El trágico desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años con movilidad reducida en pleno centro de Madrid, abrió este miércoles una brecha difícil de cerrar a nivel político, situando el foco en la gestión en materia de vivienda del Gobierno central, especialmente, en el real decreto de vivienda aún en stand by y sobre el que ahora apremia la celeridad por sacarlo adelante.
Pese a que el relato que sostienen desde Moncloa es que no habrá ruptura, las tensiones están a flor de piel. Más aún cuando el Congreso de los Diputados tumbó la pasada semana, debido a la abstención del PSOE, la iniciativa de Sumar de prohibir la venta de pisos a fondos buitre que podría haber evitado la situación de Maricarmen. Un escenario que ahora se quiere revertir a futuro llevando de nuevo el real decreto de vivienda al Parlamento.
El socio minoritario de la coalición, Sumar, además de otras voces de la izquierda alternativa han venido apretando en las últimas horas al ala socialista exigiendo eficacia, propuestas claras y medidas que se lleven a término, porque la crisis de la vivienda no puede esperar más.
Moncloa promete respuestas, pero pide apoyos parlamentarios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la rueda de prensa que concedió este miércoles desde la Asamblea General de la ONU en Nueva York (Estados Unidos), coincidiendo con la dramática situación de Maricarmen en Madrid, la calificó como “una tragedia social”, al tiempo que prometió que el Ejecutivo dará respuesta para evitar otro episodio de este calibre y, a la par, responsabilizó de lo sucedido a las Administraciones madrileñas de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, así como del ‘no’ parlamentario de la unión de fuerzas del Partido Popular, Vox y Junts.
“Creo que es importante recordar de quién es la responsabilidad principal”, remarcó, al considerar que, de no ser por la postura adoptada por la derecha sobre el real decreto ley que se llevó al Congreso de los Diputados hace dos meses atrás, “no tendríamos esta situación”.
Avanzó, en cuanto a la respuesta que se espera de Moncloa, que “no descartan nada”, pero reclamó “altura de miras y responsabilidad a los grupos parlamentarios para un real decreto necesario, imperial, para resolver esta tragedia”: “El Gobierno va a hacer todo lo que está en su mano, no descartamos nada, ninguna opción. La voluntad del Gobierno es clara, hemos llevado a las Cortes un real decreto ley con la que habríamos evitado la tragedia de hoy”, reiteró.
Le siguió bajo el mismo argumentario la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien señaló que el Ejecutivo central hizo estos meses de atrás todo lo posible por revertir la situación de Maricarmen: “Nos hemos puesto en contacto con la empresa para hacerles entender que por encima de su interés económico está el carácter social de esta vivienda y la vida de Maricarmen; hemos mediado para poder adquirir esa vivienda, para poder compensar esas rentas, como lo están haciendo en el día de hoy también personas particulares. Pero cuando nosotros intentamos hacer todo esto hay quien está trabajando en la dirección contraria”, señaló, situando toda la responsabilidad en el Gobierno de la Puerta del Sol.
En la misma medida, remarcó que desde el pasado mes de julio el real decreto de vivienda permanece en stand by en la Cámara Baja y que está en manos de los grupos parlamentarios “una propuesta que va mucho más allá para acabar de una vez con todas con esta situación”.
Sumar aprieta al ala socialista
La formación de los magentas han sido mucho más exigentes en cuanto a la respuesta que se ha de brindar a la ciudadanía por el drama de la vivienda. Las imágenes de las protestas que trascendieron este miércoles, con cientos de miles de personas clamando contra la injusticia que le ha tocado vivir a Maricarmen no sólo en Madrid, sino en otras capitales de provincia del país, caló hondo en la coalición de fuerzas de izquierdas.
Fuentes de Sumar han aseverado este jueves que el Ejecutivo progresista “no puede permitir que el interés especulativo de un fondo buitre” prevalezca sobre el interés general, entendiendo que la solución pasaría por expropiar el inmueble de la vecina madrileña, que funcionaría, a su vez, como un mensaje para el ámbito económico y especulativo de la determinación estatal por defender la vivienda digna y asequible.
De esta manera, los magentas proponen la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones; y la protección de las familias y los inquilinos frente a fondos buitre.
Entre sus voces más destacadas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha declarado que el próximo Consejo de Ministros del martes “debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres”.
A ello, se ha sumado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha precisado que trabajan de manera interna para que el Gobierno “esté a la altura” y que corren a contrarreloj para llevar el real decreto ley al seno del Consejo de Ministros: “No le podemos fallar a la gente”, ha deslizado en declaraciones a los medios en Barcelona.
Al tiempo, y sobre la declaraciones de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien planteó la salida de Sumar del Gobierno central a modo de protesta y desacuerdo con la gestión en vivienda, Urtasun ha referido que no se contempla una posible ruptura con los socialistas, reiterando que este miércoles fue “un día muy difícil”.
Más crítico se ha pronunciado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien ha advertido al ala socialista que el caso de Maricarmen supone “un punto de inflexión” en esta crisis, por el que prima sacar adelante el real decreto “sí o sí” en el Consejo de Ministros: “Hasta aquí hemos llegado. Tiene que ir estas medidas que están encima de la mesa desde hace muchísimo tiempo y, por supuesto, tiene que ir el martes e intervenir un mercado que es inhumano, que va contra la vida”, ha sentenciado en RTVE.
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