El Congreso de los Diputados afronta esta semana una nueva batalla sobre sus propias reglas de funcionamiento. En una legislatura marcada por la fragmentación parlamentaria, las mayorías cambiantes y el peso decisivo de los grupos minoritarios, la Cámara debatirá dos reformas del Reglamento que avanzan en carriles distintos, pero que comparten un mismo trasfondo: la disputa por el equilibrio de poder dentro del Parlamento.
Por un lado, el Partido Popular quiere endurecer los mecanismos de control sobre el Gobierno obligando a los ministros a justificar de manera detallada las ausencias en las sesiones de control. Por otro, ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG impulsan una modificación destinada a facilitar la constitución de grupos parlamentarios propios, una reivindicación histórica de las formaciones con menor representación.
Ambas iniciativas llegan en un momento especialmente intenso para la actividad parlamentaria. La actual legislatura se ha convertido en la más reformista desde la aprobación del Reglamento vigente en 1982. Durante los últimos años, la Cámara ha introducido cambios para permitir el uso de las lenguas cooficiales, ampliar el voto telemático, adaptar la redacción a un lenguaje inclusivo o establecer mecanismos sancionadores para personas acreditadas como periodistas.
A estas reformas se suman otras todavía en tramitación, como la regulación de los grupos de presión (lobbies) o el endurecimiento de las sanciones a diputados que alteren el orden de las sesiones.
Ausencias de ministros
La propuesta registrada por el PP parte de una crítica recurrente de la oposición al funcionamiento de las sesiones de control al Gobierno. Los populares sostienen que el Ejecutivo comunica con frecuencia la ausencia de determinados ministros alegando compromisos de agenda y que, una vez cerradas las preguntas parlamentarias, algunos de esos miembros del Gobierno terminan asistiendo igualmente al Pleno.
Según los populares, esta práctica dificulta el ejercicio de la función de control parlamentario y limita la capacidad de los grupos para dirigir preguntas a los responsables políticos que desean fiscalizar. La reforma plantea que el Gobierno comunique con al menos 48 horas de antelación qué ministros no podrán acudir a la sesión de control y que dicha ausencia vaya acompañada de una justificación individualizada, motivada y acreditada.
Además, el PP pretende que el Reglamento especifique que los miembros del Ejecutivo deben responder a las preguntas formuladas sin recurrir a cuestiones ajenas al asunto planteado. Los populares consideran que las respuestas evasivas o las intervenciones que se apartan del objeto de la pregunta deterioran la función de control que corresponde al Parlamento.
Grupos pequeños
La segunda reforma enfrenta una cuestión menos visible para la opinión pública, pero de enorme relevancia política dentro del Congreso. ERC, Junts, Podemos, Compromís y BNG proponen rebajar los requisitos exigidos para constituir grupo parlamentario propio. Actualmente, el Reglamento establece que una formación necesita 15 diputados, o bien al menos cinco escaños junto a un 5% de los votos a nivel nacional o un 15% en todas las circunscripciones en las que se presenta.
La propuesta plantea reducir esos porcentajes al 3% nacional y al 10% territorial, facilitando así que partidos con implantación limitada puedan disponer de grupo propio.
Contar con grupo parlamentario garantiza una presencia mucho mayor en la actividad de la Cámara. Los grupos disponen de representación en la Junta de Portavoces, en la Diputación Permanente y en las comisiones parlamentarias. También cuentan con más tiempo de intervención en los debates y reciben mayores recursos económicos y materiales.
La reforma llega además después de que varias formaciones tuvieran que recurrir al tradicional sistema de préstamo temporal de diputados para constituir grupo al inicio de la legislatura. Tanto ERC como Junts necesitaron entonces apoyos procedentes del PSOE y de Sumar para cumplir formalmente los requisitos exigidos por el Reglamento.
Frente a esta propuesta, PP y Vox han registrado textos alternativos para intentar frenar la modificación. Los populares defienden mantener las reglas actuales, mientras que la formación de Santiago Abascal plantea incluso impedir que partidos que concurrieron juntos a las elecciones puedan separarse posteriormente para formar grupos distintos.
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