La ofensiva de Más Madrid contra el presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha escalado este lunes después de que la formación registrara una iniciativa parlamentaria reclamando su dimisión por considerar que “no está haciendo su trabajo” pese a percibir un salario anual cercano a los 125.000 euros.

El choque institucional se produce tras la carta remitida por Leguina a la Comisión de Hacienda de la Asamblea de Madrid, en la que mostraba su malestar por el elevado volumen de solicitudes de fiscalización impulsadas por la oposición. En ese escrito, el expresidente socialista reprochaba especialmente que 26 de las 30 peticiones registradas procedieran de la diputada de Más Madrid Marta Lozano, portavoz de la formación en dicha comisión.

El expresidente regional se dirigió este lunes por escrito a la Asamblea de Madrid, a la que pide que bajen el ritmo: "La realización de tal número de fiscalizaciones es simplemente imposible", alegaba Leguina. "Se deberían adecuar las peticiones a las posibilidades reales de trabajo de la Cámara de Cuentas", figura en el escrito, que dirigió a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a través del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, y al que ha tenido acceso ElPlural.com. 

La reacción del principal grupo de la oposición en la Asamblea de Madrid no se hizo esperar. En la Proposición No de Ley registrada este 18 de mayo, Más Madrid acusa a Leguina de cuestionar el funcionamiento parlamentario y de tratar de limitar la labor de control de la Asamblea sobre las cuentas públicas madrileñas.

El texto recuerda que la Cámara de Cuentas es el órgano encargado de ejercer el control económico y presupuestario del sector público madrileño y subraya que el Reglamento de la Asamblea reconoce expresamente la capacidad de los diputados para impulsar fiscalizaciones.

La formación liderada en la Asamblea por Manuela Bergerot sostiene que resulta “sorprendente” que el presidente de la Cámara de Cuentas se queje del trabajo derivado de esas iniciativas en lugar de reclamar más recursos al Gobierno regional para cumplir adecuadamente sus funciones.

En el escrito registrado, Más Madrid endurece además el tono contra Leguina al recordar unas declaraciones concedidas en 2024 al diario ABC, cuando reconoció que desconocía el funcionamiento interno de la institución que acababa de presidir. La formación considera que, dos años después de su nombramiento, “no parecen haberse desarrollado los esperados avances en conocimiento de la institución”.

La iniciativa parlamentaria también pone el foco en el incremento salarial del presidente de la Cámara de Cuentas desde su llegada al cargo. Según recoge el texto, Leguina percibía en 2024 una retribución anual de 100.556 euros, cantidad que habría ascendido hasta los 124.851 euros en 2026. Para Más Madrid, ese sueldo “bien podría considerarse un incentivo” suficiente para desempeñar con diligencia las funciones fiscalizadoras del organismo.

La propuesta registrada insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dotar a la Cámara de Cuentas de más medios materiales y humanos, pero también reclama explícitamente que Leguina aclare “si por fin ha entendido cómo funciona la Cámara de Cuentas y está dispuesto a hacer que se cumplan sus tareas” o, en caso contrario, “si se plantea dimitir del cargo que ostenta”.

La polémica abre un nuevo frente político en torno a un órgano clave para la supervisión del gasto público madrileño y reaviva las críticas de la oposición sobre el funcionamiento de las instituciones de control bajo el gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

La Ley de la Cámara de Cuentas establece que la iniciativa fiscalizadora al Gobierno regional corresponde a la propia Cámara y a la Asamblea de Madrid, esta última a través de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. Las últimas solicitudes que se han debatido, según figura en el diario de sesiones del Parlamento autonómico, son por ejemplo la que Más Madrid presentó en marzo sobre la Fundación Toro de Lidia, concretamente para fiscalizar los convenios firmados por el Gobierno regional con la fundación entre 2021 y 2025, ante la sospecha de "posibles irregularidades".

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