El Gobierno de coalición está mas cerca de romperse que nunca. El desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que la Policía Nacional expulsó de su casa para que un fondo buitre pueda especular con ella, ha generado tensiones entre los socios. La semana pasada, el Congreso de los Diputados tumbó, con la abstención del PSOE, la propuesta de Sumar para prohibir la venta de pisos a fondos buitre, pero los magentas no amenazaron con la salida del Ejecutivo. Sin embargo, un desalojo mediático ha cambiado las cosas.
Los socialistas llevan toda la legislatura incumpliendo parte del pacto suscrito por ambas formaciones y forzando la caída de propuestas de su socio minoritario que, cuando la situación es a la inversa, siempre terminan por apoyar a los del puño y la rosa. La inacción en materia de vivienda es más que evidente y ambos socios se apoyan en que las derechas, Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya, aúnan fuerzas para tumbar cualquier iniciativa al respecto. La pregunta es, entonces, qué sentido tiene seguir adelante si no existen mayorías.
Esta misma cuestión resuena ahora en el seno de Sumar, impulsada por personalidades como Ada Colau y respaldada por muchos de los militantes de los diferentes partidos que conforman la coalición. El PSOE, por su parte, quiere gastar la última bala que guarda en la recámara para retener a sus socios e intentar salir de una crisis en la que el Ejecutivo, principalmente la ministra de Vivienda y el presidente, están siendo igual de señalados, o más, que administraciones autonómicas y locales como las de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida.
El clavo ardiendo al que se quiere aferrar Moncloa es, una vez más, el decreto de Vivienda. El texto se encontraba en un cajón después de que, el pasado mes de abril, las derechas nacionalistas, española y catalana, lo tumbasen en la Cámara Baja. Los socialistas aseguraron que iniciarían las negociaciones con los diferentes grupos parlamentarios para volver a llevar el texto al Pleno y sacarlo adelante. Poco más se supo y, ahora, por las presión mediática y el riesgo de fragmentación interna, sus señorías han decidido acelerar.
Reacciones del Gobierno
El propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se pronunció hace escasas horas sobre el desahucio de Maricarmen, ejecutado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado controladas por el Ministerio del Interior. Desde Nueva York, donde se celebra la cumbe de las Naciones Unidas (ONU), el presidente calificó lo sucedido de “tragedia social”, pero, lejos de asumir responsabilidades, culpó a los dirigentes del PP por hacer "caso omiso" a la situación y estar "más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza".
"Creo que es importante recordar de quién es la responsabilidad principal", señaló directamente al PP, Vox y Junts, quienes tumbaron el anterior decreto de Vivienda. Asimismo, aseguró que de estar vigente “no tendríamos esta situación”. Una afirmación a todas luces falsas pues, como demuestran los datos y el trabajo diario de cientos de organizaciones del movimiento de vivienda, los desahucios seguían contándose por decenas cuando la norma estaba vigente, aunque alguno especialmente dramático pudiese llegar a pararse, constituyendo más un alargamiento de la agonía y aplazamiento del desalojo.
“Por supuesto que vamos a dar una respuesta a esta tragedia social, pero pido altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto que es imperioso”, ha insistido el presidente. Por su parte, la ministra de Vivienda,Isabel Rodríguez, apunto en la misma dirección, asegurando que el Gobierno había hecho todo lo posible por frenar el desahucio y sacudiéndose cualquier tipo de responsabilidad.
"Nos hemos puesto en contacto con la empresa para hacerles entender que por encima de su interés económico está el carácter social de esta vivienda y la vida de Mari Carmen; hemos mediado para poder adquirir esa vivienda, para poder compensar esas rentas, como lo están haciendo en el día de hoy también personas particulares. Pero cuando nosotros intentamos hacer todo esto hay quien está trabajando en la dirección contraria", ha relatado.
Asimismo, insistía en señalar que, en el caso de Maricarmen, la "máxima responsabilidad en materia de vivienda" en la Comunidad de Madrid, su presidenta, a la que ha afeado que, mientras los movimientos sociales y vecinales se movilizaban en apoyo de Maricarmen este martes, ella "se fue de nuevo a ponerle la alfombra roja a los especuladores y los buitres para decirles que no piensan regular el mercado y que pueden seguir campando a sus anchas". La falla es que, en autonomías gobernadas por el PSOE, estos desahucios también se producen.
No obstante, Rodríguez asegura que el Gobierno no "va a bajar los brazos" y que el Congreso "tiene mucho que decir" en esta materia. Así, ha recordado que su ministerio ha llevado al Congreso tres veces en el último año la moratoria antidesahucios que se topó con el no del PP, Vox y Junts. "Desde el mes de julio los grupos políticos tienen sobre la mesa una propuesta que va mucho más allá para que, de manera estructural podamos acabar de una vez con todas con esta situación y que administraciones como la señora Ayuso no se salgan con la suya", ha incidido
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