UNICEF reclama a España la protección de los menores migrantes no acompañados de Ceuta

La situación en Ceuta sigue siendo crítica. Una de las grandes preocupaciones de esta crisis migratoria es la situación de los menores no acompañados. Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, son 1.342 los que permanecen en la ciudad autónoma y, mientras que el Ejecutivo ha señalado la "urgencia" de desplegar "todos los procesos de acogida posibles" para atenderlos, partidos como Vox ya han expresan su rechazo al reparto. Por ello, desde UNICEF reclaman a España la protección de los menores migrantes no acompañados de Ceuta.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, aseguraba que la prioridad es la reagrupación familiar "siempre que sea posible". Sin embargo, "muchos de los niños y niñas migrantes no acompañados no tienen familias, por lo que, en estos casos, las comunidades autónomas deberán ejercer su tutela y garantizar sus derechos". 

En las primeras horas de la crisis migratoria, UNICEF España expresaba su "máxima preocupación" y urgía a que se pusieran en marcha los mecanismos necesarios que aseguraran la responsabilidad compartida de las administraciones públicas para garantizar los derechos de menores migrantes llegados a la ciudad autónoma.

Además, recordaba que las repatriaciones de niños y niñas no acompañados solo pueden valorarse en el marco de una evaluación individual del interés superior del niño. Es decir, nunca pueden ser colectivas y están sometidas a estrictas garantías jurídicas previstas por la legislación en vigor.

Ahora, diez días después, el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, en una entrevista en Hora 25, se ha referido a la situación actual. Sobre la cifra proporcionada por el Gobierno, mantiene que "se queda corta seguro", ya que todavía hay "niños y niñas que están escondidos, en casas, en casas de campo y que deben ser identificados y registrados", con el objetivo de que estén en un "sitio seguro para que no se produzcan estas situaciones absolutamente inaceptables que se están produciendo".

Por ello, una de las prioridades de la organización es localizar a los que todavía no han sido registrados, garantizar su protección inmediata y, posteriormente, determinar su situación individual, así como las posibilidades de reunificación familiar.

"Es una responsabilidad que recae de forma primaria en Ceuta porque es donde han llegado, pero tiene que haber una corresponsabilidad del Gobierno", ha asegurado Vera, que insiste en que "estamos hablando de un país que tiene capacidad para acoger a estos miles de niños".

Por otro lado, UNICEF pone el foco en la delicada situación de estos niños y niñas; muchos de ellos de muy corta edad, solos y sin una red familiar. En este sentido, advierten de que corren el riesgo de ser explotados o, incluso, convertirse en víctimas de la trata. Hasta el momento, se han conocido seis casos de abusos sexuales, por lo que el responsable insiste en deben estar en un "lugar seguro".

"Algunos de ellos son muy pequeños, hay también niñas y es un trauma estar solos y sin un proyecto migratorio", ha dicho el director ejecutivo de UNICEF España al respecto, explicando que aumenta el riesgo de desprotección.

UNICEF advierte que el rechazo al reparto de menores va contra la ley

Vox ya ha dejado clara su postura ante el reparto de los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la crisis fronteriza. Rechazando el reparto de estos menores, los vicepresidentes autonómicos del partido en Extremadura, Castilla y León y Aragón comunicaron a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que no participarán en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 13 de agosto. Además, ya han advertido que recurrirán los expedientes que, a su juicio, no terminen con el retorno de los menores a Marruecos.

Ahora, UNICEF advierte que esta negativa a tratar el reparto de menores va contra de los derechos del niño recogidos en la legislación internacional, en el ordenamiento europeo y en el español.

Vera ha señalado que la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería marca que "a partir de un nivel de saturación del sistema de protección en una comunidad autónoma o una ciudad, la corresponsabilidad funciona de manera automática y es una responsabilidad de todo el Estado".

"Toda niña que llega a nuestro territorio y para la que no existe una posibilidad de reunificación familiar debe tener garantías para su propia protección y poder ser reubicada en otra comunidad autónoma. Estamos hablando de un país que tiene capacidad para acoger a estos miles de niños. Hablamos de entre 3.000 y 4.000 menores, quizá en el escenario de mayor número, aunque lo más probable es que la cifra se sitúe entre los 2.500 y los 3.000. En cualquier caso, todavía no hay datos definitivos", ha zanjado sobre este asunto.