Vox mete la cuchara españolista en la formación de los grupos minoritarios

La reforma del Reglamento del Congreso para facilitar la creación de grupos parlamentarios propios a las formaciones minoritarias ha abierto un nuevo frente político entre la derecha y los partidos que impulsan la modificación. Lo que comenzó como una iniciativa de ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG para flexibilizar los criterios de constitución de grupo ha derivado en una batalla parlamentaria en la que Vox y el Partido Popular han registrado enmiendas con objetivos muy distintos, pero con criterios convergentes para endurecer las reglas del juego en la Cámara Baja.

Mientras el PP centra su estrategia en modificar el reparto de recursos y tiempos parlamentarios para que respondan al peso real de cada grupo en el hemiciclo – es decir, una suerte de principio de proporcionalidad -, Vox mete la cuchara ideológica para acuñar un filtro que impida que las formaciones independentistas puedan disfrutar de grupo propio si mantienen entre sus objetivos políticos la independencia de sus respectivos territorios.

La iniciativa de la formación de Santiago Abascal supone un cambio de calado respecto al funcionamiento histórico de la Cámara Baja. En las enmiendas registradas a la reforma reglamentaria, Vox plantea que cualquier partido que aspire a constituir grupo parlamentario debe comprometerse por escrito a no promover actuaciones encaminadas a cuestionar la soberanía nacional, la unidad. Es decir, si un grupo parlamentario incumpliera posteriormente esa declaración, la Mesa del Congreso podría acordar su disolución, previa audiencia de la Junta de Portavoces. En ese supuesto, sus diputados pasarían automáticamente al Grupo Mixto y no podrían volver a constituir un nuevo grupo durante el resto de la legislatura.

La propuesta introduce por primera vez un criterio político e ideológico para acceder a uno de los principales instrumentos de representación parlamentaria. Hasta ahora, la constitución de grupos dependía exclusivamente del cumplimiento de requisitos numéricos y electorales establecidos en el Reglamento del Congreso; los cuáles pretenden relajarse con la reforma impulsada por Junts, Esquerra, Podemos, BNG y Compromís. No obstante, con su enmienda, Vox busca cerrar la puerta a que partidos independentistas puedan disponer de un grupo propio sin renunciar previamente a sus objetivos políticos. La formación considera incompatible la existencia de un grupo parlamentario con la defensa de proyectos orientados a la secesión de parte del territorio nacional.

Vox plantea que cualquier partido que aspire a constituir grupo parlamentario debe comprometerse por escrito a no promover actuaciones encaminadas a cuestionar la soberanía nacional, la unidad

Pero no es la única modificación que plantea. El partido de Abascal también pretende acabar con una práctica habitual al inicio de muchas legislaturas: el préstamo temporal de diputados entre grupos para facilitar que determinadas formaciones alcancen el mínimo exigido y puedan constituir grupo parlamentario propio. La legislación actual permite que un diputado cambie de grupo durante los primeros días de cada periodo de sesiones. Ese margen ha servido en distintas ocasiones para que los grandes partidos cedan provisionalmente parlamentarios a otras fuerzas. Toda vez se consolida ese nuevo grupo se recuperan los escaños.

Vox considera que ese mecanismo desvirtúa la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas y sostiene que ha servido para generar grupos parlamentarios mediante fórmulas que califica de fraudulentas. Por ello propone que cualquier diputado que abandone el grupo en el que fue integrado solo pueda incorporarse al Grupo Mixto durante el resto de la legislatura.

Al margen de la cruzada nacionalista, el resto de las enmiendas registradas por la formación ultra también incluyen la derogación del régimen disciplinario aprobado recientemente para sancionar a periodistas acreditados en el Congreso por determinadas conductas, una medida que Vox siempre ha rechazado. Asimismo, plantea revertir la adaptación del Reglamento al lenguaje inclusivo y recuperar el castellano como única lengua de uso en la Cámara, eliminando la posibilidad de intervenir en las lenguas cooficiales.

El PP apuesta por la proporcionalidad

Aunque el Partido Popular también ha presentado un amplio paquete de enmiendas a la reforma impulsada por los grupos minoritarios, su planteamiento discurre por un camino distinto. Los conservadores no introducen requisitos ideológicos para la creación de grupos, pero sí pretenden remodelar el sistema interno de funcionamiento del Congreso para que el peso parlamentario de cada formación tenga una traducción mucho más directa en el reparto de recursos, tiempos de intervención y representación institucional.

La principal novedad consiste en sustituir el criterio de equidad vigente desde 1982 por uno de proporcionalidad. En la actualidad, todos los grupos parlamentarios reciben una subvención fija idéntica, a la que se suma otra variable en función del número de diputados. El PP propone alterar ese equilibrio para que la financiación responda de forma mucho más estricta al tamaño de cada grupo. Ese mismo principio se extendería al reparto de medios materiales y personales, a la representación en órganos parlamentarios, instituciones públicas y organismos internacionales, así como a los tiempos de intervención en los debates.

La reforma supondría un cambio especialmente beneficioso para el Grupo Popular, el más numeroso del Congreso con 137 diputados, que desde hace tiempo denuncia que su portavoz dispone del mismo tiempo de palabra que representantes de grupos con apenas cinco o seis escaños. Además, el PP también plantea endurecer las condiciones para acceder a un grupo parlamentario propio, en línea con su rechazo a la flexibilización impulsada por ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG.