La situación a la que esta semana se ha enfrentado Maricarmen a sus 87 años en forma de desahucio tiene día sí y día también nombre propio, y consecuencias. Esta mujer, que llevaba 70 años alquilada en su vivienda, ha sido una víctima más de un sistema que prioriza el negocio y la especulación, frente al derecho a la vivienda.
El de Maricarmen ha sido especialmente mediático por lo grave del escenario. Cuatro intentos, una persona en edad muy avanzada y con problemas de salud, y hasta una solución sobre la mesa, la que puso una escritora anónima para cubrir la diferencia de alquiler entre los 500 euros que la inquilina pagaba religiosamente y los 2.650 que exigía el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión SL.
El mismo día que Maricarmen, a escasos kilómetros de la calle Alcalde Sainz de Baranda desahuciaban a David y a su hijo, quienes desde 2017 y hasta el miércoles vivían en un piso de la promoción del Ensanche de Vallecas. Dos casos, el de él y el de la residente de Retiro, que muestran la cruda realidad de una situación que de un tiempo a esta parte es poco menos que el pan nuestro de cada día.
La crisis de la vivienda rompe muchas vidas, incluso en el sentido más literal de la expresión. Ya fuera de Madrid, en el barrio catalán de L’Hospitales de Llobregat Olga, una vecina de 54 años y madre de dos hijas, una de ellas menor, se quitaba la vida a principios de septiembre, meses después de ser desahuciada de su vivienda en el barrio de Santa Eulàlia. Entidades sociales establecieron una relación directa entre suicidio y expulsión del hogar.
Los desahucios, en cifras
Datos recogidos a finales de junio de 2026 muestran que el número de lanzamientos o desahucios practicados en el primer trimestre de este año disminuyeron un 45,4% respecto del mismo periodo del año pasado, pese a lo cual se sitúan por encima de los 4.000. La mayor cifra en estos términos tuvo lugar en el primer trimestre de 2015, cuando entre enero y marzo se cometieron 18.869 lanzamientos.
Los más numerosos fueron nuevamente este año los derivados del impago del alquiler -cerca del 65% del total-, que se redujeron en un 53,9% frente a 2025; hasta los 2.600. Entretanto, los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 24,24% y mostraron una disminución interanual del 18,3%, según cifras recogidas por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’.
Por comunidades, el 23% del total de lanzamientos llevados a cabo en España en el periodo de tiempo mencionado se efectuaron en Cataluña (921), seguido de la Comunidad Valenciana (741), Andalucía (616) y Madrid (582). El territorio valenciano encabeza los desahucios consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con 513 practicados en el primer trimestre.
Ejecuciones hipotecarias
Los datos más recientes a los que se ha podido acceder sobre el segundo trimestre son los que tienen que ver con las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales. El número se situó en 3.703 en este tiempo, convirtiéndose en la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en algo más de nueve años; desde el primer trimestre de 2017, según el INE. Más en detalle, se corresponde con un 10,3% más que en el trimestre anterior y un 27,5% por encima del mismo periodo en 2025.
No todas las ejecuciones, indica el INE, terminan en desahucio, pero el dato está ahí. En el segundo trimestre se iniciaron 7.141 ejecuciones hipotecarias, un 8,3% más en tasa trimestral y un 12,2% más en la comparativa anual. De ellas, 6.864 afectaron a fincas urbanas -en las que se incluyen las viviendas- y 277 a fincas rústicas. De las primeras, 4.869 se corresponden con viviendas; 4.358 sobre casas de personas físicas.
Por comunidades autónomas, aquellas con mayor número de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas fueron Andalucía (1.674), Cataluña (1.355), y la Comunidat Valenciana (1.011). La Rioja (21), Navarra (36) y Cantabria (49) registraron el menor número.
En lo que respecta a viviendas, Andalucía (1.154) Cataluña (1.079) y la Comunidad Valencina (717) presentaron el mayor número de ejecuciones, mientras que los casos con menos se dieron en La Rioja (13), Navarra (27) y Cantabria (31).
La gran asignatura pendiente
En lo estrictamente político, cabe destacar que la vivienda se mantiene como el gran reto de una legislatura en la que solamente han prosperado cinco iniciativa de cerca de una treintena impulsadas por el Gobierno y por la izquierda.
Entre las decisiones más polémicas -que fueron posible gracias a los votos del PP, Vox y Junts- se encuentran el rechazo a la prórroga del denominado escudo social, con lo que decayó el veto a los desahucios para inquilinos vulnerables, que ya había sido recortado únicamente a los casos en los que el propietario tuviera tres o más viviendas.
Discrepancias entre las dos almas del Ejecutivo hacen asimismo que las negociaciones para refolotar el macrodecreto de vivienda sigue en punto muerto. El texto incluye la prórroga de contratos y rescata otras antiguas promesas del Gobierno, como la regulación del alquiler de temporada o la subida del IVA a los pisos turísticos.
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