La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado imponer medidas cautelares a Vito Quiles frente a Sarah Santaolalla y ha ordenado continuar investigando los hechos denunciados por la analista política, al considerar que existen indicios criminales que no permiten descartar la posible comisión de delitos de coacciones o acoso. La decisión aparece recogida en un auto dictado el pasado 15 de septiembre por la Sección 29ª, que estima parcialmente el recurso presentado por Santaolalla después de que un juzgado de instrucción rechazara inicialmente las medidas de protección que había solicitado.
La resolución establece una orden de no acercamiento de menos de 500 metros respecto al domicilio de la denunciante, así como la prohibición de contactar con ella mediante llamadas y mensajes fuera del ámbito profesional. Estas medidas tendrán carácter provisional y permanecerán vigentes hasta que se practiquen las declaraciones testificales propuestas por la parte de Santaolalla.
El tribunal explica que, en esa misma fecha, ha estimado también el recurso presentado contra el sobreseimiento provisional de las actuaciones, ordenando que continúe la instrucción por la posible existencia de un delito de coacciones o de un delito contemplado en el artículo 172 ter del Código Penal, relativo al acoso. Los magistrados consideran que existen indicios criminales que deben ser investigados, aunque recuerdan que la adopción de medidas cautelares exige además acreditar una situación objetiva de riesgo.
En este sentido, la Audiencia señala que la reiteración de actos denunciados por Santaolalla fundamenta ese riesgo, si bien precisa que presenta una intensidad menor debido a que habían transcurrido seis meses desde los hechos sin que constaran nuevos incidentes al tiempo de las alegaciones del recurso, formuladas a finales de mayo.
La resolución también dedica especial atención a la actividad profesional de ambos. Quiles trabaja como informador de actualidad política y Santaolalla es analista política en RTVE, por lo que ambos pueden coincidir en actos públicos, ruedas de prensa o espacios vinculados a la actividad institucional. Una orden de alejamiento genérica, advierte la Audiencia, podría impedir el ejercicio profesional de Quiles y afectar al derecho fundamental a la libertad de información. Por ello, opta por una medida limitada al domicilio de la denunciante y a determinadas vías de comunicación, sin extenderla a los espacios profesionales compartidos.
La resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.
Nuevo varapalo a Vito Quiles
Este varapalo a Quiles llega en la misma semana en la que ha sido expulsado de forma definitiva del Congreso de los Diputados. El agitador ya no podrá ejercer su acoso a políticos de izquierdas en la Cámara Baja después de que la Mesa añadiera tres sanciones graves a las que ya provocaron la retirada cautelar de su acreditación en mayo y julio de este año.
PSOE y Sumar dieron luz verde de esta decisión, avalada por los letrados del Congreso, en una votación en la que el PP se ausentó del organismo de mayoría progresista. De esta manera, Quiles se convirtió en la primera persona a la que se aplica el artículo 98 del Reglamento, reformado el año pasado pese a la oposición de las derechas para castigar comportamientos como los del agitador. La norma contempla la suspensión de la credencial de prensa entre tres meses y tres años para las personas que, como él, cometan infracciones muy graves, pero la reincidencia está castigada con la revocación definitiva.
En su caso, las últimas tres denuncias fueron por la práctica de reventar ruedas de prensa interviniendo sin turno de palabra y enfrentándose a los responsables de prensa de los partidos. Corresponden a los días entre el 17 y el 26 de marzo, y según fuentes parlamentarias entre ellas se incluye un enfrentamiento del agitador que EDA TV acreditaba como periodista con el portavoz socialista, Patxi López.
Además de estas, Quiles ya había sido sancionado por otras tres infracciones graves. Las dos primeras por grabar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una zona del Congreso en la que no estaba permitido tomar imágenes, y la posterior difusión de estas en sus redes sociales. La otra ocurrió en febrero, cuando reventó una rueda de prensa de la portavoz de Podemos, Ione Belarra, y dejó sin poder preguntar a los periodistas que sí se atienen al Reglamento parlamentario.
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