La Cámara de Cuentas, cuya presidencia ejerce actualmente el ex socialista Joaquín Leguina, es un órgano externo, dependiente de la Asamblea de Madrid, cuyas labores se centran en la auditoría y la fiscalización de los recursos públicos de la región. Su labor es, tal y como refleja su página web, lograr “que la actividad económica, presupuestaria y financiera del sector público madrileño cumpla con las leyes y criterios de eficacia y economía”.

Para ello, cada año realiza entre otras cosas un programa de fiscalizaciones para dirimir qué cuestiones de la administración madrileña y de sus organismos dependientes van a fiscalizar. Siempre con la transparencia por bandera, su obligación es publicar qué va a fiscalizar y los resultados de dichas actuaciones a través de una memoria.

Una "anomalía" en los últimos años

Sin embargo, en los últimos años se ha dado un caso “rarísimo” en palabras de la oposición, concretamente de la diputada Marta Lozano (Más Madrid), y es que hay una fiscalización sobre el inmovilizado material del sector público de la Comunidad de Madrid que “año a año” el organismo ha reflejado como “pendiente”.

Más detalladamente, se trata de la Fiscalización horizontal integral sobre la situación y gestión de los bienes y derechos de Inmovilizado material del sector público de la Comunidad de Madrid. Ejercicios 2011 a 2015, tal y como mostraba esta semana la parlamentaria en sus redes sociales.

“Ya que nos mienten sobre los inmuebles que gestiona Planifica Madrid recurrimos a la Cámara de Cuentas. En su programa de fiscalización de 2020 aparece una pendiente sobre el inmovilizado material que fue pasando año a año hasta que desapareció sin dejar huella. Es tremendo”, escribía Lozano, acompañando las palabras de un pantallazo.

Atendiendo al mensaje y después de que ElPlural.com hablase con Lozano, dicha fiscalización se habría mantenido “pendiente” durante años, hasta que hace cosa de un lustro “desaparece”. Es decir, deja de aparecer siquiera como “pendiente”. Además, según afea la diputada, tampoco se encuentra “por ninguna parte” la memoria de las conclusiones respecto de esta acción.

En conversación con este periódico, Lozano explica que esto “solo puede significar dos cosas”. La primera es que no se llevara a cabo dicha fiscalización, y la otra que sí se realizara, pero se eliminara a raíz de ver las conclusiones. “Lo primero es rarísimo porque cuando se aprueba una fiscalización, la Cámara de Cuentas está obligada a hacerla, y lo segundo es aún más grave”, expresa.

“La fiscalización se incluyó en el Plan de fiscalizaciones a petición de la Asamblea, y está aprobada, aparece repetidamente en todos los programas de fiscalización hasta 2020, que desaparece…”, resume, detallando que esta fiscalización versaría “sobre pisos, fincas” y resto de inmovilizado material, entendiendo como tal, según la definición de la Cámara de Cuentas, el “conjunto de bienes tangibles, muebles o inmuebles, del patrimonio  -de la Autonomía- que se utilizan de forma duradera (más de un año) para prestar los servicios públicos y desarrollar la actividad de la administración regional”.

Lozano insiste en que no es “nada común” en tanto en cuanto la Cámara de Cuentas “está obligada a realizar -y justificar- las fiscalizaciones contempladas en los planes de fiscalización anuales”. “Si la han hecho, tendría que estar en algún sitio, si no la han hecho es un problema grave, y si la han hecho y no la han publicado, también lo es (…) Es una anomalía”.

ElPlural.com ha preguntado a la Cámara de Cuentas por los motivos de la desaparición de la fiscalización, por si llegó a realizarse y por sus posibles conclusiones. Al cierre de esta información, el organismo no había respondido.

Cada vez más dudas sobre la operación del ático

La oposición mantiene la presión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su gobierno y Planifica Madrid, la empresa pública adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

En las últimas horas, la baronesa ‘popular’ ha descargado cualquier posible responsabilidad sobre la compañía. A preguntas de los periodistas desde Villa del Prado, una de las zonas afectadas por los incendios, a mitad de semana, la responsable autonómica decía no tener “la menor idea” ante algunas cuestiones planteadas por los informadores y pasaba la bola a su compañero Miguel Ángel García Martín.

“Les tengo que remitir a la Consejería porque, entre otras cosas, es quien tiene no solo la información detallada, sino los canales de comunicación a tal efecto (…) Planifica Madrid compra y vende inmuebles a lo largo del año (…) No es mi competencia. Sí que estén los consejeros de cada organismo encima”, decía en esa intervención.

Lo cierto es que la firma no “compra y vende inmuebles a lo largo del año”. Al menos, si se atiende a los datos de entre 2020 y 2025, Planifica Madrid solamente ha vendido un inmueble y ha adquirido dos, según adelantaba el diario Público. Estos últimos se corresponden con las oficinas que la sociedad mercantil usa como sede social y la casa del poeta Vicente Aleixandre.

El consejero de Presidencia era quien anunciaba el día después de que saliera a la luz la compra del ático que había “dado instrucciones” a la empresa “para que ponga a la venta cuatro inmuebles” que Planifica Madrid tenía en Gran Vía y el “situado en el paseo del General Martínez Campos” para “ayudar en la reconstrucción” de las zonas afectadas por los incendios.

La controversia no ha hecho más que aumentar con el paso de los días, y casi de las horas, con las píldoras de informaciones que han ido saliendo. Entre ellas, que existen una serie de inconvenientes legales que Planifica Madrid plantea para destinar el dinero a los afectados de la Sierra Oeste por las llamas, que recibirían los fondos, como pronto y en el mejor de los casos, en 2027; o que los cuatro inmuebles de Gran Vía a los que hacía referencia el consejero eran en realidad una oficinas divididas en cuatro parcelas. Asimismo, la sociedad solamente es dueña de una propiedad de uso exclusivamente residencial, el ático de 485 metros por el que pagó 6,3 millones de euros y que no podía ser una oficina porque no lo permite la normativa municipal.

Estas y otras cuestiones que favorecen, al menos, el beneficio de la duda, son las que todavía rodean más de una semana después al inmueble y a la actividad de Planifica Madrid y han provocado que la oposición no solo investigue lo referente al ático, sino que active también la maquinaria en otros frentes.

Súmate a El Plural

Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.

hazte socio

 

 

Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora