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José Antonio Martín Pallín (1936) es una de las voces de tribunales más importantes de nuestro país. Rostro habitual en los medios de comunicación para explicar aspectos de la actualidad desde un punto de vista jurídico o judicial, dispone de una holgada trayectoria en su campo profesional, habiendo ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, entre otros espacios de renombre.
En el presente artículo analiza para El Plural desde ese prisma el SLAPP, las siglas bajo las que se conoce a un procedimiento judicial abusivo interpuesto por entidades consideradas poderosas (políticos, empresas, cargos públicos, personas del mundo de la judicatura, etc.) para tratar de intimidar o agotar psicológica y financieramente a periodistas, medios de comunicación, activistas u organizaciones que investiguen o critiquen asuntos de interés general.
“Parece bastante generalizado”, responde el jurista a preguntas de este periódico sobre el asunto; un “terreno” que, detalla, existe “desde hace muchos años antes de que estallase lo que ahora se conoce en el lenguaje usual como lawfare”, definición que recibe el uso abusivo o la instrumentalización de los procedimientos judiciales y el sistema legal como arma de persecución política. En la actualidad el lawfare se usa principal y de un tiempo a esta parte en el debate político para referirse a la instrumentalización de la justicia. El SLAPP no se corresponde con lo mismo, aunque puede ser habitual que se ambos conceptos de confundan.
“Desgastar ante la opinión pública” y “ocasionar un perjuicio económico”
Sea como fuere, Martín Pallín explica que las acciones que darían forma al tema central de estas líneas tienden a moverse en el ámbito de la “protección civil al honor, la intimidad o la propia imagen” y que hay medios de comunicación que han resultado históricamente damnificados. Como ejemplo de ello menciona El País, que “ha sufrido innumerables demandas desde que nació”.
“Hay un doble juego”, expresa el magistrado emérito de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en conversación con este periódico. “Por un lado”, concreta, “se pretende desgastar ante la opinión pública” a quien o quiienes reciben las acciones y, por el otro, se busca “ocasionarle un perjuicio económico grande”. “Una demanda civil exige gastos por parte del demandado y, por otro lado, está el aspecto penal de querellas por calumnias, injurias, etc”, relata, considerando que “el objetivo último es acabar con el medio” en cuestión.
Asimismo, no pasa desapercibido que las cantidades económicas que se piden en muchos casos son “desorbitadas”. “(…) Y la pena puede ser grave, llevando incluso a la inhabilitación de profesionales del periodismo”, apostilla: “En Estados Unidos (EEUU) y el mundo anglosajón es muy conocido; y las cantidades que han tenido que pagar de indemnizaciones algunos medios. Y esto se está reproduciendo aquí”.
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Algunos ejemplos en los últimos años
Pallín destaca nombres propios en este escenario, entre los que sitúa a Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos, algunos de ellos, contempla, “son instrumentos de partidos políticos”. Igualmente, destaca que no es algo exclusivo hacia o contra la prensa, sino que ocurre también sobre otros rostros de distinto ámbito. El letrado pone ejemplos al respecto de los últimos años donde considera que esa persecución se ha dado.
“Sin ir más lejos, van contra el presidente del Gobierno y su familia, contra el fiscal general del Estado, contra parlamentarios como Alberto Rodríguez (Podemos), contra dirigentes como Ada Colau o Pablo Iglesias… A Pedro Sánchez le han amenazado con sentarle en el banquillo por la entrada masiva de personas migrantes en Ceuta…”, enumera, apuntando a su vez que “existe cierta coordinación" y que "todo viene a través del entramado de PP y las asociaciones activistas de derechas de jueces”.
Preguntado por su experiencia personal, define que él “no ha sufrido personalmente estas persecuciones”, pero sí conoce a personas o marcas que lo han experimentado. “Todos los que he citado ”, delimita.
Biografía de José Antonio Martín Pallín
Nacido en A Coruña en la década de los años 30, además de los puestos destacados anteriormente, ha ejercido como Presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Portavoz de Jueces para la Democracia y es miembro de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra).
Autor de varias obras sobre derecho penal, justicia universal o memoria histórica, ha participado en misiones en distintos lugares del mundo, formando parte, por ejemplo, del Tribunal Rusell sobre Palestina. Fue presidente de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y destaca por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la independencia judicial y las garantías constitucionales.




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