas. El insulto fue de tal calibre que el pleno tuvo que suspenderse durante diez minutos.
En marzo de 2025, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, del PP, llamó “analfabeta” a la vicepresidenta María Jesús Montero por unas declaraciones sobre la absolución de Dani Alves. Y el repertorio continúa: ataques a Yolanda Díaz, insinuaciones personales y descalificaciones que poco tienen que ver con el contenido de las políticas que defienden.
La familia como munición política: el caso de Begoña Gómez
Pero hay un caso especialmente revelador: el de Begoña Gómez. La esposa del presidente se ha convertido en uno de los principales objetivos de una ofensiva en la que se han mezclado investigaciones judiciales, insinuaciones, falsedades y auténticas teorías conspirativas. Y conviene separar unas cosas de otras.
Desde hace años circulan mentiras sobre ella que no resisten la más mínima comprobación. Se difundió que era transexual y que su verdadero nombre era “Begoño”, acompañando esa falsedad de fotografías manipuladas. También se le atribuyeron supuestos vínculos con el narcotráfico en Marruecos, sin aportar una sola prueba. Se inventaron subvenciones públicas que supuestamente habría recibido, se difundió que había sido apartada de su actividad docente en la Universidad Complutense y se presentaron como hechos probados supuestas irregularidades en contratos públicos que nunca se han acreditado en los términos en que se difundieron.
En cuanto a los contratos adjudicados a empresas vinculadas al empresario Juan Carlos Barrabés, la investigación judicial examinó si Gómez había utilizado su relación con el presidente para favorecerlas. Pero hay un dato que se ha omitido demasiadas veces en el relato político: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil concluyó que las adjudicaciones analizadas se habían realizado conforme a los principios de la contratación pública. Que existieran contratos y una investigación no demuestra que Begoña Gómez los amañara ni que cometiera un delito.
Y mientras Feijóo utilizaba las sospechas sobre Begoña Gómez y los casos de corrupción que afectan al PSOE para exigir responsabilidades a Sánchez, han aparecido informaciones que abren un interrogante de enorme gravedad sobre la propia estrategia del PP contra el Gobierno.
El pasado 29 de octubre se conoció que la empresa editora de OkDiario, Dos Mil Palabras SL, había pagado 242.000 euros, IVA incluido, para sufragar la defensa judicial de Koldo García, antiguo asesor de José Luis Ábalos y condenado por el caso de las mascarillas. Las facturas y los justificantes de las transferencias fueron aportados a la Audiencia Nacional por la abogada del exasesor, Leticia de la Hoz.
Pero la información adquirió otra dimensión el 5 de noviembre, cuando Koldo aseguró a la Cadena SER que el abogado del PP hasta el pasado septiembre, Alberto Durán, le había ofrecido pagar su defensa y un millón de euros adicional a través de Eduardo Inda y OKDIARIO a cambio de facilitar información contra Pedro Sánchez, Begoña Gómez y José Luis Rodríguez Zapatero. Según el relato del propio Koldo, una parte del dinero estaría condicionada a una entrevista en la que señalara a esas personas, “aún mintiendo”. Tres fuentes consultadas por la SER corroboraron que existió una oferta de ese tipo. Tanto el abogado como el PP niegan las acusaciones.
La diferencia entre ambas informaciones es fundamental: los 242.000 euros abonados por la editora de OkDiario están documentados; el supuesto acuerdo para pagar un millón adicional a cambio de información y declaraciones falsas es, por ahora, una acusación de Koldo que deberá investigarse y acreditarse. No es un hecho probado.
Y hay otro dato que añade contexto: OkDiario ha recibido millones de euros en contratos y publicidad institucional de administraciones gobernadas por el PP. Una investigación de El Salto cifra en más de cuatro millones las cantidades recibidas de los gobiernos de Ayuso y Almeida durante seis años.
La pregunta que queda sobre la mesa es inevitable: ¿se intentó comprar información contra el presidente del Gobierno y su entorno, utilizando como intermediario a un medio que ya había pagado la defensa de uno de los principales investigados en la trama de corrupción socialista? Si se confirma lo denunciado por Koldo, estaríamos ante algo mucho más grave que una operación de desgaste político.
Porque exigir explicaciones por la corrupción del PSOE es legítimo y necesario. Pero utilizar presuntamente dinero para obtener testimonios contra adversarios políticos, incluso inventándolos, sería exactamente lo contrario de la obligación de buscar la verdad.
Mucho insulto y poca política
El problema es que el insulto se ha convertido en un recurso rentable. Proporciona titulares, alimenta las redes sociales, moviliza a los propios y garantiza que la conversación política gire alrededor de la provocación. Cuanto más gruesa es la expresión, más posibilidades tiene de circular. Cuanto más desmedida es la acusación, más atención consigue. Y en esa dinámica se pierde algo esencial: la responsabilidad que conlleva ocupar un cargo público.
“Un escaño no es un escenario para satisfacer egos personales. Es una responsabilidad pública”.
Porque hay una pregunta que debería incomodar a todos nuestros representantes: ¿para qué están en las instituciones?
Un diputado no recibe un sueldo público para llamar “bruja” a una adversaria. Un alcalde no tiene como principal cometido insultar a una vicepresidenta. Un presidente autonómico no debería convertir la descalificación de quien dirige el Gobierno de España en una de sus principales aportaciones al debate nacional. Y el jefe de la oposición no puede confundir la fiscalización del Ejecutivo con una competición por ver quién formula la acusación más aparatosa.
Mientras tanto, los ciudadanos siguen esperando respuestas.
Esperan que alguien se ocupe de una vivienda cada vez más inaccesible, de las listas de espera sanitarias, de la educación, de los salarios, de la dependencia, de la conciliación y de las dificultades para llegar a fin de mes. Esperan que sus representantes negocien, acuerden y aprueben leyes. Que tomen decisiones. Que encuentren soluciones.
No que conviertan cada sesión parlamentaria en una sucesión de reproches personales.
“Mientras nuestros representantes compiten por ver quién encuentra la palabra más hiriente, hay millones de personas que necesitan saber quién va a solucionar sus problemas”.
Y no se trata de exigir una política sin enfrentamientos. La democracia necesita oposición, discrepancia y confrontación de ideas. Necesita preguntas incómodas, fiscalización, exigencia de responsabilidades y debates duros. Lo que no necesita es que la agresividad verbal sustituya al argumento y que la humillación del adversario se convierta en un objetivo político en sí mismo.
Además, el daño no termina en el Congreso. Los ciudadanos observan, escuchan y reproducen ese comportamiento. Si quienes tienen la obligación de representar a millones de personas normalizan el insulto, ¿con qué autoridad pueden después reclamar respeto en las escuelas, en las redes sociales o en cualquier espacio de convivencia?
Hay algo todavía más preocupante: la deshumanización del adversario termina convirtiendo cualquier acuerdo con él en una traición. Si el otro no es un rival político, sino un psicópata, un delincuente, un traidor o un enemigo de España, ¿cómo se negocia? ¿Cómo se alcanza un pacto de Estado? ¿Cómo se construyen consensos que sobrevivan a una legislatura?
Quizá esa sea una de las consecuencias más graves de esta degradación: no solo empeora la calidad del debate, sino que hace cada vez más difícil que la política cumpla su función.
Una democracia no puede vivir permanentemente del odio
Los 300 insultos recopilados por José María Izquierdo son, en ese sentido, algo más que un inventario de exabruptos. Son una fotografía de una forma de entender la confrontación política en la que el adversario deja de ser alguien al que hay que rebatir para convertirse en alguien al que hay que destruir.
Y el problema no es que Pedro Sánchez sea el destinatario de esos ataques. El problema es lo que revelan sobre la política que estamos construyendo.
Porque mientras nuestros representantes compiten por ver quién encuentra la palabra más hiriente, hay millones de personas que no necesitan que nadie les explique quién es el peor insultando. Necesitan saber quién va a solucionar sus problemas.
La política no debería ser un concurso de agravios. Ni un espectáculo de egos. Ni una competición para ver quién consigue humillar más al adversario.
Un escaño no es un púlpito desde el que descargar el odio. Es una responsabilidad pública. Y los ciudadanos no pagan a sus representantes para que se insulten: les pagan para que trabajen por ellos.
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